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Atrapados en Cuba

A pesar del cambio constitucional en Cuba y de la aparente mayor atención que se presta a los derechos humanos, siguen ocurriendo violaciones. English Português

Rut Diamint Laura Tedesco
18 February 2020
La bandera cubana, atrapada
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Artur Widak/SIPA USA/PA Images

En Cuba se esperaban cambios. La apertura económica propiciada por Raúl Castro estableciendo distintos tipos de propiedad, la habilitación de los cuentapropistas y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en 2014, alentaron ideas sobre cambios políticos. Esa apertura económica no estuvo acompañada ni de cambios políticos ni del establecimiento de libertades civiles.

La reforma de la Constitución, aprobada el 24 de febrero de 2019, admitió, sin renunciar a la primacía del Partido Comunista y el modelo socialista de gestión pública, reformas que incorporan la limitación a dos mandatos consecutivos del presidente, de cinco años cada una, fijar en sesenta años la edad para ser elegido presidente, el empoderamiento de los gobernadores, la creación de un Consejo Electoral Nacional. Se reconoce la propiedad privada y la promoción de la inversión extranjera. Asimismo, en el texto se amplían la protección de derechos humanos y las garantías constitucionales. Falta aún la reglamentación correspondiente a esta nueva legislación, y mientras tanto, aumenta la persecución política y existe una afrenta constante a la libertad de expresión y de movimiento.

En los últimos años se han incrementado las detenciones injustificadas de periodistas independientes, artistas o activistas sociales como así también las trabas para movilizarse a reuniones o encuentros a nivel local, nacional o internacional y los encarcelamientos sin juicio.

Lo que resguarda al gobierno de una protesta internacional es que en Cuba las violaciones no son masivas. No hay evidencias de desapariciones ni genocidios. Creemos que ello explica por qué las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, twitteros cubanos y la prensa independiente, sobre las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación y la libertad de expresión no movilizan a los gobiernos democráticos latinoamericanos o europeos y, por lo tanto, no evitan las detenciones arbitrarias o el control domiciliario.

Mientras que por primera vez la Constitución de 2019 enuncia el vocablo derechos humanos y afirma que las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni penas crueles (artículo 51), tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional (artículo 52) y que el Estado reconoce respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión (artículo 54), la realidad muestra que los ciudadanos sufren diariamente acosos, intimidaciones y detenciones arbitrarias. Las autoridades se manejan con parcialidad y opacidad acerca de las causas de las condenas.

Un caso cada vez más extendido es el de los regulados. Esta “figura” legal permite a las autoridades restringir la libre circulación de activistas, periodistas y opositores en general. No surge de ningún registro legal ni documento que justifique la imposibilidad de viajar al exterior de Cuba. Es una amenaza verbal que no se sostiene en un reglamento, ni en un proceso judicial. Sólo una advertencia paralizante que reciben estos ciudadanos al pasar por la ventanilla de inmigración.

De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en enero de 2020 se registraron más de 200 detenciones arbitrarias.

La Constitución cubana, no tipifica este juicio, tampoco lo hace la Ley Migratoria (Ley No 1312). En realidad, la “regulación” se sustenta en un criterio que figura en el Código Penal. El código establece la peligrosidad predelictiva que permite detener o castigar un delito antes que se cometa.

La explicación acerca de cuáles son las razones de defensa y seguridad nacional, o de interés público, que justifican “regular” a un ciudadano cubano, no existen. No hay una reglamentación accesoria que identifique esos causales. Por lo tanto, todo queda en manos de una caprichosa decisión de las autoridades migratorias, que responden al Ministerio de Interior (MININT).

La persona regulada desconoce los motivos de su imposibilidad de trasladarse al exterior, la duración de esa medida o las consecuencias que sobrelleva. El periodista Boris González Arenas comentó a la publicación 14 y medio: “La Constitución cubana actual tiene un instrumento que no es el habeas data [aunque se asemeja], pero por el cual uno puede pedir al Estado la información que tiene sobre él. Lo solicité a Inmigración para saber la razón de mi 'regulación'. Por supuesto no hubo respuesta”.

Un “regulado” pude encaminarse a la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE), en el mismo edificio donde se otorga el Carné de Identidad, ambas pertenecientes al MININT. Pero la experiencia de este periodista grafica claramente lo irrelevante de ese procedimiento.

Todo esto es más incomprensible e incoherente si recordamos que el propio código, fija, en el Capítulo IV, Delito Contra la Libre Emisión del Pensamiento, por medio del artículo 291, inciso 1, lo siguiente: “El que, en cualquier forma, impida a otro el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa garantizado por la Constitución y las leyes, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.

