Miembros de la Asamblea Nacional Catalana distribuyen propaganda por las calles de Barcelona solicitando la votación en el referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre. 17 de septiembre de 2017. NurPhoto / Press Association. Todos los derechos reservados.

Para un lector que no conozca los entresijos de la política española y catalana de los últimos diez años, lo que está ocurriendo estos días en Cataluña le parecerá insólito y sorprendente. Se habla de “ataque a la democracia”, de “vulneración grave de la legalidad constitucional”, se producen detenciones de dirigentes políticos por querer organizar un referéndum, mientras la policía rodea de sedes de partidos políticos o registra imprentas o redacciones de periódicos.

Todo ello ocurre en España después de cuarenta años de recuperación de la democracia, tras la larga dictadura franquista, y con niveles nada desdeñables de desarrollo económico, de bienestar social y con una estructura económica e institucional plenamente inserta en el tejido europeo y global.

¿Cómo se ha llegado aquí?. No nos detendremos en los detalles. Y a riesgo de ser excesivamente esquemáticos diríamos que se trata de un déficit de la democracia española en el tema del reconocimiento de su pluralidad nacional interna y de una percepción muy extendida en la sociedad catalana de que el sistema político español no les ha tratado con la suficiente dignidad.

El régimen político instaurado en 1978 y que ha dado lugar a varias décadas de funcionamiento plenamente legal y legítimo de la democracia española, fue perdiendo fuelle y la negativa cerrada a reformarlo (por miedo de las élites económicas y políticas representadas por los dos grandes partidos, PP y PSOE) ha acabado por dejarlo tocado de muerte. En el pacto de entonces, se aceptó a medias la existencia de una pluralidad nacional interna, pero en la práctica se homogeneizó el sistema de descentralización, en un marco unitario y homogéneo de soberanía única española.

Se habla de que el sistema español de “Comunidades Autónomas” es muy descentralizado si uno atiende a la sustancia sobre lo que pueden decidir los gobiernos autonómicos, pero en esa descentralización no hay apenas reconocimiento simbólico y político del sentir diverso de catalanes, vascos o gallegos. Espacios en los que la lengua, la cultura, la tradición histórica, sigue manteniendo sentidos de pertenencia propios.

En el momento en que coinciden crisis de carácter económico (2007), político (indignados 2011) y territorial (grandes movilizaciones en Cataluña en 2012 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que no acepta lo decidido en referéndum por los catalanes), se agudizan la contradicciones, los agravios cruzados, la exigencia de cambios en el reparto de financiación entre Comunidades Autónomas,…, y tenemos ahí la base propicia para la escalada de la que ahora vemos la parte más prominente y complicada.

¿Qué explica la posición cerrada y sin ninguna voluntad de diálogo del Partido Popular?. Es evidente que a Rajoy al Partido Popular la he convenido situarse ante el tema catalán como los garantes de la estabilidad institucional, de la unidad del país y de una legalidad constitucional que no admite cambios. Con esa posición ha conseguido convertir al PP y al gobierno en el eje de defensa de la legalidad institucional, dejando poco espacio a otros partidos como Ciudadanos y Partido Socialista. Para Rajoy el tema no es político sino simplemente legal. Solo “Podemos” se ha situado en un espacio diferente, aceptando la plurinacionalidad del estado español y proponiendo que se abra un proceso constituyente que aborde el grave problema generado.

Desde la perspectiva de los soberanistas catalanes, la reiterada negativa a abordar la posibilidad de que el conflicto se resuelva en un referéndum del estilo de los celebrados en Quebec o Escocia, condujo a unas elecciones del Parlament de Catalunya en el 2014 que se plantearon como plebiscitarias, sin que tras ellas se aclarara la situación.

Desde entonces, se ha seguido reiterando la necesidad de celebrar el referéndum sin encontrar eco alguno ni en el gobierno de Rajoy ni en la mayoría parlamentaria de las instituciones españolas. Rajoy ha insistido en la idea de que no hay democracia fuera de la legalidad, negando así la idea que una democracia es más fuerte cuanto más disenso es capaz de contener, y sin ofrecer alternativa alguna a la propuesta de los soberanistas catalanes más que acatar el orden establecido.

En estos momentos nada hace suponer que se pueda celebrar con un mínimo de garantías el referéndum del próximo 1 de octubre, ya que las constantes interferencias del gobierno español, la justicia constitucional y las actuaciones policiales subsiguientes lo han hecho imposible. Pero, esa misma actuación del gobierno y la justicia española ha situado el tema en un marco cognitivo y en un eje de conflicto que ya no es “centralismo-independentismo” sino “autoritarismo-democracia”, lo que puede generar que las movilizaciones a favor de la democracia en Cataluña vayan mucho más allá de los potenciales partidarios de la solución independentista.

El día 2 de octubre, el problema seguirá vivo. Desde el punto de vista de los soberanistas catalanes, se habrá conseguido que el problema sea ineludible y que mantendrá su centralidad en el escenario político español y que por tanto deberá ser abordado.

Desde el punto de vista de Rajoy, del PP y de sus aliados, no se podrá seguir simplemente negando el problema y solo responder con legalidad y represión. Y es en ese escenario en el que será necesario buscar salidas que no impliquen la derrota total del otro.

Un escenario en el que será imprescindible que exista capacidad de reconocimiento de la diversidad nacional de España y se trate con la dignidad debida a aquellos que buscan profundizar la calidad democrática del sistema político español.