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El coronavirus y las medidas de seguridad para la migración en América del Sur: el caso venezolano

La pandemia ha agravado la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en América del Sur, especialmente en Ecuador, Perú, Chile y Colombia.

Mariana Almeida Silveira Correa Mariane Monteiro da Costa
25 September 2020
Migrantes venezolanos hacen cola para subir al bus de regreso a Venezuela
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Daniel Garzon Herazo/NurPhoto/PA Images

La pandemia de coronavirus ha tenido profundas repercusiones en todo el mundo, pero algunas poblaciones han sido las más afectadas, incluidos los migrantes. En este artículo se examina la forma en que la pandemia ha agravado la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en América del Sur, especialmente en Ecuador, Perú, Chile y Colombia.

Desde 2014, más de 5 millones de ciudadanos han salido de Venezuela – la mayoría para los países vecinos. Este escenario se produjo debido a la intensa crisis económica, política, de suministro y humanitaria que enfrenta el Estado. El gobierno de Nicolás Maduro está acusado de persecución política de los opositores y también de utilizar la crisis humanitaria como herramienta de persecución. Por estas razones, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR) recomendaron que se reconociera a los venezolanos como refugiados en virtud de la Convención de 1951. Ambos órganos declararon también que el reconocimiento podría lograrse mediante la definición ampliada de la Declaración de Cartagena.

Medidas de seguridad para la migración en América del Sur

Esta gran corriente migratoria ha provocado diferentes respuestas de los gobiernos de América del Sur. Inicialmente, ningún país de la región reconoció a los venezolanos como refugiados según la definición de Cartagena. Pocos fueron reconocidos por la Convención de 1951, y la determinación fue hecha caso por caso. En julio de 2019, Brasil fue el primer país de América del Sur y el único, hasta ahora, en reconocerlos ampliamente por Cartagena. Es decir, la regularización de esta nacionalidad se produjo, principalmente, mediante medidas ad hoc.

La intensidad del flujo y la proliferación de los discursos xenófobos condujeron a la adopción de medidas de seguridad en efecto cascada en tres estados de la región. Chile fue el primero en restringir la entrada de los venezolanos. Este país, que ya requería la presentación de pasaporte, creó en abril de 2018, la visa de responsabilidad democrática como documento obligatorio para la entrada de esta nacionalidad al país. La aplicación de la medida dio lugar a un aumento del número de venezolanos en Perú, y muchos quedaron "atrapados" en la frontera sin poder llegar a Chile.

Luego, en agosto de 2018, Perú empezó a exigir pasaporte para que los venezolanos pudieran entrar, con la excepción de los solicitantes de asilo. Además, en junio de 2019, el país adoptó otra medida de seguridad: la visa humanitaria como requisito para la entrada de esta nacionalidad. Como ocurrió en Perú con la implantación de la visa en Chile, muchos venezolanos quedaron atrapados en la frontera entre Ecuador y Perú. No mucho después, en julio de 2019, Ecuador también creó una visa humanitaria, que se exigía al entrar y que también se hizo obligatoria para la regularización de los venezolanos ya presentes en el territorio, pero sólo para los que habían entrado regularmente.

Laas medidas de seguridad no impiden el flujo migratorio; lo que ocurre es el aumento de la vulnerabilidad de estas poblaciones

Los requisitos de pasaporte y visa se consideran regímenes de "no entrada" creados mediante las medidas de seguridad para la migración. Estas medidas tienen como objetivo minimizar la entrada de migrantes bajo la justificación de la seguridad nacional[i]. En el caso de los venezolanos, el pasaporte es un documento que ha sido difícil de obtener en los últimos años. Aunque la mayoría de los países aceptan este documento vencido, algunas personas nunca lo han podido solicitar. El requisito de visa restringe aún más la inmigración regular: para su adquisición, además del pasaporte, se requiere el pago de tarifas y documentos que son difíciles de obtener, como un certificado de antecedentes penales apostillado.

