El gobierno federal de Brasil participa en la Cumbre de Líderes sobre el Clima el jueves (22) y el viernes (23) bajo la sospecha de ambientalistas dentro y fuera del país de que el Ministerio de Medio Ambiente está tratando de garantizar medios para la creación de una "policía ambiental ". El evento, convocado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trae la expectativa de un anuncio de una contribución de recursos a Brasil.

Uno de los mayores temores de los ambientalistas es que el ministro Ricardo Salles (Medio Ambiente) obtenga recursos para establecer una especie de FNSA (Fuerza Nacional de Seguridad Ambiental), que pueda controlar o reemplazar al Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables).

"Dependiendo del volumen de dinero que llegue a Brasil, él [Ricardo Salles] puede conseguir fondos suficientes para, por ejemplo, pagar las dietas diarias de la policía militar de los estados y montar esta fuerza armada a su servicio. Así que este es el temor: que el dinero llegará de todos modos", dijo Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, a democraciaAbierta.

La FNSA de Salles sería un brazo de la FSN (Fuerza de Seguridad Nacional), actualmente comandada por el coronel de la PM (Policía Militar), Aginaldo de Oliveira, marido de la diputada federal bolsonarista Carla Zambelli.

Esta congresista fue elegida presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara en marzo de este año. Zambelli ya ha culpado a ONGs (organizaciones no gubernamentales), sin pruebas, de los incendios en la Amazonía.

Al asumir la presidencia de la comisión, la congresista dio celeridad a un proyecto de ley (No. 6.289/2019), cuyo contenido es similar a la hipótesis mencionada por Astrini.

El texto trata de la inclusión de policías militares de los 26 estados brasileños y del Distrito Federal en el Sisnama (Sistema Nacional de Medio Ambiente) y disciplina las actividades de vigilancia ambiental.

Ambientalistas afirman que el cambio legislativo beneficia a los infractores. Esto se debe a que la policía no está técnicamente preparada para abordar los problemas ambientales. En la propia división de seguridad pública, es la Policía Civil la que investiga los delitos.

Servidores del Ministerio del Medio Ambiente creen que, si la policía va a ejercer una patrulla ambiental, debería hacerlo desde un rol ostensible de dar seguridad a los agentes del Ibama, y no hacer el trabajo o sustituir el propio Ibama, órgano que produce informes, análisis multitemporales de imágenes de satélite y registros fotográficos, entre otros.

Además, la implementación del proyecto de ley (en caso de que eventualmente sea aprobado y sancionado) requeriría invertir en la capacitación técnica de los policías, sacándolos de su función principal, que es la seguridad, para realizar inspecciones ambientales, lo que genera un costo eventual y puede llegar a excluir servidores ya especializados.