Demostración de estilo Flash MOB para distribuir placas de nombre de calle en homenaje a Marielle Franco en Río de Janeiro el domingo 14 de marzo. Foto: Cortesía de Liv Sovic.

El candidato presidencial de extrema derecha Jair Bolsonaro, preparado para la victoria en las elecciones del 28 de octubre, no fue el ganador más sorprendente en la primera ronda de las elecciones brasileñas. El cristianodemócrata y ex juez Wilson Witzel ganó el 41 por ciento de los votos para gobernador el 7 de octubre, más del doble que Eduardo Paes, el bon vivant que fuera alcalde de Río de Janeiro, quien gobernó antes y durante la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, y quien administró una ingente cantidad de dinero para reformas urbanísticas y proyectos de construcción.

Paes es un político profesional consumado que de algún modo ha logrado salir indemne de la Operación Lava Jato, la investigación judicial sobre la corrupción del gobierno federal que se inició en marzo de 2014 y que sigue vigente. Fue, con mucho, el candidato que mejor debatió, gozó de amplio tiempo de propaganda televisiva y su nombre fue mucho más reconocido que el de cualquier otro candidato salvo el del futbolista Romário. Pero la sonada victoria de Witzel en las primarias reveló la cruda realidad: algo extraño estaba pasando en esas elecciones. La sorpresa vino acompañada de la siguiente pregunta, ¿quién es Wilson Witzel?

La respuesta sobre Witzel pronto circuló en los medios sociales: era la tercera figura, rechoncho, puño alzado, micrófono en mano, inicialmente ausente en una fotografía ampliamente distribuida en la que aparecen dos fortachones vestidos con los colores nacionales y celebrando que han hecho caer y destrozado una placa callejera que abogaba por renombrar una plaza de Río de Janeiro en homenaje a Marielle Franco, la activista de derechos humanos y regidora de la ciudad que fue asesinada a tiros el 14 de marzo de este año.

De los otros dos hombres, uno fue elegido para la Asamblea Legislativa habiendo obtenido más votos que ningún otro candidato, el otro ocupará su cargo de diputado federal a partir de enero (será uno de los 52 del partido de Bolsonaro, el PSL, que hasta ahora contaba solo con ocho diputados).

Durante semanas Witzel había sido uno más de los muchos candidatos con menos del diez por ciento de intención de voto. Su ascenso repentino se atribuye a su apoyo a Bolsonaro y a la campaña invisible (para aquellos que no son simpatizantes potenciales) que este último ha realizado en las redes sociales, centrándose especialmente en los grupos de WhatsApp.

En un país con más de 208 millones de personas, 120 millones tienen una cuenta de WhatsApp. La campaña se ha dirigido de manera exitosa a grupos de WhatsApp relacionados con deportes como las artes marciales y los maratones, por ejemplo, así como grupos pertenecientes a iglesias pentecostales.

Los seguidores de Bolsonaro reciben fake news directamente a través de los grupos de WhatsApp cuyos administradores muchas veces tienen números de teléfono estadounidenses. 

Un ejemplo de la efectividad de las fake news en estos grupos es la reacción de la campaña de Bolsonaro a las manifestaciones del 29 de septiembre organizadas por mujeres bajo el eslogan “Él no”. La campaña de difusión de fotografías de manifestaciones de prostitutas y comentarios sexistas sobre las manifestantes por parte de Eduardo Bolsonaro consiguió, sorprendentemente, que se incrementara el apoyo a Bolsonaro por parte de las mujeres.

Los seguidores de Bolsonaro reciben fake news directamente a través de los grupos de WhatsApp cuyos administradores muchas veces tienen números de teléfono estadounidenses. Cuando las fake news se repiten en otra parte (en la familia, la iglesia, los clubs sociales) su veracidad parece garantizada. El intento de traer a Brasil la empresa Cambridge Analytica (la que robó los datos de Facebook para manipular a los votantes en las campañas presidenciales de Estados Unidos y en el voto sobre el Brexit) fue efímero.

