Por medio de una comparecencia ante la cadena nacional de televisión, el pasado 1 de abril el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció la autorización del porte de armas por parte de civiles, alegando que la inseguridad y el crimen están aumentando en el país.

Con esta medida Lasso, un ex banquero conservador, afirma que va a frenar el aumento de la delincuencia y la violencia en las calles y en las cárceles - donde han muerto cientos de reclusos -, que el Gobierno atribuye a las bandas de narcotraficantes. Al mismo tiempo, el presidente ecuatoriano se enfrenta a un proceso de destitución por presunta malversación de fondos - acusaciones que él ha negado - después de que el máximo tribunal de Ecuador diera luz verde a las audiencias para investigarlo.

"Tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado", dijo Lasso a última hora del sábado en un mensaje que también publicó en Twitter.

Aparte del porte de armas para civiles, el gobierno autorizó el uso de aerosoles de gas pimienta para la defensa personal, prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas de manufactura artesanal y estableció controles y registro informático. También afirmó que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional y podrán portar armas en sus puestos de trabajo.

Una medida extrema en medio de un juicio político

Guillermo Lasso enfrenta el momento más oscuro de su mandato y su respuesta es la radicalización de su política punitiva, inspirada directamente en la popularidad de la mano dura que aplica el presidente Bukele en El Salvador.

En una sesión extraordinaria que se llevó a cabo la última semana de marzo de 2023, los nueve magistrados de la Corte Constitucional de Ecuador dieron luz verde al juicio político contra el presidente. La solicitud, presentada por una mayoría de la oposición de la Asamblea Nacional, busca destituir a Lasso alegando presuntos delitos contra la administración pública y supuesta malversación de fondos.

Lasso rechazó la decisión del alto tribunal y afirmó que ésta "de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del Presidente". Además, en un texto de la presidencia difundido en redes se decía que "El planteamiento de la Asamblea Nacional nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno".

Desde que se tomó la decisión, la Asamblea Nacional tiene un plazo máximo de 45 días para someter al presidente a un proceso de enjuiciamiento político. Luego el proceso tendrá que seguir la presentación de argumentos y la votación de la cámara.

Para poder destituir al mandatario se necesita una mayoría de 92 votos, lo cual equivale a dos terceras partes de los diputados.

Uno de los puntos que tuvo que surtir la iniciativa para llevar al presidente ecuatoriano a juicio fue una comisión que revisó una investigación policial de supuestos nexos entre el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, con funcionarios públicos vinculados a redes de corrupción y narcotráfico.

Si el juicio contra Lasso prospera, sería una sacudida para la política ecuatoriana que sigue presa de la inestabilidad social y política en los últimos años, con tres presidentes destituidos entre 1997 y 2005 y uno, Rafael Correa, huido de la justicia y pendiente de extradición en Bélgica.

La decisión del presidente ecuatoriano de tomar medidas extremas contra la inseguridad, llamando a la población a que se arme y colabore en la lucha contra el crimen, parece una huida hacia adelante. Su situación política es compleja, contestado en la calle y en el Congreso e incapaz de controlar la violencia, por lo que Lasso parece optar por la fórmula más populista de la mano dura, apostándole a ganar la aprobación de la ciudadanía con medidas punitivas que no por populares son menos peligrosas.

Cuando se anunció la medida de permitir el porte de armas a civiles, las reacciones no se hicieron esperar, ya que es un tema que ha sido discutido en Ecuador desde 2009, cuando el porte quedó suspendido indefinidamente.

Rafael Correa, que sigue marcando la agenda política ecuatoriana desde Bruselas, dijo en sus redes sociales que: “Según un inepto desalmado como Lasso, la «guerra» es ciudadanos-delincuentes y no Estado - delincuencia… ¡Por eso el porte de armas! La solución es que, con excepción de la fuerza pública, nadie porte armas, empezando por los delincuentes, y eso es posible. Ya lo hicimos."

Ramiro Ávila Santamaría, abogado experto en derechos humanos, afirmó que el "Uso civil de armas me suena a multiplicar las posibilidades de violencia". Más armas equivale a más violencia, como es evidente en Estados Unidos donde el porte de armas por parte de la población civil ha sido ampliamente criticado, y hay muchos datos que confirman que este tipo de medidas solo multiplican los delitos de sangre y no disminuyen la criminalidad.

Uno de los colectivos entre los que más temor causa la medida son los migrantes, sobre todo venezolanos, que han manifestado en redes sociales su miedo a la estigmatización y a la xenofobia que, como en otros países de América Latina, se extiende en Ecuador.

Lasso busca cimentar su mandato con medidas que aparentemente empoderan a los ciudadanos, pero es probable que su decisión sea una cortina de humo frente a su incapacidad para controlar la violencia y frente al juicio político que está en marcha. Algo que puede acarrear consecuencias nefastas para un país que necesita poder confiar en su institucionalidad.

Si el Estado abandona el monopolio de la violencia para combatir la inseguridad, estaremos en el escenario descrito por Hobbes donde puede ocurrir "lo peor de todo: temor perpetuo y peligro de muerte violenta; y la vida de los hombres será solitaria, pobre, sucia, brutal y corta".