Tan pronto como asumió la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara, la diputada federal Carla Zambelli aceleró el PL (proyecto de ley) nº 6.289/2019 que se enfrenta a los ambientalistas y propone que la Policía Militar (PM) actúe en la policía ambiental.

El texto, preparado por el diputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP), propone la inclusión de policías militares de 26 estados brasileños y del Distrito Federal en el Sisnama (Sistema Nacional de Medio Ambiente). El proyecto cumple con los objetivos del ministro Ricardo Salles (Medio Ambiente) de instituir una policía ambiental.

Una información de democraciaAbierta publicada la semana pasada muestra que Salles pretendía recaudar fondos del extranjero durante la Cumbre del Clima para financiar una suerte de "policía medioambiental".

Fuentes ambientalistas afirman que el cambio beneficia a los infractores. Esto se debe a que la policía no está preparada para presentar documentos probatorios, como sí lo está el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables). La agencia elabora informes técnicos con análisis multitemporales de imágenes de satélite y registros fotográficos, por ejemplo, a la hora de emitir el aviso de infracción.

La medida exigiría invertir en la formación técnica de los agentes de policía – sacándolos de su función principal, que es la seguridad pública – para realizar inspecciones medioambientales. Por lo tanto, habría un coste financiero y también se abriría una brecha para la exclusión o para la infrautilización de los funcionarios ya especializados.

La propuesta que aceleró Zambelli estaba estancada desde diciembre de 2019, cuando fue presentada en primera instancia. El 17 de marzo de este año, el diputado federal Coronel Chrisóstomo fue designado para la función de relator y ya presentó, el 9 de abril, un informe favorable para su aprobación.

Reedición de PL del entonces diputado Bolsonaro

Los tres congresistas involucrados, Chrisóstomo, Tadeu y Zambelli, son aliados del presidente Jair Bolsonaro, quien fue multado por el Ibama en 2012 por pesca irregular en el municipio de Angra dos Reis, en Río de Janeiro, cuando era diputado federal.

El texto presentado por Tadeu, básicamente, reedita un PL del propio Bolsonaro (nº 7.422 / 2014), que tuvo como relator al diputado federal Alberto Fraga.

Fraga es cercano al presidente y fue miembro del “caucus de la bala” (diputados favorables a la liberalización de las armas en Brasil) en la Cámara de Diputados, cuando estuvo en el cargo. El excongresista es citado a menudo como candidato para asumir un eventual Ministerio de Seguridad Pública, si se produce la reinstauración de un departamento específico para esta área.

La presentación del PL de Bolsonaro se produjo en un contexto en el que el entonces diputado federal estaba disgustado con los organismos de control ambiental, especialmente el Ibama, precisamente por la multa que le impusieron por pesca irregular.

El proyecto formaba parte de un “paquete” que, según fuentes ambientalistas, iba en contra de los intereses de organismos vinculados a la preservación del medioambiente. En 2013, por ejemplo, Bolsonaro presentó un PL que eliminaba la disposición sobre el porte de armas de los servidores del Ibama.