En días recientes, un fenómeno extraño se manifestó entre los titulares y las redes sociales de Venezuela: ‘tubazos’ sobre narcoterrorismo, gobiernos de emergencia y barcos de la marina estadounidense eclipsaron las noticias sobre el COVID-19. Parado junto a Donald Trump, el ministro de defensa Mark Esper anunció la noche del primero de abril que una flota antidrogas se aproximaba hacia las aguas territoriales del país caribeño. Dicho avance cerró la semana más preocupante del 2020 para el régimen de Nicolás Maduro, cuyo impase con Juan Guaidó continuará en el corto y mediano plazo.

Mientras tanto, al menos dos quintos de la población seguirán abandonando sus hogares para alimentar a sus familias, rompiendo la cuarentena y acelerando el contagio del coronavirus en medio de una emergencia humanitaria ya existente.

El 24 de marzo, Henrique Capriles Radonski – exgobernador del estado Miranda y dos veces candidato presidencial – instó a que Maduro y Guaidó alcanzaran un acuerdo que permita una inyección de fondos extranjeros para mitigar la pandemia y solucionar la crisis actual. Al día siguiente, Andrés Pastrana – expresidente de Colombia y duro crítico del Chavismo – dijo en la radio que el presidente Duque debe poner de lado la política y construir puentes con Maduro para salvar vidas.

Acusaciones de narcoterrorismo

Pero el 26 de marzo, el fiscal general de EEUU presentó cargos contra Maduro, Diosdado Cabello (el #2 del régimen, quien preside la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente), Hugo Carvajal (exjefe de inteligencia, apodado "El Pollo") y Clíver Alcalá (antiguo general del ejército). El documento de 28 páginas detalla varias reuniones donde los acusados, Hugo Chávez y dos famosos líderes guerrilleros – alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez – conspiraron para traficar cocaína mientras las FARC recibían armas y personal de seguridad en suelo venezolano.

No parece nada nuevo, pero exponer que Chávez, Maduro y Cabello personalmente dirigieron operaciones de narcotráfico es cuanto menos revelador – no sus ministros o sus esbirros en la Fuerza Armada, sino ellos mismos.

El Departamento de Justicia acusó a otros 11 funcionarios y exfuncionarios, y ofreció recompensas multimillonarias por información para arrestar a Maduro, Cabello y Tareck El Aissami (ex-vicepresidente, ahora ministro de producción nacional). Alcalá y Carvajal abandonaron las filas chavistas en los últimos años: el primero ya está cooperando con EEUU, mientras que Reuters reporta que El Pollo está negociando su extradición desde España (la cual se aprobó en noviembre).

La Furia Bolivariana arremete contra la disidencia

Maduro reaccionó advirtiendo a sus oponentes que desataría la ‘Furia Bolivariana’ (sic) si el “imperialismo y la oligarquía colombiana se atrevieran a tocarnos un pelo”. Guaidó propuso formar un gobierno de emergencia la noche del sábado, uno sin Maduro pero con todas las fuerzas políticas necesarias para enfrentar la crisis. Pocas horas después, las familias de más de 20 líderes de oposición amanecieron para ver sus casas grafiteadas con insultos y amenazas en nombre de la tal Furia Bolivariana.

El régimen está intentando desmantelar el círculo cercano de Guaidó - las fuerzas de seguridad han secuestrado a cinco personas de su equipo luego de los anuncios del fiscal William P. Barr.

La pandemia ha dado a Maduro una excusa para intensificar la represión, especialmente contra los más pobres y la disidencia política. Imágenes recientes muestran a la policía y la Guardia Nacional humillando a docenas de personas que desobedecieron el aislamiento para ganarse la vida.

El promedio mensual de detenciones arbitrarias ha aumentado: 23 ciudadanos han sido detenidos por razones políticas desde mediados de marzo. Los escuadrones del terror del FAES continúan acosando a la disidencia y tomando las riendas del control social. Destaca el caso de un periodista secuestrado durante 13 días por cuestionar el número "oficial" de casos de coronavirus.

La política estadounidense del policía malo/policía bueno

La coalición de Guaidó y la administración Trump opinan que el régimen de Maduro debe ser arrinconado hacia una negociación. Han desarrollado una estrategia en la que el Departamento de Justicia - junto a la marina estadounidense como una amenaza latente - interpreta al “policía malo”, aislando y ofreciendo recompensas por Maduro, Cabello y El Aissami. Los “policías buenos” – Mike Pompeo y Elliott Abrams– intentan atraer a otros miembros del círculo de Maduro con suficiente poder e influencia para iniciar y sostener una transición, ofreciéndoles la eliminación gradual de sanciones personales.

En una conferencia de prensa el 31 de marzo, Mike Pompeo desveló un plan para construir un gobierno de transición y celebrar elecciones libres. Lo dicho por el Departamento de Estado es similar a la propuesta de Guaidó en la negociación de Barbados en 2019, en la cual Maduro y él abrirían paso a un Consejo de Estado electo por la Asamblea Nacional.

La diferencia es que Estados Unidos ahora ofrece la eliminación gradual de las sanciones a medida que se llevan a cabo los siguientes pasos: el Tribunal Supremo de Justicia de Maikel Moreno debe restablecer los poderes de la Asamblea Nacional; la Asamblea Nacional Constituyente debe ser disuelta; todos los presos políticos deben ser liberados; todo el personal de seguridad extranjero debe abandonar el país (a menos que la Asamblea Nacional diga lo contrario); y la Asamblea Nacional debe elegir un nuevo poder judicial y electoral.

