Brasil es un país campeón de la desigualdad. Unir el estrato de arriba y el de abajo nunca fue una prioridad ni tampoco una preocupación real. Ni siquiera la amenaza de decenas de miles de vidas cobradas por la escasez de camas e insumos esenciales para enfrentarse a la Covid-19 favoreció aportar por la eficiencia y la razón, un argumento que siempre justifica tantas reformas. Incluso los más imprudentes, como lo es el techo de gastos.

La burla del interés público, expresada en las acusaciones de corrupción en la construcción de hospitales de campaña y en la compra de respiradores, es una prueba irrefutable de que en Brasil es más fácil tolerar la práctica endémica de la malversación de fondos públicos que promover mecanismos para igualar los derechos y las oportunidades. Incluso si es para evitar innumerables muertes innecesarias.

Cabe señalar que el 21 de junio, Brasil registró oficialmente más de 1 millón de infecciones por Covid-19 y más de 50.000 muertes. Como el número de muertes por SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo) "inespecífico" aumentó exponencialmente durante este período – por falta de pruebas no es posible identificar la causa de la muerte – varios consorcios médicos y centros de investigación estiman que el número de muertes puede ser superior en 21.000, alcanzando, por tanto, 71.000 en esta fecha, una estimación para muchos todavía por debajo de la realidad. Después de Estados Unidos, Brasil es el país con peores indicadores en la lucha contra la Covid-19.

El hecho de que las camas de UCI en Brasil se concentren en el sector privado, con una oferta de casi cinco unidades cada una en el sector público, ha contribuido a este alarmante y dramático panorama.

En Brasil fracasó la propuesta de una cola única, de gestión compartida de la capacidad hospitalaria de forma centralizada y bajo control de la esfera pública, a fin de igualar el uso de las camas UCI. Funcionó en muchos países, como España, Irlanda, Reino Unido. En este caso, la alternativa fue saboteada por el grupo de presión de los proveedores privados y los planes de salud, que incluye desde las empresas financieras a las instituciones filantrópicas.

Prefirieron proteger sus espacios de mercado en los que la oferta, los precios, la calidad y las normas de bienestar se definen libremente, están mal regulados y en gran medida subvencionados por el Estado. Prefirieron mantener los hospitales inactivos y exigir rescates a los bancos públicos, sin contrapartida a la respuesta a la pandemia.

La venta o cesión de servicios al Sistema Único de Salud (SUS) fue interpretada, incluso por la burocracia de la Agencia Nacional de Salud Complementaria (ANS), como una amenaza a los negocios, a las reservas de mercado de los clientes y a los márgenes de rentabilidad de las empresas e inversores financieros. Por no mencionar la exención fiscal que beneficia al sector privado, que sólo en 2018 alcanza los 18.000 millones de reales y otros 13.000 millones de reales a favor de los hospitales filantrópicos. Este total corresponde al 90% del recurso extraordinario que el gobierno federal asignó al Ministerio de Salud para combatir la pandemia, pero que hasta ahora no ha sido ejecutado en su totalidad.

La cola única también ha sido prohibida con la colaboración decisiva de los gobernantes de todos los niveles del ejecutivo, quienes, con raras excepciones, ignoraron la posibilidad de requisar camas privadas, incluso en situaciones de colapso de la red pública y largas colas para acceder a una cama en la UCI.

Una vez más, se buscaron soluciones improvisadas, que evitaron enfrentar las deficiencias y los cuellos de botella históricos del Sistema Único de Salud, en nombre de la preservación de un patrón segregado y de alto costo en la prestación de servicios de salud. Si no fuera por la posibilidad de deducir ilimitadamente los gastos de salud del impuesto sobre la renta, las clases medias que trabajan duro para pagar los planes de salud, con una cobertura restringida y una indexación anual muy por encima de la inflación, entenderían que la salud no es ni un hotel ni un privilegio.

La crisis del nuevo coronavirus ha dejado al descubierto las heridas del Sistema Único de Salud, que a pesar de décadas de falta de financiación, privatización y abandono, resiste y acoge, mitiga el sufrimiento y cura al 78% de los brasileños que no pueden recurrir a la medicina privada.

Pero ha llegado el momento de reconocer que la crisis sanitaria no ha sido suficiente para que Brasil valore y dé prioridad a las políticas de salud universal e inclusiva. El clamor por el fortalecimiento los sistemas de salud pública no han tenido un eco tan fuerte por aquí.

Por el contrario, vemos cómo el bolsonarismo avanza sobre el Ministerio de Salud, ahora militarizado, comprometido a sabotear el aislamiento social, destruir la gobernanza federal del SUS, promover píldoras mágicas y maquillar las muertes. Vemos los estados y municipios en la lógica del cada uno por sí mismo y del sálvese quien pueda. Y el sector privado es indiferente al cambio a favor del bienestar colectivo.

Podríamos, en este momento, estar discutiendo estrategias para la expansión y la calificación de la prestación pública desmercantilizada en todos los niveles de atención. Reorganizando el fortalecimiento de la gestión pública, de la producción de insumos estratégicos, de manera integrada con el desarrollo científico y tecnológico, y recuperar la capacidad de las universidades públicas y los hospitales universitarios.

Podríamos estar buscando formas de invertir la prolongada precariedad y externalización del SUS, que nos ha dejado con un sistema fragmentado e insuficiente, en el que los profesionales de la salud subvalorados tienen múltiples vínculos y terribles condiciones de trabajo.

Podríamos estar reflexionando sobre cómo eliminar los subsidios regresivos, revocar el techo de gastos y ampliar inmediatamente el gasto público en salud hasta un mínimo del 6,5% del PIB, el promedio actual de la OCDE.

Deberíamos cuestionar el alcance de los planes de salud y el papel de los proveedores privados. Inicialmente, deberíamos tratar de ampliar el control público sobre los precios, los costos y las normas de atención, de modo que la oferta y la demanda se organicen en función de las necesidades colectivas, sin discriminación por capacidad de pago o relación laboral.

En el período posterior a la pandemia, ¿cómo podremos avanzar hacia una reforma estructural que tenga en cuenta las necesidades de salud expuestas por la crisis sanitaria, en la perspectiva de una recesión económica sin precedentes? ¿Será posible reanudar el proyecto de un sistema de salud único para todos, financiado con recursos públicos? O bien, ¿la crisis económica sellará la idea de que el derecho a la salud seguirá estando condicionado por la capacidad de pago de los individuos, la dinámica y los intereses del mercado y la banca global?

La pospandemia ya señala que es imposible regresar a los mecanismos que han debilitado el sistema de salud brasileño en los últimos tres decenios. La política nacional de salud está en una encrucijada. Todavía hay tiempo para reconstruir un pacto social inclusivo y democrático que permita un SUS renovado, robusto y, de hecho, universal. La implementación inmediata de la cola única es un buen comienzo, porque la emergencia continúa y exige respuestas aquí y ahora.