Hospital en Cololmbia. Wikimedia Commons.

Cuando vuelva a la universidad, el Ministro Alejandro Gaviria tendrá un extraordinario caso de estudio para profundizar con sus alumnos: Saludcoop. Daría para tesis de maestría o doctorado y para un taller de al menos un semestre. Hay temas de regulación, de funcionamiento y financiación del sistema de salud, de propiedad cooperativa, de instrumentos estatales de intervención y cómo no de funcionamiento de los órganos de control.

El Gobierno intervino la Entidad Prestadora de Salud (EPS) más grande del país luego de que se conocieran denuncias sobre desvíos de dineros destinados a la prestación del servicio de salud para beneficio de particulares administradores de la EPS y cuatro años después ordenó su liquidación.

A pesar del amplio cubrimiento mediático del caso hay preguntas básicas del caso que hoy no pueden responder con certeza las autoridades.

La primera, la más obvia, si los administradores abusaron de un dinero público, para apropiárselo indebidamente. La respuesta parece ser que sí pero aprovechando unos resquicios legales que dejan zonas grises que se presentan no solamente en el caso de la salud sino en los múltiples eventos en los que particulares administran recursos públicos. Discusiones parecidas se han dado, por ejemplo, con los recursos que administran las Cámaras de Comercio o la Federación de Cafeteros.

Ahí hay un problema de regulación que no permite definir con certeza qué pueden hacer los particulares con los dineros que reciben como producto de un negocio –sí de un negocio, que es donde se meten los particulares– autorizado por la ley. Se ha dicho mucho que la salud se volvió un negocio y dejó de ser un derecho y que hay que echar marcha atrás en eso, pero que por ahora es un negocio no cabe ninguna duda. Hay empresas privadas que prestan un servicio público y como consecuencia de ello reciben beneficios económicos. ¿Qué porcentaje? No se sabe y me imagino que depende de qué tan eficientes son. El problema es que en este caso la eficiencia va contra la calidad de la prestación del servicio.

Palacino, el administrador del negocio, que sin duda usó resquicios legales o traspasó sus límites, fue sancionado por la Procuraduría y por la Contraloría pero no ha sido llamado a responder penalmente. La explicación más fácil es que mientras Montealegre esté en la Fiscalía eso no va a pasar porque el Fiscal fue asesor de Saludcoop, pero cuatro años después esa explicación es insuficiente. Montealegre se declaró impedido y no creo que los otros funcionarios acepten correr el riesgo de tapar un delito de las magnitudes del que se pinta. La pregunta es entonces si sería que no hubo delito porque Palacino lo que hizo fue aprovecharse de las fallas de regulación para hacer operaciones y obtener beneficios que no estaban prohibidos en la ley. Esa es la versión de algunos.

La Contraloría que empezó este proceso en compañía del Gobierno dijo que había habido un detrimento de 1.4 billones de pesos y ¡la decisión fue demandada por el Gobierno! El interventor que es funcionario oficial le pidió al Tribunal Administrativo que anule la resolución de la Contraloría. Es decir que el gobierno no cree que haya habido un detrimento por ese monto. Pero además, a la par que se conoció la decisión de ordenar la liquidación de Saludcoop se reveló que en el proceso que se adelanta por la demanda del gobierno contra la Contraloría, un peritazgo pedido por el Gobierno dictaminó que el presunto detrimento no era de ¡1.4 billones sino de 75.000 millones de pesos!

El enredo es de tal magnitud que el Gobierno dispuso que los usuarios afiliados a Saludcoop, que son más de cuatro millones, dada la orden de liquidación, sean atendidos por Cafesalud. Pregunté quien era el dueño de Cafesalud y me dijeron que era ¡Saludcoop!

Cuando dentro de unos años, en su clase el Ministro les explique a sus estudiantes les tendrá que decir que la orden de intervención contra una entidad que presta un servicio público, como lo hace Saludcoop o la Universidad San Martín para mencionar cualquier otro ejemplo, tiene por objeto salvar la entidad que está en riesgo y que una vez ocurra eso el Estado está en la obligación de devolverle la administración a sus dueños. Es decir que si la intervención era exitosa había que devolver la EPS a sus dueños, así como habrá que devolverle la Universidad San Martín a la familia Alvear salvo que por la vía penal se les condene por delitos.

En este caso que era políticamente inaceptable devolver Saludcoop a sus dueños, por fortuna la intervención fue un desastre y la liquidación parecía inevitable. Sin embargo, la liquidación obliga a vender los bienes por lo que el Gobierno no puede disponer de las clínicas, ni de los equipos destinados a la prestación del servicio sino que tiene que volverlos dinero para pagarle a los acreedores o hacer un acuerdo con ellos para que se los reciban en parte de pago. Es absurdo que los instrumentos de intervención que se usan en la salud o la educación no estén diseñados para garantizar la continuidad en la prestación del servicio sino para salvar la “empresa”. El gobierno queda en el dilema enorme de arreglar la empresa y devolverla a quienes supuestamente la estaban manejando mal o acabarla y no poder usar los bienes para seguir prestando el servicio.

El Ministro dice que cree que la plata alcanza para pagar las deudas, si así fuese nadie saldría defraudado, es decir que sería un extraño caso de defraudación sin víctimas.

Capítulo aparte, pero ya no fue hoy, merece el análisis de quien es el dueño de Saludcoop, una empresa cooperativa integrada por otras cooperativas. En Colombia estamos acostumbrados a que las cosas son de alguien y por eso lo más fácil fue entender que el dueño de semejante empresa era Palacino, pero no, los dueños de Saludcoop son un grupo de cooperativas entre las que está para poner un solo ejemplo la de profesores de la Universidad Nacional.

La propiedad cooperativa es un modelo deseable, tan simple como decir que es mejor que las cosas sean de muchos a que sean de pocos. Tanto es así que hasta tienen artículo constitucional y esa forma de propiedad se menciona en los acuerdos de La Habana y en todas las recomendaciones de desarrollo rural como la forma empresarial para darle rentabilidad y sostenibilidad a la economía campesina, pero claro genera un problema de dilusión de la responsabilidad que es el que en el caso de Saludcoop agrega a la enorme confusión.

Kafka no hubiera sido capaz de imaginar un absurdo de tal magnitud: un tipo que se enriqueció y abusó de la administración de bienes privados y públicos que sin embargo no es llamado por la justicia, una empresa que la gente cree que era del tipo pero que los dueños dicen que es de tres millones quinientas mil personas; millones de usuarios que eran atendidos por una EPS que se ordena liquidar y que como gran vaina serán atendidos por otra que es de propiedad de la liquidada, una defraudación en la que la plata alcanza para pagar a los defraudados, un detrimento que no se sabe si fue de 1.4 billones o 75.000 millones.

Esperemos que el Ministro vuelva a la academia y allá tenga el tiempo y la calma para ver si algún día sabemos en realidad qué pasó.

 Este artículo fue publicado previamente por La Silla Vacía.