Civicus “es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo”. Además de su reporte anual sobre la situación de las libertades civiles en el mundo, el cual cubrimos desde democraciaAbierta el año pasado, Civicus acaba de publicar un reporte alertando sobre las amenazas que la pandemia ha traído a estas libertades civiles, y las noticias para la región de América Latina son bien preocupantes.

En el reporte, Civicus llegó a cuatro conclusiones:

1. El activismo cívico continúa organizándose durante la pandemia de la Covid-19 y la gente ha seguido movilizándose para exigir sus derechos
2. Se han documentado múltiples violaciones de los derechos de protesta: se detiene a manifestantes, las protestas están siendo interrumpidas violentamente por los estados, que están haciendo uso excesivo de la fuerza.
3. Continúan las restricciones a la libertad de expresión y acceso a la información.
4. Los estados están aprobando leyes de emergencia demasiado amplias y leyes que limitan los derechos humanos.

Todas y cada una de estas conclusiones se aplican especialmente en América Latina.

En abril hubo protestas en Chile en contra de la brutalidad policial, pero los/las manifestantes fueron dispersados con cañones de agua y gases lacrimógenos, y 60 personas terminaron detenidas. En junio las protestas en Brasil del grupo Vidas Negras Importam fueron dispersadas con gases lacrimógenos y balas de goma.

La sociedad civil siguió movilizada en Brasil. El reporte destaca que, en junio de 2020 “grupos de derechos humanos organizaron intervenciones pacíficas para denunciar la magnitud de la crisis del COVID-19 en Brasil. En Brasilia, los manifestantes colocaron 1.000 cruces en homenaje a las víctimas del COVID-19 en el césped frente a edificios clave del gobierno, e interpelaron al presidente Jair Bolsonaro por su negación de la gravedad de la pandemia”.

En Colombia hubo protestas en septiembre, caracterizadas por el uso extremo de la fuerza por parte de la Policía; hubo civiles muertos y detenidos y, aunque también hubo violencia por parte de algunos grupos de provocadores, la mayoría de los abusos vino por parte de la fuerza pública del país.

En cuanto a la libertad de expresión, Civicus denuncia que en Nicaragua varios periodistas y medios de comunicación fueron amenazados por criticar la gestión del gobierno ante la pandemia. Por ejemplo, reporta Civicus “durante una conferencia de prensa, un coronel del ejército acusó a un periodista de manipular información y amenazó con que "había que hacer algo al respecto". Funcionarios gubernamentales han acusado a periodistas y medios independientes de promover "pandemias de miedo" a través de "noticias falsas" durante la crisis”.

Pero en Honduras, mientras tanto, el gobierno aprobó un decreto que instituyó el estado de emergencia durante la pandemia que restringía el derecho a la libertad de expresión sin censura, garantizado por la Constitución hondureña. “Las asociaciones de medios”, reporta Civicus, “instaron al gobierno a revocar esta restricción. (...) A raíz de esta presión, el gobierno restableció las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión”.

También en Bolivia el gobierno aprobó un decreto que sancionaba a los "desinforman o causan incertidumbre" a la población durante la pandemia. Según el reporte de Civicus, “la legislación fue ampliamente criticada por las Organizaciones de la Sociedad Civil y los defensores de la libertad de los medios de comunicación, quienes afirmaron que podría usarse para silenciar a quienes critican las políticas gubernamentales sobre COVID-19. La ley también se amplió para incluir un decreto adicional sobre sanciones penales. Sin embargo, en una medida positiva, luego de las críticas de Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales e internacionales, la presidenta interina Jeanine Áñez revocó los dos decretos”.

Pero la situación para los defensores de los derechos humanos se ha ido complicando en algunos casos como en Honduras, donde la introducción de toques de queda y restricciones a la circulación han provocado un aumento de los riesgos de persecución, vigilancia y criminalización de los defensores. Las mujeres indígenas también han sido objeto de un mayor hostigamiento por parte de los agentes del orden. De manera similar, sigue el reporte de Civicus, “en Colombia, las restricciones de movimiento durante la pandemia han intensificado los riesgos para los líderes sociales que, por motivos de seguridad, necesitan variar sus movimientos”.

Y en cuanto al abuso de la emergencia sanitaria para aprobar leyes de todo tipo, solo en Colombia se han aprobado más de 39 decretos en este periodo. Un número alarmante.

Por último, Civicus alerta sobre grupos que quedan especialmente vulnerables a las externalidades generadas por la Covid-19. En varios países de la región, se pasaron medidas de restricción de la movilidad basadas en género, lo que ponía en peligro a las comunidades tránsgero y no-conformes al género (gender non-conforming).

La situación que reporta Civicus es alarmante, y puede ir empeorando.

Estaremos a la espera del reporte anual, para reportar las conclusiones desde democraciaAbierta.