A principios de marzo de 2020, justo antes de que el novedoso coronavirus explotara en los titulares de todo el mundo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michael Forst, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre una pandemia mortal en Colombia: los defensores de los derechos humanos, especialmente los que defienden su territorio y el medio ambiente, estaban muriendo a niveles alarmantemente altos debido a los índices incontrolados de violencia, amenazas y una impunidad sin freno.
Meses más tarde, con las cuarentenas en curso y el aumento del número de muertes, un informe de Global Witness calificó a Colombia como la zona cero para los defensores del medio ambiente. En el mismo documento también se estableció que de los países más mortíferos para la defensa de los derechos ambientales en todo el mundo, cinco se encontraban en América Latina.
Según el informe, "más de dos tercios de los asesinatos de defensores de los derechos humanos tuvieron lugar en América Latina" y los asesinatos en Honduras aumentaron de cuatro en 2018 a 14 en 2019, convirtiéndose en el país con el mayor aumento porcentual. Mientras tanto, en el Amazonas se produjeron 33 muertes, el 90% de ellas en el Brasil.
