En Cuba se esperaban cambios. La apertura económica propiciada por Raúl Castro estableciendo distintos tipos de propiedad, la habilitación de los cuentapropistas y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en 2014, alentaron ideas sobre cambios políticos. Esa apertura económica no estuvo acompañada ni de cambios políticos ni del establecimiento de libertades civiles.
La reforma de la Constitución, aprobada el 24 de febrero de 2019, admitió, sin renunciar a la primacía del Partido Comunista y el modelo socialista de gestión pública, reformas que incorporan la limitación a dos mandatos consecutivos del presidente, de cinco años cada una, fijar en sesenta años la edad para ser elegido presidente, el empoderamiento de los gobernadores, la creación de un Consejo Electoral Nacional. Se reconoce la propiedad privada y la promoción de la inversión extranjera. Asimismo, en el texto se amplían la protección de derechos humanos y las garantías constitucionales. Falta aún la reglamentación correspondiente a esta nueva legislación, y mientras tanto, aumenta la persecución política y existe una afrenta constante a la libertad de expresión y de movimiento.
En los últimos años se han incrementado las detenciones injustificadas de periodistas independientes, artistas o activistas sociales como así también las trabas para movilizarse a reuniones o encuentros a nivel local, nacional o internacional y los encarcelamientos sin juicio.
