Las dos periodistas acribilladas en Cosoleacaque, Veracruz, México, Yesenia Mollinedo, directora de “El Veraz” y Sheila Johana García, camarógrafa; han sido doblemente victimizadas. A falta de una investigación en profundidad del doble crimen, algunos medios las han acusado de tener vínculos delincuenciales, tratando así de justificar su muerte y desligar al Estado de su responsabilidad de brindar seguridad jurídica y física a las profesionales de la comunicación después de la ola de asesinatos que vienen sufriendo en México.

La criminalización que sufrieron es una fórmula aplicada anteriormente por los ex gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte --este último esta hoy preso por lavado de dinero y asociación delictuosa--, para exonerar al estado de garantizar seguridad. “No anden en malos pasos”, advertía Duarte durante uno de los sexenios de mayor censura y homicidios contra periodistas. Esta es la misma tónica que adoptó el ex presidente Felipe Calderón para responsabilizar a las víctimas causadas por sus propias políticas de seguridad.

Luego de difundirse en las redes sociales las fotos del auto plateado Ford Ikon 2014 en el estacionamiento de la tienda Oxxo, donde las periodistas fueron acribilladas por hombres armados en motocicleta, empezaron a surgir rumores sobre droga y armas encontradas en el auto en que circulaban.

También se difundieron audios donde presuntamente se escucha a “Yesenia” formar parte de un grupo del crimen organizado. Hechos, que han sido condenados por la organización Artículo 19 quien pidió no criminalizar a las víctimas.

El hermano de la periodista, igualmente comunicador, Ramiro Mollinedo, pidió que “no se manche” el nombre de Yesenia con pruebas falsas sembradas presuntamente por la Policía Estatal y Civil, a quienes responsabilizó, junto a los grupos delincuenciales, de su asesinato.

En el video de la entrevista que concedió a varios medios, Ramiro indicó que la entonces directora del medio El Veraz, que solo circula en Facebook, recibió amenazas desde hace año y medio por parte de las policías y los delincuentes, las cuales, “se recrudecieron el 30 de abril, el 4 de mayo y hasta la fecha del 10 de mayo a las 2: 45 p.m. cuando dos sujetos las acribillaron con sendos balazos donde perdieron la vida. En las amenazas le pidieron dejar de cubrir la fuente policiaca”.

“Ella siempre se atrevió a decir la verdad como reportera, a pesar de las constantes amenazas que recibía por las publicaciones en contra de la policía estatal, de la policía civil y de los delincuentes que la obligaban a bajar información, con las amenazas de ´te vamos a partir la madre´, ´te vamos a matar”.

"A nombre de Yesenia, de Johana y de las personas asesinadas por la delincuencia organizada en Veracruz, le exigimos al Gobierno justicia. Que se aboque a las investigaciones, que por ningún motivo busque sembrar falsas pruebas (...), que den con los autores materiales e intelectuales, porque a estos sicarios alguien les pagó u ordenó matar a Yesenia y a Johana”, señaló.

Mollinedo aseguró que le preguntó al titular de la Fiscalía General de Minatitlán sobre las presuntas “armas y drogas” que se habrían encontrado en el carro de Yesenia y “me señalaron una bolsa. Me dijeron que ella solo tenía sus pertenencias personales y que no había armamento u otra cosa que se le pareciera”.

De acuerdo con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se han abierto cuatro líneas de investigación, dos de ellas sugeridas por los primeros indicios en el lugar de los hechos, los recogidos por la Fiscalía General del Estado y la actividad que desarrollaban en el medio electrónico.

El Gobernador también condenó la victimización, pero culpó a los periodistas de haber circulado los audios . “Nosotros -el gobierno- no somos los culpables, pero vamos tras los culpables”.

En su declaración, el mandatario también señaló que “no se habla que quien instruyó uno de los asesinatos en Actopan -el del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez- fue un alcalde del PAN -Paulino Domínguez- mismo que tiene una orden de aprehensión y se encuentra prófugo. Y, en el caso de Ixtaczoquitlán, -el crimen del periodista Jacinto Romero Flores- (fue) un regidor de Movimiento Ciudadano -Patricio Alejandro N-. No por ello se acusa a los dirigentes -de los partidos- de ser los responsables”.

