Los asesinatos de periodistas en México no paran. El crimen de Armando Linares y Roberto Toledo, ambos del mismo medio “Monitor Michoacán”, ejecutados de ocho balazos y con 43 días de diferencia en Zitácuaro, Michoacán son el ejemplo brutal del fracaso del sistema de justicia y de la impunidad que impera en el país. Hoy, Linares es el octavo periodista asesinado de este 2022, pero lamentablemente, no será el último.

El obligado cierre del medio ante el temor a más atentados, ejemplifica la vulnerabilidad que azota a la prensa. Linares, antes de su muerte precedida de decenas de amenazas, señaló a los responsables en un video: “Responsabilizamos a las autoridades municipales de Zitácuaro, Michoacán, de cualquier ataque a nuestro personal”.

El director del medio, Joel Vera, dijo en un comunicado en Facebook: “La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión tiene en su poder pruebas de los autores intelectuales del asesinato de nuestro director. Sin embargo, el Gobierno del Estado y la fiscalía general han mostrado desinterés por encontrar a los responsables, tanto a los autores materiales como intelectuales, ya que los asesinos se encuentran entre las filas de ambos”.

Hasta el momento, no hay detenidos. Solo se han girado órdenes de aprehensión contra dos de los presuntos autores materiales, pero los intelectuales continúan libres.

El objetivo de los crímenes de ambos periodistas fue silenciarlos porque investigaban la corrupción política y la incursión del crimen organizado en Michoacán, un estado situado en el centro-oeste de México que los cárteles de la droga se disputan desde el año 2000.

Este caso, ejemplifica crudamente el asesinato sistemático de periodistas en México que empezó hace dos décadas a raíz del auge del crimen organizado. Desde entonces, el país se ha visto sumido en una espiral de violencia: solo en enero se registraron 2 mil asesinatos. La impunidad que prevalece en el país los ampara.

Pero esta violencia criminal, que afecta a todos los mexicanos y es fruto de decenios de corrupción política y represión en todos los modos posibles, representa solo la punta del iceberg de los males que han sacudido al periodismo mexicano y que amenazan continuamente la libertad de expresión en el país.

La tragedia que vive la libertad de prensa en México, y en particular con los periodistas de a pie, que son el eslabón más débil de la prensa, se debate en medio de tres frentes: las empresas periodísticas que mantienen a los comunicadores en condiciones casi de servidumbre; el poder político, que los amenaza ante las críticas; y el crimen organizado, que, en alianza en muchas ocasiones con el poder político, los ataca sabiendo de que goza de una impunidad vergonzosa y rampante.

Las cifras son estremecedoras: del 2000 a la fecha se contabilizan 153 periodistas asesinados en México, 141 hombres y 12 mujeres, con base a las estadísticas de la organización Artículo 19. En lo que va de este 2022, ya son ocho los periodistas asesinados.

Esta situación hace de México uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, y en el ombligo de este escenario de altísima peligrosidad se encuentra el estado de Veracruz, con 31 periodistas asesinados, el mayor número en todo México.

La tragedia que vive el periodismo en México tiene tres frentes abiertos: las empresas periodísticas, los políticos y el crimen organizado.

La ciudad de Veracruz, ubicada en el Golfo de México, es uno de los puertos más importantes de la región y una ruta estratégica para el tráfico de drogas, disputada por los cárteles del narcotráfico. Veracruz es también el tercer estado más grande de México, y ofrece las condiciones para analizar a fondo la situación que enfrentan los periodistas y quizá para sugerir soluciones capaces de detener esta tragedia.

Primer frente: condiciones laborales

En México, los periodistas deben resistir en diversos frentes, de los que destacan tres. El primero y escandaloso son las condiciones laborales, que ponen a los periodistas en un alto grado de vulnerabilidad lo que genera, en la mayoría de las ocasiones, una gran dependencia del poder político y hasta criminal.

Los reporteros de a pie en muchas ocasiones trabajan a destajo, a 50 pesos (unos 2.46 dólares) la nota si son freelances o, si forman parte de una nómina, los salarios mensuales se sitúan en unos 5.000 pesos (245 dólares). Esto significa que, para completar un salario que alcance para vivir, los periodistas deben trabajar en tres o hasta cuatro medios y con prestaciones laborales, como seguro médico o de vivienda, inexistentes. Las consecuencias son la inseguridad laboral, el trabajo de mala calidad, y una prensa uniforme y poco crítica.

En este escenario, los medios tienen una gran dependencia del poder político y gubernamental, puesto que muchos dependen del acceso al financiamiento público. Además, al interior de la prensa hay una corrupción endémica que ha empujado, por necesidad o por ambición, a numerosos periodistas a recibir dinero, los famosos “chayos”. Para sobrevivir, muchos medios se ven obligados a buscar convenios con los gobiernos, poniendo en “venta” la línea editorial, trabajando casi mano a mano con el poder político de turno.