En agosto de este año el congresista Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, anunció que Steve Bannon actuaría como consejero de campaña de Bolsonaro “dando consejos sobre internet, interpretando datos, ese tipo de cosas” y se uniría a la lucha contra el “marxismo cultural”. En septiembre, la campaña de Bolsonaro contrató a Arick Wierson, productor de televisión condecorado con un premio Emmy y antiguo asistente de comunicación del entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Parece ser que el rol de Wierson era suavizar la imagen del candidato.

El éxito de todo esto ha sido considerable y el 10 de octubre Bannon dijo en una entrevista que El Movimiento, entidad que está organizando para el intercambio de ideas y “herramientas para la victoria” entre los partidos nacional populistas (principalmente europeos), podría incluir a Brasil.

Esas herramientas explican el ascenso de Witzel, pero este también se debe a una particularidad de las elecciones en Brasil, la de que a cada candidato se le asigne un número, no el nombre, el cual debe ser recordado por el votante cuando sea llamado a la máquina de votación. En unas elecciones en las que se presentan muchos candidatos es fundamental llevar a la cabina de votación una lista con los números y evitar así votar a la persona equivocada o anular el voto por error.

Esto significa que una gran cantidad de personas que, aunque están obligadas a votar, no se interesan por la política, aceptan sugerencias en forma de lista de candidatos. Las iglesias pentecostales juegan un papel importante, distribuyendo listas de los candidatos que estas aprueban. Existe el rumor de que Eduardo Paes había figurado para candidato a gobernador en estas listas de las iglesias, pero que su nombre fue retirado justo antes del 7 de octubre dejando solo a Witzel.

La búsqueda de seguridad

La campaña de la extrema derecha se basa en responsabilizar al Partido de los Trabajadores (PT) por la corrupción endémica que desde hace tiempo forma parte de las negociaciones entre las élites políticas y económicas, y en culpar a esta corrupción de la crisis económica actual.

La Operación Lava Jato apuntó a oficiales del gobierno del PT y lanzó una campaña para encarcelar al ex presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, reiterando las acusaciones que se basaban en el testimonio que dio el ejecutivo de una empresa constructora a cambio de una reducción de su condena.

La prensa dominante, cuya propiedad está concentrada en siete familias y algunas iglesias, continúa canalizando la ira de la población por la crisis económica contra el ex presidente Lula, los años del PT en el poder y la izquierda en general.

La persecución judicial contra el PT y el persistente silenciamiento del ex presidente Lula, quien de manera consistente lideraba las encuestas para las elecciones presidenciales, han sido cuestionados por organismos de la ONU y reconocidos intelectuales como Noam Chomsky o Adolfo Pérez Esquivel, sin gran efecto en Brasil.

El sentimiento anti PT es por tanto un factor político, y en respuesta a las demandas de mea culpa por la corrupción en la que miembros del partido y oficiales del gobierno se vieron envueltos, la presidenta del PT Gleisi Hoffmann ha dicho que había una diferencia entre los partidos políticos y la Iglesia, pero que esa diferencia parece escapársele al sentido común. La prensa dominante, cuya propiedad está concentrada en siete familias y algunas iglesias, continúa canalizando la ira de la población por la crisis económica contra el ex presidente Lula, los años del PT en el poder y la izquierda en general.

La clase media se ha entregado a esta narrativa y hace tiempo que los límites del discurso razonable se han roto: se habla de la amenaza comunista, del modelo cubano, de que el PT es una organización para criminales, del futuro de Brasil como una posible réplica del colapso de Venezuela. Incluso el nombre de Marielle Franco se echa a las llamas de la hoguera de la indignación pública: la extrema derecha dice que fue asesinada por formar parte del submundo criminal.

Más se podría decir de la participación de un submundo en la democracia representativa de Brasil desde el inicio de los años 90 y su relación con las iglesias neopentecostales en las cárceles y en las favelas, o de sus diversas corrientes y organizaciones interconectadas, pero hasta aquí ya todo esto puede resultar inverosímil y, en cualquier caso, la realidad es aún más turbia. Las políticas sociales sobre la renta generaron prosperidad durante algún tiempo, pero el crecimiento cesó, la crisis internacional se hizo patente y todo el mundo salvo los ricos acusó el golpe.

