Berta Zuñiga Cáceres, hija de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres, habla en un acto en Nueva York en abril (imagen: Comisión Interamericana de Derechos Humanos)“El patrón de los asesinatos en muchos países está convirtiéndose en una epidemia”, aseguró Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU para los derechos humanos, en una reciente visita a Brasil, país señalado como el más mortífero, en el informe de Global Witness titulado En terreno peligroso, para los que se oponen a proyectos de infraestructura perjudiciales y a la extracción de recursos.

En 2015 se registró una cifra anual récord de 185 asesinatos de activistas medioambientales en 67 países distintos. La concentración más alta de homicidios se dio en América Latina. Esta cifra representa un aumento del 59% respecto al año anterior. Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12) conforman los cinco países más peligrosos, según el informe.

Sin embargo, las cifras probablemente subestimen la verdadera magnitud del problema, considerando la supresión de los esfuerzos de monitoreo por parte de grupos de la sociedad civil y medios de comunicación en algunos países.

Alrededor del 40% de los homicidios (67) fueron cometidos en poblaciones indígenas que viven en lugares remotos, ricos en recursos naturales, pero donde el imperio de la ley es débil y, por consiguiente, donde la tala y la minería ilegal son endémicas. Prevalece la impunidad de los perpetradores de violencias, mientras que las élites más influyentes criminalizan y demonizan a los activistas tachándolos de “contrarios al desarrollo,” según el informe.

El asesinato en abril de la activista hondureña y ganadora en 2015 del Premio Ambiental Goldman, Berta Cáceres, de un disparo mientras dormía, le recordó al mundo los riesgos a los que se enfrentan aquellos que protegen de la explotación los recursos naturales. Cáceres se opuso a la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, del que dependen los indígenas Lenca y que consideran sagrado. Junto con las industrias mineras y extractivas, la energía hidroeléctrica se cita en el informe como una de las principales causas de conflictos medioambientales.

En la vecina Nicaragua, los indígenas miskitos se encuentran en primera línea de una sangrienta disputa territorial. Según la abogada miskito Lottie Cunningham, 24 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas de gravedad a manos de los colonos de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) desde 2014. Y ello a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado repetidamente al gobierno de Nicaragua a protegerles. El informe de Global Witness ha comprobado 12 homicidios relacionados con el medio ambiente en Nicaragua en 2015, cuyas víctimas fueron todas indígenas.

“Nuestras comunidades requieren, más que nunca, nuestro trabajo y compromiso, pero estamos en un estado de alarma y peligro permanente,” dice Cunningham. Y añade que el gobierno de Nicaragua no ha puesto en práctica las leyes que garantizan sus derechos territoriales y continúa otorgando concesiones para proyectos en tierra indígena, sin consulta previa sobre los impactos.

The report calls on national governments, companies and investors and international organisations to take immediate steps to better protect environmental activists. Among the recommendations are proper law enforcement by local authorities, and the ratification of International Labour Organisation (ILO) convention 169, which enshrines the rights of indigenous people to free, prior and informed consent on projects affecting their land. Investors are urged to refuse investment decisions unless ILO convention 169 has been respected.

El informe insta a los gobiernos nacionales, a las empresas e inversores y a organizaciones internacionales a tomar medidas inmediatas para la protección de los activistas medioambientales. Entre sus recomendaciones, destaca la correcta aplicación de la ley por parte de las autoridades locales, así como la ratificación del Convenio 169 de  la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consagra los derechos de los indígenas a aprobar libremente, con antelación e información suficiente los proyectos que afectan a sus tierras. Se insta asimismo a los inversores a que rechacen decisiones de inversión que no respeten el Convenio 169 de la OIT.

Agonía en la Amazonia

Exceptuando 2011, desde 2002 murieron en Brasil más activistas medioambientales cada año que en cualquier otro país. Unos 500 activistas brasileños fueron asesinados durante este período. Los 50 muertos de 2015 son casi el doble que los del año anterior.

La tala ilegal y la expansión de la frontera agrícola están vinculadas a un aumento de la violencia en los estados amazónicos de Pará, Maranhão y Rondônia, donde tuvieron lugar la mayoría de los homicidios. Según los informes, muchos propietarios contratan sicarios para silenciar a quienes se oponen a sus intereses.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz describe la situación como una “guerra abierta”.

El Congreso de Brasil está debatiendo una propuesta de largo recorrido para modificar la constitución del país, conocida como PEC 215, que transferiría  las competencias en materia de demarcación de los territorios indígenas del ejecutivo al legislativo - un poder, este último, más afín a la agroindustria. De aprobarse, el PEC 215 podría facilitar que se críe ganado y se cultive soja en tierras indígenas, y que se lleven a cabo proyectos petroleros y gasísticos - lo que sería fatal para sus habitantes.

En Florencia, en el departamento de Caquetá en la Amazonía colombiana, han estallado conflictos violentos a raíz de la extracción de petróleo que han unido a las iglesias locales, empresas y ONGs en una inesperada alianza en defensa de los frágiles ecosistemas de la zona.

 “La explotación de hidrocarburos es temporal, la Amazonía es para toda la vida,” afirma Eduardo Moya, jefe de la cámara de comercio local.

En los márgenes de la cuenca del Amazonas, en el centro de Colombia, los activistas se enfrentan a constantes amenazas e intimidaciones por parte de los grupos paramilitares que actúan en nombre de empresas locales, según señala el informe de Global Witness. La zona también atrae a corporaciones mineras multinacionales atraídas por sus grandes reservas de oro.

Tras años de permanente conflicto civil, grupos indígenas como los Embera Chamí se enfrentan ahora a verse desplazados de sus tierras por la agroindustria y las industrias extractivas que agravan la desigualdad en la distribución de las tierras, la pobreza y la degradación medioambiental, dice el informe.

Land grabs and commercial exploitation are commonplace, and are even legitimised by a 2015 law encouraging the economic development of certain areas irrespective of whether they have been appropriated illegally, according to Amnesty International.

La apropiación de tierras y la explotación comercial son muy comunes, e incluso están legitimadas por una ley aprobada en 2015 para impulsar el desarrollo económico de determinadas áreas, independientemente de que hayan sido apropiadas ilegalmente, según Amnistía Internacional.

Advertencias

Cuando recibió el premio Goldman, Berta Cáceres habló de repetidos acosos y amenazas de muerte: “Me siguen, amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos.”

A pesar de sus advertencias, el gobierno de Honduras hizo muy poco para protegerla. Y sólo dos semanas después de su muerte, su colega Nelson García fue también asesinado. Sólo entonces los inversores holandeses y finlandeses retiraron los fondos para la represa de Agua Zarca. El contratista chino Sinohydro se había retirado ya del proyecto en 2012, en medio de crecientes tensiones.

Global Witness insta enérgicamente a una mayor protección y a que se realicen las investigaciones oportunas ante este tipo de violencia – sin las cuales se permite la propagación de la cultura de la impunidad – y atribuye la responsabilidad de este fenómeno a la tendencia cada vez más extendida hacia modelos económicos basados en recursos naturales en los países en desarrollo. La caída de los precios mundiales va a intensificar probablemente el desarrollo orientado a la exportación de commodities y entrañará, por añadidura, mayores riesgos para el medio ambiente y sus defensores.

Los proyectos contenciosos deben ser revisados con urgencia y debe alentarse a hablar a los que se oponen a ellos con garantías para su seguridad, dice el informe. De lo contrario, los homicidios no harán sino aumentar.

“Se acabará así también con toda esperanza para las generaciones futuras,” advierte el informe.

Este artículo fue publicado previamente en Diálogo Chino.