Así, se observa que se ha llenado de medidas de seguridad el corredor migratorio existente de Venezuela a Chile, con excepción de Colombia. Es importante destacar que Perú, Ecuador y Colombia, además de países de tránsito, también son países de destino. Como está bien documentado en la literatura, las medidas de seguridad no impiden el flujo migratorio; lo que ocurre es el aumento de la vulnerabilidad de estas poblaciones. Debido a las medidas, los migrantes están a merced de los coyotes y arriesgan sus vidas de forma peligrosa. A su llegada al destino, estos migrantes se consideran "ilegales" y no tienen acceso a ninguna asistencia del gobierno. Además, la irregularidad de su situación los hace susceptibles a condiciones de explotación por parte de empleadores e inquilinos. Por lo tanto, se establecen principalmente en el mercado informal.

¿Cómo la Covid-19 afectó a los refugiados venezolanos?

La pandemia de coronavirus trajo un nuevo elemento: muchos venezolanos que vivían en Chile, Colombia, Ecuador y Perú comenzaron a regresar a Venezuela. La situación que ya era difícil ha empeorado, ya que muchos han perdido sus fuentes de ingresos, sus hogares y han pasado hambre. Esto creó lo que Espinosa, Zapata y Gandini llamaron movilidad en la inmovilidad. Este fenómeno ocurrió cuando la gente continuó migrando, incluso con las fronteras cerradas para contener la propagación de la Covid-19.

La regularización de los venezolanos en los países a los que se han trasladado está directamente ligada al tema social. Una vez regularizados, obtienen documentos locales, lo que les permite buscar trabajos formales. Además, solo los migrantes regularizados pueden solicitar asistencia social a los gobiernos. Un ejemplo de esto son los programas de transferencia monetaria para familias que viven en situación de vulnerabilidad social, como Bolsa Família en Brasil; Chile Solidario en Chile; Programa Nacional de Asistencia Solidaria en Perú; Famílias en Acción en Colombia; y Bono de Desarrollo Humano en Ecuador.

Es necesario establecer políticas públicas en respuesta a la pandemia, especialmente para la población migrante y refugiada, a fin de que no se sigan violando sus derechos, sean o no regulares

Aunque están a disposición de toda la ciudadanía de sus países, estas asistencias no se conceden de forma indiscriminada. De esa forma, muchos migrantes no cuentan con esa ayuda gubernamental e incluso los que la reciben se enfrentan a dificultades, ya que no es suficiente para cubrir todos los gastos. Esta población también tiene mayores dificultades para acceder a educación y servicios de salud. Además, se enfrentan a numerosos obstáculos para conseguir un trabajo formal, principalmente en Brasil, debido a la barrera del idioma. Sin embargo, ni siquiera el trabajo formal garantiza un ingreso estable para las familias, situación que ha empeorado intensamente en la pandemia[ii].

Aunque Brasil no ha adoptado medidas de seguridad como los estados mencionados y no hay noticias de venezolanos que regresen de este país, esta nacionalidad no se enfrenta a una situación más fácil en el país. En las grandes ciudades, donde el costo de vida es aún más alto, ya hay informes de personas que han sido desalojadas y, principalmente, de escasez de alimentos. Aunque el gobierno ha aprobado una ayuda de emergencia para personas en situación de vulnerabilidad, no todos los que la necesitan pueden recibirla, como ya ha ocurrido con los programas de transferencia monetaria. Además, la crisis ha aumentado el desempleo, lo que ha agravado aún más la vulnerabilidad de esas poblaciones.

Es en este contexto que entra en juego la solidaridad de las personas que ayudan a los migrantes y refugiados. Los venezolanos buscan ayuda primero entre su comunidad, en la red de amigos y en las iglesias, que a menudo hacen donaciones de alimentos, ropa, muebles, entre otros artículos. Muchas veces vinculadas a la Iglesia Católica, las ONG también ayudan a los refugiados y solicitantes de asilo.

Sin embargo, las campañas de recaudación de fondos no son suficientes. En el contexto actual, es necesario establecer políticas públicas en respuesta a la pandemia, especialmente para la población migrante y refugiada, a fin de que no se sigan violando sus derechos, sean o no regulares.


Referencias:

[i] Gerard, A. (2014). The securitization of migration and refugee women. London: Routledge.

[ii] Jubilut, L. L. et al. (2020) Direitos Humanos e Covid-19: impactos em direitos e para grupos vulneráveis. Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades” da Universidade Católica de Santos, Santos.

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