El resultado es una escasa crítica al gobierno y manga ancha en el uso del dinero público. Y aquí es importante subrayar que estas condiciones ponen en total desventaja, y en un ambiente de hostilidad, a los periodistas de investigación y a los medios críticos que se salen del statu quo.

Segundo frente: poder político

El segundo frente al que deben resistir los periodistas es el poder político que, de acuerdo a diversas ONG, es la principal amenaza para la prensa. Las condiciones laborales y el poder del gobierno para controlar el dinero público a través de la publicidad generan una doble vulnerabilidad a periodistas y medios.

La mentalidad que muestra el gobierno actual frente a la prensa es la misma que expresaba el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz en los años sesenta: “no pago para que me peguen”.

Con el trueque del dinero público, el gobierno se protege de la crítica puesto que los medios o periodistas que se salen de la norma y critican al poder político reducen sus opciones de acceder publicidad, situándose a menudo en una situación económica de clara desventaja frente a los demás.

La mayoría de políticos en México no soportan críticas y reaccionan con amenazas, golpes, secuestros, y hasta asesinatos. Ejemplos recientes son el asesinato de Lourdes Maldonado o, el de Jorge Celestino Ruiz, donde presuntamente el poder político estaría involucrado, o sería directamente responsable de estos crímenes como reacción a las constantes críticas de estos comunicadores hacia el ejercicio del poder.

Aquí, nuevamente, la impunidad juega un papel determinante. De los crímenes contra periodistas a nivel mundial, el 90 por ciento no se ha resuelto y, en México es hasta el 94,8 por ciento, según El País.

En esta estela de agresiones, los periodistas se ven amenazados, torturados, silenciados, y muchos terminan dejando de investigar. Viéndose desplazados, abandonan el periodismo o incluso el país, con severas afectaciones de estrés postraumático.

Tercer frente: crimen organizado

El tercer frente que experimentan los periodistas es el crimen organizado que, en numerosas ocasiones, está intrínsecamente coludido con el poder político. La llamada “narcopolítica” que se ha impuesto en México y que, de acuerdo al periodista Ricardo Ravelo, estaría presente en casi todos los municipios del país, es un factor muy relevante en la ecuación.

Así, los periodistas de investigación o medios que intentan la pista de esta colusión, o de los grupos criminales per se, terminan agredidos, torturados, amenazados o asesinados en demasiadas ocasiones.

Esto ha creado zonas de silencio en el país. No se puede mencionar nada relacionado con los grupos criminales; no se puede hablar del número de muertes; no se puede hablar de las relaciones entre el crimen organizado y la narcopolítica; etc. Lo demuestran los casos de Regina Martínez, de Gregorio Jiménez o de Javier Valdez, entre otros, valerosos reporteros que se atrevieron a poner el dedo en la llaga de la narcopolítica, lo que acabó costándoles la vida

El crimen organizado se ha infiltrado en los medios mexicanos. Algunos periodistas se han visto obligados a trabajar para ellos, como ejemplifica el caso del hoy fallecido fotógrafo veracruzano, Gabriel Huge, quien me contó en primera persona cómo lo amenazaron para que tomara fotos de lo que ellos querían dar a conocer. Existen comunicadores que se unen a esta trama criminal por ambición, por necesidad, o por simple supervivencia.

La prensa, tratada como enemigo

En medio de esta triple victimización, hoy la prensa mexicana se encuentra amenazada y es tratada como el enemigo. La actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar a la prensa y proyectar hacia ella el patrón que lo ha distinguido: distinguir entre “buenos y malos” es riesgosa porque envía mensajes equívocos, podría parecer que ampara crímenes e incluso la sociedad civil podría agredir a los comunicadores.

Se trata de una actitud peligrosa e irresponsable, porque él, como presidente, tendría la responsabilidad de cambiar el escenario en que proliferan los crímenes contra los periodistas y, por supuesto, la impunidad.

Algunas de sus críticas a periodistas coludidos con grupos de poder se basan en situaciones reales: han existido y siguen existiendo en México. Cada presidente ha tenido a su prensa mansa, pero no es algo que deba debatirse en conferencias de prensa porque eso podría suponer mayores ataques a los comunicadores.

Detener los crímenes contra los periodistas va de la mano con rectificar el sistema judicial del país, garantizar protección inmediata ante las amenazas a comunicadores y, generar una dinámica de cero impunidad a las agresiones y a los homicidios que deben ser clasificados correctamente, porque en su mayoría son consecuencia directa del trabajo periodístico.

Con esto, podríamos empezar a identificar y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas, cuya situación de riesgo es hoy, más que nunca, una mancha muy negra para la democracia mexicana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador debe actuar pronto y dejar de escudarse en que “el estado no es ya el primer violador de los derechos humanos como en administraciones anteriores”, de lo contrario, el asesinato de periodistas mexicanos continuará imparablemente, dejando al país a hundido en zonas de silencio.

*Este artículo fue originalmente publicado en 3 de marzo y actualizado para incluir nuevas cifras en 12 de abril