En Río de Janeiro, donde Bolsonaro y su hijo Flávio (que acaba de ser elegido senador para los próximos ocho años) fueron particularmente exitosos, la investigación Lava Jato llevó a la crisis a Petrobras y a sus empresas contratistas, a la vez que se daba la caída del precio del petróleo. Esta misma investigación reveló que el ex gobernador Sérgio Cabral se habría embolsado cantidades ingentes de dinero durante las preparaciones del Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos.

En un gobierno de Bolsonaro, según el presidente de su partido dijo recientemente en una entrevista, cuatro o cinco del total de quince ministros serán generales.

Todo ello llevó a la quiebra al gobierno del Estado. Los funcionarios estatales, incluidos los maestros, soportaron retrasos de meses sin recibir sus salarios desde diciembre de 2015 hasta bien entrado el 2017, confrontados en las calles de Río por los gases lacrimógenos y las balas de goma de la policía antidisturbios, día tras día, mientras la Asamblea Legislativa reducía el costo de la nómina a sus expensas. La prensa no dijo nada.

Mientras tanto las ansias de algunos por un cambio radical y de otros por “mano dura” no podía más que crecer. Los militares entraron en escena. Hallaron un pretexto para una intervención militar en la ciudad en febrero de 2018. En un gobierno de Bolsonaro, según el presidente de su partido dijo recientemente en una entrevista, cuatro o cinco del total de quince ministros serán generales.

La atmósfera de violencia recogió sus extraños frutos la semana después de la primera ronda de las elecciones. El activista cultural afrobrasileño Moa fue asesinado en un bar de Salvador el día de las elecciones a manos de un votante de Bolsonaro que interrumpió una conversación con su hermano y un primo para iniciar una trifulca política. Pagó, abandonó el local y regresó minutos después para acuchillar a Moa por la espalda, doce veces. Este fue el caso más serio de los reportados por los muchos informes de violencia inspirados por el candidato Bolsonaro. 

La perspectiva desde las universidades brasileñas

Algunas de las políticas más eficaces del gobierno del PT para una mayor igualdad social y racial a largo plazo se centraron en la educación superior. Durante muchos años, desde el desmantelamiento de un sistema de escuela pública de calidad bajo el régimen militar de 1964-1985, el cuerpo de estudiantes universitarios estaba formado por graduados salidos de institutos privados y que eran, casi en todos los casos, blancos.

Las políticas designadas e implementadas por el candidato presidencial del PT, Fernando Haddad, cuando era ministro de Educación promovieron una mayor diversidad regional (el examen de ingreso se extendió a nivel nacional) y la admisión de un número mayor de jóvenes negros y pobres mediante cuotas de acceso a la vez que se incrementaba el número de plazas universitarias.

Hoy existe una generación de intelectuales negros con másteres y doctorados, estudiantes negros capaces de hacerse camino en un ámbito académico racista y de discutir el racismo en las clases donde antes reinaba el silencio indiferente o la amenaza.

En los últimos días del gobierno de Dilma Rousseff el ministro de Educación ordenó que, en los cursos de postgraduado de las universidades públicas, en donde se lleva a cabo gran parte de la mejor investigación y educación de Brasil, se incorporasen cuotas de acceso. La diversidad consiguió hacerse camino y hoy existen cuotas para las personas negras, con discapacidad y transexuales.

El gobierno federal interrumpió la dotación presupuestaria para las universidades federales a finales de 2015 y sorprendió a los rectores con la noticia de que el prometido dinero finalmente no iba a llegar. El reducido presupuesto para el 2016 tuvo que cubrir compromisos pendientes desde 2015 así como los costes operativos del año. Uno de los resultados de la reducción presupuestaria en mantenimiento fue el incendio del Museo Nacional. También se ha recortado el presupuesto para investigación, y a todos estos recortes se les ha dado carácter permanente en una reforma constitucional aprobada en diciembre de 2016 por la que los gastos federales en salud y educación se limitan a los niveles de 2016 ajustados por la inflación para los próximos veinte años.

