El lunes 30 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia condenatoria contra del Estado colombiano por el exterminio del grupo político Unión Patriótica (UP). Se trata de una sentencia histórica.

A lo largo de la audiencia, el presidente de la Corte. Ricardo Pérez, afirmó que la responsabilidad del Estado en la violación sistemática de derechos como la vida, la asociación política, el derecho a la honra y la verdad y la libre expresión, es innegable en el caso de la UP.

"La CIDH declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica (…) como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes", expresó el juez Ricardo Pérez. Tales violaciones, afirmó la Corte, comenzaron en 1984 y se extendieron por más de 20 años.

La Corte concluyó que el Estado colombiano tiene la responsabilidad absoluta por asesinar, detener arbitrariamente, desplazar y desaparecer a miembros de la UP, por lo que debe reparar a las víctimas. La CIDH atribuye la autoría del exterminio a una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, pero reconoce la responsabilidad última del Estado.

Algunas de las medidas de reparación que la Corte estableció para este caso son: El Estado colombiano tiene un plazo máximo de dos años para reabrir las investigaciones sobre los asesinatos de la UP; Tendrá que hacer un acto público en el que reconocerá su responsabilidad. Así mismo, tendrá que construir un monumento en memoria de las víctimas de la UP. Y finalmente, tendrá que instaurar un día nacional para homenajear a las víctimas y, para asegurar la no repetición, tendrá que realizar actividades de sensibilización y crear un documental que recuerde a las víctimas.

Con las medidas anteriores, la Corte deja claro que el Estado colombiano no podrá eludir o ignorar la sentencia, y que la reparación simbólica es necesaria.

¿Qué era la Unión Patriótica?

La Unión Patriótica (UP), un partido político, surgió en Colombia en 1984 como resultado del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Su propósito era crear un espacio desde donde la insurgencia pudiera hacer política con garantías, abandonando así la lucha armada. Además, era la forma para que, una vez culminadas las negociaciones de paz, los integrantes de las Farc se reintegraran a la vida civil. Pero todo esto se frustró.

En 1985 se hizo el lanzamiento oficial de la UP, y comenzaron actividades de sensibilización en todo el país. El nuevo partido político fue bien recibido, especialmente en las zonas rurales y, en los años siguientes, convocó a grandes manifestaciones de personas que lo apoyaban. Así mismo, la UP recibió el apoyo del Partido Comunista y de algunas vertientes de los partidos tradicionales en Colombia para su apuesta por la política.

En 1986, el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, firmó un acuerdo en el que se prorrogaba el cese al fuego firmado dos años antes. Este acto hizo posible que la UP participara en las elecciones parlamentarias de ese mismo año y lo consolidaba como un actor político con una nueva perspectiva de país.

Con solo cuatro meses de campaña, la UP logró un apoyo significativo, con 15 congresistas, 18 diputados, 335 concejales y 23 alcaldes municipales. Teniendo en cuenta de dónde venía, su éxito fue rotundo. En las elecciones presidenciales el candidato de la UP obtuvo más de 320.000 votos, lo que consolidó al partido como la tercera fuerza política más votada del país.

La celebración, sin embargo, duraría poco. En agosto de 1986, Virgilio Barco se posesionó como el nuevo presidente de Colombia. Desde que comenzó su mandato, fue claro el debilitamiento del acuerdo de paz y, a tan solo 30 días de que se posesionaran los nuevos congresistas, fue asesinado el representante a la Cámara por la UP, Leonardo Posada. Este fue el primero de una serie de asesinatos políticos, y de ataques y persecuciones hacia los líderes y simpatizantes del partido. Así mismo, los guerrilleros, que habían recibido amnistía gracias al acuerdo, comenzaron a ser perseguidos y asesinados.

A raíz de estos hechos, las Farc se retiraron oficialmente de la UP, que siguió como partido político pero ya sin participación del grupo guerrillero, que retomó la guerra en 1987. A pesar de esto, la campaña de exterminio continuó, y entre 1987 y 1990 dos candidatos presidenciales de la UP fueron asesinados.

