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Brasil frena las multas medioambientales

Los funcionarios afirman que la norma flexibiliza el proceso de aplicación de las multas medioambientales, incluyendo la extinción de la sanción si hay una "retractación"

Maurício Ferro
29 April 2021, 12.00am
Dylan Garcia Photography/Alamy Stock Photo

Los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente dicen que el departamento ha cambiado el proceso de aplicación de las multas ambientales desde antes de la emisión del aviso de infracción hasta su cierre. La flexibilización se produce a través de la IN (Instrucción Normativa) nº 01/2021, publicada el pasado 14 de abril.

La Instrucción permite, por ejemplo, la anulación de la sanción en caso de "retractación". También ofrece "amnistía" para los infractores. En otras palabras, abre el camino para que una petición de disculpas anule los delitos ambientales.

La redacción también cambia, por ejemplo, la definición de "informe de inspección". Antes, tras levantar el acta de infracción, los inspectores elaboraban un documento para informar de lo que se había hecho mal y de las medidas que se habían tomado.

Ahora, el informe tiene un "carácter preparatorio". De este modo, el inspector informa de lo que ha visto sobre el terreno y luego, eventualmente, vuelve al lugar para aplicar una multa. De este modo, hacen que la decisión de multar recaiga sobre altos funcionarios, que tienen cargos comisionados (en general, nombramientos políticos).

El texto también modifica la definición de "medida administrativa cautelar". Por lo tanto, el inspector sólo podría actuar cuando se detectara una infracción medioambiental, perdiéndose de ese modo el carácter preventivo. Por lo tanto, aunque se esté a punto provocar una tragedia ambiental, no se puede hacer nada para prevenirla.

El ministro Ricardo Salles (Medio Ambiente) y los presidentes del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables), Eduardo Fortunato Bim, y del ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), Fernando Cesar Lorencini, firmaron la nueva norma.

Una norma anula la otra

La norma actual anula otra Instrucción Normativa – nº 02/2020 – que instituyó la conciliación ambiental. En la práctica, detuvo todo el proceso de imposición de multas. Esto se debe a que el texto fue editado sin la implementación de un sistema para realizar audiencias.

Una inspectora, que no quiso identificarse para evitar represalias dentro del ministerio, habló de "retroceso" y "soterramiento" de la política medioambiental brasileña

La ONG Observatório do Clima mostró en su momento que, hasta octubre de 2020, sólo se habían celebrado cinco audiencias, de un total de más de 7.000 previstas. El ministro Salles culpó a la pandemia del retraso.

La situación se agravó cuando el 14 de enero de este año el jefe de la Coordinación Nacional del Proceso de Sanción Ambiental, Halisson Peixoto Barreto, fue despedido de su cargo . Era el responsable de la "área de multas".

En ese momento, los empleados de la Superintendencia del Ibama de Rio Grande do Sul dirigieron una carta al presidente del Ibama, Eduardo Bim, en la que criticaban el despido de Barreto.

"El despido se produce en medio de un momento crítico para la administración, precisamente en el ámbito del proceso sancionador. Cabe destacar que el Sr. Halisson trabajó exhaustivamente en la construcción y puesta en marcha de todo el proceso sancionador medioambiental, tal y como está previsto que funcione", escribieron.

Los funcionarios hablan de 'soterramiento' ambiental

Ahora, funcionarios de carrera también se quejan de los cambios promovidos por la redacción de la nueva IN. Una inspectora, que no quiso identificarse para evitar represalias dentro del ministerio, habló de "retroceso" y "soterramiento" de la política medioambiental brasileña.

"Es injusto e inaceptable el intento de establecer un caos administrativo generalizado y atribuir a los funcionarios la responsabilidad de la incompetencia administrativa"

Se refiere a una declaración de Salles sobre "cambiar todas las reglas". El ministro de Medio Ambiente, durante una reunión interministerial celebrada el 22 de abril de 2020, habló de aprovechar que la atención se centraba en la pandemia de Covid-19 para cambiar las normas y flexibilizar la aplicación de multas contra infracciones al medio ambiente.

Habría consenso entre los funcionarios en que el proceso de aplicación de las multas propuesto por la antigua instrucción normativa podría agilizarse si existiera una estructura virtual. Esto no habría ocurrido porque la norma "se editó de forma centralizada y sin la participación del equipo responsable de la ejecución de las actividades". Por lo tanto, la pandemia no habría sido la razón para detener la imposición de multas contra las infracciones.

Los técnicos de medioambiente denuncian ahora que Salles y los presidentes del Ibama y del ICMBio provocan "una vez más" una nueva paralización de todos los procedimientos internos. La razón: los empleados dicen haber pasado un año para adaptarse a los cambios definidos por la IN anterior. Cuando parecía que los procedimientos finalmente empezarían a avanzar, el gobierno emitió una nueva IN que redefinía de nuevo toda la normativa interna.

Otra queja se refiere a los "plazos incompatibles con las condiciones de que disponen las agencias". La referencia se produce principalmente porque la nueva IN establece que casi todos los procesos burocráticos para la aplicación de las multas se den en un plazo de cinco días. Sin embargo, los funcionarios hablan de reducción de personal en los organismos de inspección medioambiental. En la práctica, según ellos, la fijación de esos plazos "transfiere a los funcionarios una responsabilidad indebida".

"Es injusto e inaceptable el intento de establecer un caos administrativo generalizado y atribuir a los funcionarios la responsabilidad de la incompetencia administrativa de los actuales gestores y de las personas que fueron elegidas para ocupar los cargos de estas instituciones", dijo el técnico que habló con democraciaAbierta.

El plazo de cinco días es considerado impracticable por los funcionarios, ya que las actas de infracción se levantan en operaciones que ocurren en lugares aislados y duran en promedio 30 días. En otras palabras, si ocurre una infracción en medio del campo o en medio del océano, los inspectores tienen que detener sus actividades para buscar un lugar (hotel, etc.) para realizar y enviar los informes.

Así pues, además de perder tiempo de operación (e interrumpir la búsqueda de más infractores), los inspectores tendrán que esforzarse por encontrar lugares donde puedan elaborar los informes. Además, dependiendo de la documentación presentada o del tipo de delito, el informe necesita más tiempo para estar bien preparado.

democraciaAbierta se ha puesto en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente y no ha recibido respuesta.

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