Uno de los “regulados”, Osmel Ramírez Álvarez, afirma “No tengo ningún proceso judicial pendiente, no me dicen exactamente por qué” y agrega que han intentado condicionarle el levantamiento de la prohibición de viajes a “que firme algún documento o haga algún video diciendo que no voy a participar en la política opositora en el extranjero, si acaso me quedara en algún momento”.

Otro de los métodos para coartar la libertad e imponer el miedo es la detención de ciudadanos por unas horas. Los agentes de la seguridad del estado también impiden salir de sus hogares vulnerando la libertad de tránsito. El informe de 2015 de Amnistía contabilizaba 1400 detenciones de este tipo. La mayoría de estos ciudadanos estuvieron detenidos entre 1 y 30 horas. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en enero de 2020 se registraron más de 200 detenciones arbitrarias. La mayoría se realizaron en La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. 14 ciudadanos fueron “regulados” en el primer mes de 2020.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró distintos casos de persecución hacia periodistas de medios independientes como Periodismo de Barrio, Diario de Cuba, La Hora de Cuba, Cocodrilo Callejero, 14yMedio. Entre febrero y marzo de 2018, 16 periodistas fueron impedidos de viajar al exterior. Human Rights Watch denunció en 2019 que el gobierno seguía llevando a cabo detenciones arbitrarias. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración aumentó entre 2010 y 2016, de un promedio mensual de 172 incidentes a 827.

A partir de 2018 se suman las detenciones de artistas como Tania Bruguera e integrantes del Movimiento San Isidro, opositores al Decreto 349 de abril de ese año. Con la excusa de la controlar la calidad cultural del reggaetón, el gobierno pretendía nombrar inspectores para verificar las obras de arte. Muchos de los artistas que reaccionaron ante el Decreto 349 se consideraban apolíticos, ninguno de ellos se presentaba como opositor.

Un joven artista comprometido con las movilizaciones expresó: “La oposición se enfrenta a un gobierno profundamente opresivo, te sacan tu identidad ciudadana, te criminalizan, te convierten en un delincuente. Es un costo político y social muy alto, por eso hay miedo. La comunidad está resquebrajada.” Un joven periodista independiente nos comentaba que los opositores se quedan muy solos. Muchas veces por miedo sus amigos o sus familias los van aislando. En otros casos, estos jóvenes se enfrentan a sus padres quienes siguen defendiendo la Revolución. Una joven nos reseñaba que creía que sus padres se aferraban a la idea de la Revolución porque enfrentar el fracaso de esa utopía significaba enfrentar el fracaso de sus propias vidas. Desde una mirada más sofisticada, uno de ellos nos dijo “es un daño antropológico. A mis padres les extirparon la capacidad crítica”.

Desde la llegada de internet, Twitter es la vidriera, junto con Facebook, donde se comunican las detenciones arbitrarias, las prohibiciones de viajes al exterior, las golpizas en manifestaciones o la intimidación a las Damas de Blanco. Y es también donde los cubanos se ríen de la torpeza de sus dirigentes y se burlan de sus propias luchas cotidianas.

Las constantes violaciones a los derechos humanos parecerían indicar que el gobierno está ya muy alejado de querer preservar los ideales revolucionario

Las violaciones a los derechos humanos en Cuba son cotidianas. Aquellos ciudadanos que piensan diferente viven con miedo. Expresar una opinión distinta, reunirse con asociaciones o movimientos opositores tiene un costo: perder el trabajo, perder los pocos beneficios que pueden haber logrado, perjudicar a un familiar, no poder ingresar a la universidad, ir preso o no poder salir del país. Uno de los jóvenes que conocimos en La Habana lo sintetizo perfectamente “no te matan, pero no te dejan vivir”.

Los defensores del régimen argumentan que en Cuba nunca se dieron violaciones a los derechos humanos similares a las de otros países latinoamericanos, por ejemplo, se insiste que en Cuba nunca se torturó masivamente a ciudadanos, ni se apropiaron de los hijos de detenidos ilegales. Las fuerzas armadas y de seguridad no hurtaron los bienes de aquellos a quienes apresaron.

Al analizar violaciones a los derechos humanos, es crucial su contextualización. Para ello hay que tener en cuenta tres dimensiones: el tipo de violación, la frecuencia y la cantidad de personas que son objeto de la violación. En el caso de Cuba no estamos actualmente frente a un genocidio o crímenes de lesa humanidad. Esto no justifica desconocer que existen violaciones a derechos humanos, derechos reconocidos por la misma Constitución cubana.

Con el fin de preservar la revolución, el régimen estigmatiza toda opinión contraria a los preceptos del gobierno como un atentado a la estabilidad y seguridad de Cuba, y con ello justifica la aplicación de medidas definitivamente represivas.

Las constantes violaciones a los derechos humanos parecerían indicar que el gobierno está ya muy alejado de querer preservar los ideales revolucionarios. Más bien sólo intenta perpetuarse en el poder.

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