Otra diferencia es que el marco de Pompeo menciona que el ministro de defensa Vladimir Padrino, el alto mando militar y los gobernadores estatales permanecerían en el poder durante el período de transición. Aparte de eso y la eliminación gradual de las sanciones, la propuesta no parece ofrecer suficientes incentivos para que cedan.

Con el objetivo de fracturar la coalición de Maduro, la propuesta parece apuntar a aquellos en el círculo interno de Maduro que no están acusados por el Departamento de Justicia ​​o que Estados Unidos todavía ve como posibles interlocutores. Tal podría ser el caso de Moreno y Padrino, quienes fueron acusados respectivamente por lavado de dinero y narcotráfico. No hay recompensa por ellos pese a ser igual de corruptos, y se presume que conspiraron para derrocar a Maduro en 2019 antes de abandonar el plan a última hora.

Posibles obstáculos y soluciones

Las acusaciones de narcoterrorismo confirman aún más que Venezuela se convirtió en un Estado mafioso en tiempos de Chávez y Maduro. Después de años de investigación, las instituciones estadounidenses tienen total derecho de hacerlas públicas. La pregunta es si la estrategia política detrás de este avance pueda lograr su objetivo: una transición democrática. Nada garantiza que el intento de EEUU de arrinconar a Maduro funcione: es una movida arriesgada que podría generar lo contrario y atrincherarlo aún más en el poder.

Otro problema es la poca autonomía que Guaidó y la Asamblea Nacional muestran con respecto al discurso y las acciones de EEUU. Tomando en cuenta la férrea ideología nacionalista del Chavismo y las Fuerzas Armadas, esto no ayuda a socavar su lealtad a Maduro. El chavismo como movimiento político está débil y fragmentado, pero su identidad antiimperialista sigue siendo un factor unitario dentro de sus filas.

En enero de 2019, Trump declaró que "todas las opciones están sobre la mesa", insinuando algún tipo de intervención militar por parte de los EEUU, y no funcionó. Una serie de amenazas vacías solo unificarán la coalición de Maduro, y complicarán el camino hacia una transición. En eventos anteriores hemos visto cómo el movimiento pro-democracia se estanca y desmoviliza al no cumplirse expectativas que ponen el locus de control en un factor externo a la sociedad.

La estrategia detrás del despliegue de la marina estadounidense podría ser contraproducente de no manejarse con coherencia. Una intervención militar no se puede descartar de los escenarios, pero es un escenario peligroso que aunque tenga éxito en el corto plazo, será problemático para la estabilidad democrática en el futuro. No podemos ser ingenuos, sabemos que detrás de estas maniobras de Trump también hay intereses político-electorales. Es fácil dudar si la política de policía bueno/policía malo es en realidad una estrategia, algún tipo de “punto medio” dentro de la administración de Trump y sus aliados, o mera improvisación.

Es importante que la oferta de Pompeo se tome como punto inicial y no como propuesta definitiva. Lo ideal sería que sirva como punto de partida para nuevas y rápidas negociaciones que materialicen una solución política. Para que otras versiones de la propuesta sean legítimas, deben crearse de forma multilateral.

El respaldo de actores internacionales como la Unión Europea (que se menciona en el informe del Departamento de Estado) y la ONU será crucial para darle credibilidad. La posición de Rusia y China con respecto a la propuesta podría ser decisiva para que Maduro finalmente se haga a un lado. Cualquier futura propuesta debe tomar en cuenta las consecuencias que el COVID-19 está teniendo en la dinámica política y social de Venezuela.

El Covid-19 como amenaza creíble

En los próximos meses, el impacto de la pandemia impulsará lo que pase a nivel político, no al contrario. Un número cada vez mayor de organizaciones de la sociedad civil, humanitarias y de derechos humanos cree que la pandemia debe ser la prioridad. Su argumento es indiscutible: quienes más sufren la emergencia humanitaria compleja no pueden soportar días de cuarentena obligatoria, y tampoco pueden esperar a que se materialice una solución política.

Los tiempos de la pandemia son más rápidos que los tiempos políticos. Para hacer frente a esta crisis, quieren que los principales actores políticos - el gobierno de facto y la Asamblea Nacional - se pongan de acuerdo, al menos en torno a cómo enfrentar la pandemia. En negociaciones anteriores, Maduro no se ha abstenido de matar y cometer violaciones de derechos humanos. Más bien las ha usado para ganar tiempo y embaucar al movimiento pro-democracia.

Pero el colapso del sistema sanitario y la amenaza del Covid-19 podrían causar un caos social. ¿Será la pandemia lo que obligue a Maduro a ceder? ¿Sirve la política de policía bueno/policía malo como incentivo para cooperar o como excusa para mantenerse en el poder? El tiempo dirá, pero la posibilidad de una intervención militar suena a amenaza vacía, especialmente mientras Trump tenga que lidiar con la pandemia en EEUU.

Venezuela se aproxima al desastre. Es poco probable que se llegue a un acuerdo integral antes de que miles de personas sucumban al coronavirus y a la falta de medicamentos, agua y electricidad en nuestros hospitales. El aparato de Maduro hará todo lo posible para ocultar y distorsionar la información, y la desnutrición empeorará en medio de la escasez nacional de combustible.

La lista de problemas parece interminable, y no existen soluciones mágicas, pero la situación exige que la comunidad internacional permanezca involucrada: alerta al tratamiento de la pandemia por parte de Maduro, apoyando a los actores humanitarios que enfrentan la crisis, y fortaleciendo los esfuerzos locales para destrancar el ajedrez político.