Bajo un clima general de cinismo, el poder judicial ha exhibido su nueva fuerza e imputado por lo criminal a los administradores universitarios, divulgando investigaciones a la prensa sin tener en cuenta las consecuencias.

Por si esto fuera poco, existe un enmarañado de normativas ideadas contra la corrupción y una ley que atribuye a los administradores públicos responsabilidad individual ante el dinero público que controlan. Las presiones de calendario sobre los pagos hace que las normativas resulten difíciles si no imposibles de cumplir, de manera que lo natural es tratar de esquivarlas.

Un paso en falso, el incumplimiento de dichas normas puede suponer años de correspondencia con los tribunales de cuentas e incluso tener que asumir la responsabilidad individual del pago de multas y restituciones en casos en que de hecho nada ha sido robado o administrado incorrectamente. También existen ciertas malas artes, y las universidades a menudo disponen de fundaciones que se llevan una tajada de las subvenciones que administran y a veces el soborno de los subcontratos.

En este contexto y bajo el clima general de cinismo, el poder judicial ha exhibido su nueva fuerza e imputado por lo criminal a los administradores universitarios, divulgando investigaciones a la prensa sin tener en cuenta las consecuencias y, en algunos casos, demostrando que las acusaciones tuvieron motivaciones políticas, a veces derivadas de peleas internas.

El caso más lacerante es el de Luis Carlos Cancellier de Olivo, el recién elegido vicerrector de la Universidad Federal de Santa Catarina, quien murió tras lanzarse desde la séptima planta de unos grandes almacenes por saberse investigado y creer que nunca recuperaría su buen nombre. Nunca se encontraron pruebas incriminatorias contra él.

Fin del juego

Sin duda existen variaciones regionales a lo que aquí se ha descrito, así como versiones de esta historia que pueden ser contadas desde la perspectiva ventajosa de las instituciones. Pero la cuestión es el peligro de este momento. Solo una victoria de Fernando Haddad el 28 de octubre ofrece la oportunidad de devolver un gobierno legítimo a Brasil a través de nuevas y más amplias alianzas. Si Haddad pierde, el futuro no se presenta solo incierto sino aterrador.

La noche de la jornada electoral Bolsonaro dijo “vamos a poner punto final a todos los activismos en Brasil”.

Bolsonaro admira al torturador más temido del régimen militar, y aún está por condenar el asesinato de Marielle Franco. Está bien documentado su racismo, misoginia y homofobia, pero esto se ha minimizado por algunos de sus seguidores, y por otros se ha vendido como las necesarias rectificaciones al desvío moral imperante.

Bolsonaro pretende hacer más laxo el control sobre la policía dándoles “base judicial para ser más activos”. Ha dejado bien claro que eso significa matar a más gente. Ha amenazado con expulsar de Brasil a Amnistía Internacional para que “no interfieran en la vida de este país”. La noche de la jornada electoral dijo “vamos a poner punto final a todos los activismos en Brasil”.

No es infrecuente que Brasil ejerza de campo de pruebas de experimentos políticos y sociales. Cuando Temer llegó al gobierno en 2016 e instauró reformas y recortes algunos pensaron que el plan global era hacer de la población un mero mercado de consumidores para las aseguradoras privadas, de salud y de educación, servicios que antes eran responsabilidad del gobierno y que estaban sujetos a estricta regulación.

Pero pensar así era optimista. El teórico político y filósofo Achille Mbembe define el estado de guerra como “una experiencia cultural común que da forma a la identidad”, “la conformación de la imaginación” de África, cuya violencia es “una cuestión de la abolición, de una vez por todas, de la idea de la deuda con la vida. Esa muerte no es solo la del enemigo ni la de aquellos que han sido juzgados culpables. Lo es también de nuestro vecino, de las criaturas como nosotros”.

Jair Bolsonaro y sus soldados imaginan un estado de guerra para Brasil: ese es el experimento que esperan poder ofrecer al mundo, un experimento que sacrifica la convivencia por la crueldad, censura el criticismo y hace de la muerte una solución.

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Traducción de Gala Sicart-Olavide, miembro del Programa de Voluntariado de democraciaAbiert