Información policiaca, información prohibida

Sean quienes fueren los responsables, el doble crimen de las periodistas incrementó a 11 los asesinatos de periodistas en México, siete de ellos en Veracruz. Es fundamental reiterar que los periodistas locales que manejan información policiaca en México enfrentan mayor riesgo al manejar una información tácitamente prohibida.

Hay múltiples casos en México donde los periodistas han sido asesinados por ser testigos, vincular información donde grupos organizados, armados o delincuenciales operan en determinadas zonas y, lo que resulta aún más peligroso, denunciar los nexos políticos con la delincuencia organizada.

Por ejemplo, en Veracruz, la entonces popular agencia de noticias policiaca “Reporteros Policiacos” fundada por Víctor Báez y cuatro periodistas más de la conocida como “nota roja”, fue forzada a cerrar, luego de que Báez fue descuartizado y sus restos, en una bolsa negra, arrojados en una calle donde se ubicaban tres medios de información.

Así de contundente fue el mensaje para todos los periodistas estatales para que dejaran de publicar la “información prohibida”. La página cerró. Ese y otros muchos mensajes por todo el país, que situaron a los periodistas en medio de un fuego cruzado, acabaron con la publicación de la información policiaca. Desde entonces, los medios locales, estatales y nacionales solo difunden los comunicados de la Secretaría de Seguridad Pública, Marina y el Ejército.

Esa autocensura, generada como mecanismo de defensa ante la inseguridad, ha continuado por varios años en el país, y quizá, la periodista Yesenia Mollinedo, en ese hartazgo por las arbitrariedades y vínculos policiales, rompió esa regla no escrita. Esa fue única información que le pidió su hermano que “no publicará”, porque él también había padecido las amenazas.

En el Facebook de la página “El Veraz” se puede leer información casi inofensiva sobre el ayuntamiento, bautizos, etcétera; pero la relacionada sobre las quejas contra la policía vial y municipal, son las que más visitas y comentarios negativos generaron.

Cosoleacaque, zona de silencio y de narco

Debido a esos mecanismos de autodefensa ante la inseguridad, en México se han generado zonas de silencio donde no se puede publicar nada “no autorizado” relacionado con muertes, riñas entre grupos criminales, control de zonas, entre otros; y Cosoleacaque, una arteria del este-oeste del sureste de México es una de esas zonas controladas.

En la zona sur del estado, los municipios de Coatzacoalcos, Acayucan, Minatitlán y Cosoleacaque forman parte de un corredor importante que es disputado por dos cárteles del crimen organizado que operan diversos delitos, entre ellos, los “cobros de piso”, extorsiones a empresarios y comerciantes para darles protección; secuestro de migrantes, trata de personas, entre otros.

El estado de Veracruz, el epicentro de los crímenes contra periodistas, ha visto también asesinatos de políticos. En febrero del 2021, fue asesinada la exalcaldesa de Cosoleacaque Gladys Merlín y su hija, Carla Enríquez Merlín, quien planeaba postularse para la alcaldía del municipio. Ambas fueron baleadas en su casa.

La violencia que prevalece en México arreció hace dos décadas como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado que inició el ex presidente Felipe Calderón, siempre cobijada bajo el manto de la corrupción y la impunidad. Hasta que no se empiece a hacer justicia y romper estos acuerdos criminales, la violencia no se detendrá y seguirá cobrando miles de vidas mexicanas.

Ya no podemos seguir aumentando las cifras de los asesinatos de periodistas, y una de las formas de ayudar a frenar estos crímenes es poner en evidencia los orígenes del problema para obligar al gobierno a dar con los responsables y a acabar con la impunidad que hoy convierte a México en el país del mundo que, no estando en guerra, es el más peligroso para ejercer el periodismo.