Desde ese momento, más de 6.000 miembros, simpatizantes y familiares de miembros de la UP fueron asesinados sistemáticamente. El partido sobrevivió a duras penas pero en 2022 el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió su personería jurídica ya que no alcanzó la cantidad de votos necesaria para mantener esta figura.

Ya en el 2002, el mismo CNE lo había suspendido, pero en 2013 reconoció que la razón por la cual la UP no obtuvo el lectorado suficiente fue debida a la persecución y estigmatización que sufrieron sus líderes y simpatizantes, por lo que le devolvió la personería jurídica al partido. Sus miembros afirmaron que “lo que le ocurrió a la UP fue que no contó con las condiciones de garantía indispensables para vincularse a la contienda electoral al Congreso del año 2002 con una pluralidad de candidatos avalados y en un escenario de normalidad participativa (…) [y], por obvias razones estaba en imposibilidad de obtener cincuenta mil (50.000) votos, o de conservar al menos una curul en esa Corporación de elección popular”

AD-M19, una historia paralela

Pero la persecución y el desmantelamiento de la UP no es una historia aislada. En 1990, cinco años después de la fracasada operación de la toma del Palacio de Justicia que acabó con la masacre de 101 personas, se desmovilizó el M-19; la guerrilla de la que hacía parte el hoy presidente colombiano, Gustavo Petro, y cuyo nombre completo era Movimiento 19 de abril.

Después de la desmovilización los miembros del "eme", como se conocía al grupo guerrillero, se unieron inmediatamente para crear un partido político. Justo después de haberse incorporado a la vida civil, el comandante del M-19 Carlos Pizarro, padre de la actual congresista María José Pizarro, se postuló como candidato a la Alcaldía de Bogotá y otros miembros del eme se postularon a otros cargos públicos.

Pizarro casi gana la alcaldía, lo que generó un claro optimismo alrededor de las opciones electorales de los movimientos políticos procedentes de las guerrillas, y varios integrantes de movimientos políticos de partidos como la UP, el Frente Popular y Colombia Unida se reunieron y formaron la Alianza Democrática M-19 (AD-M19) que buscaba ser un movimiento político nacional de carácter pluralista.

Pizarro, entonces, se lanzó como candidato presidencial representando a la AD-M19 en 1990. Su candidatura comenzó a tomar fuerza ya que el partido representaba, al igual que la UP, una nueva oportunidad política en Colombia, alejada de los dos partidos tradicionales: El partido Liberal y el partido Conservador.

El 26 de abril de 1990, sin embargo, Carlos Pizarro fue asesinado a tiros en un avión en plena campaña. De esta manera, la historia del AD-M19 tuvo una suerte similar a la de la UP, sufriendo persecución y asesinatos políticos que impidieron su ascenso al poder.

Un compromiso con la verdad

Lo que demuestra la historia de la UP, y de otros partidos como la AD-M19, es que por años en la política colombiana no había cabida para ninguna idea diferente al bipartidismo, que dirigió el país por más de 50 años. Cualquier oposición con potencial de alcanzar el poder debía ser aniquilada.

Para Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la UP y el Pacto Histórico, “la decisión de la CIDH es una respuesta a la historia, a la memoria, a la verdad y a la justicia”. La sentencia, además, significa, que la impunidad que se quiso imponer en Colombia frente al exterminio de la UP ya no es válida y deja un precedente de que un Estado, por más poderoso que sea, no puede torcer violentamente la política a su voluntad.

Pero la sentencia llega tarde. El caso llegó por primera vez a la CIDH en 1993, los asesinatos continuaron, y solo décadas después ha habido sentencia. Tras treinta años de litigación, la Corte afirma que “todo el emprendimiento sistemático contra los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica configura un crimen contra la humanidad”, aunque no calificó lo ocurrido como genocidio, tal como reclaman las víctimas.

Mientras tanto, en Colombia, la violencia política sigue viva. Los asesinatos de líderes sociales alcanzan cifras récord, y los excombatientes de las Farc, desmovilizados acogidos a la reinserción fruto de los acuerdos de Paz del 2016, continúan. Esperemos que esta condena sea un incentivo más para que el Estado colombiano aborde con determinación y eficacia la tarea que le queda por delante.