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El 4 de abril, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) denegó un recurso de habeas corpus presentado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar su encarcelamiento antes de que se dicte sentencia definitiva sobre su condena.

Lula fue condenado en primera y luego en segunda instancia a 12 años de cárcel por corrupción, por aceptar supuestamente un apartamento como soborno por facilitar contratos dudosos con Petrobras, la compañía petrolera estatal de Brasil.

El problema con la condena de Lula es el uso de procesos judiciales como herramienta política al servicio de una agenda autoritaria. El discurso oficial se centra en la redención y moralización de la política, pero su proceder ignora los derechos fundamentales inscritos en la Constitución al invertir la carga de la prueba y poner en tela de juicio el principio mismo de juicio justo.

Los puntos que respaldan esta tesis son los siguientes: la sentencia del juez Sergio Moro no presenta ninguna evidencia concluyente del crimen de corrupción y lavado de dinero supuestamente cometido por Lula; los trámites del proceso en los tribunales se han acelerado en un tiempo récord y se han ignorado los derechos que prevé el derecho procesal; por último, el Supremo Tribunal ha hecho uso de una interpretación muy restrictiva de la ley al decidir sobre el hábeas corpus en detrimento de los intereses del acusado.

El juez Moro condenó al ex presidente Lula por delitos de corrupción y lavado de dinero aportando solo indicios de que un apartamento en el estado de São Paulo (conocido como el tríplex de Guarujá) podía ser propiedad de Lula.

La sentencia de Moro se basa en las siguientes pruebas: un borrador de propuesta de compra del apartamento firmado por la esposa de Lula; testimonios de personas que trabajaban en el edificio que dicen haber visto a Lula visitando la propiedad; y una serie de mensajes que algunos ejecutivos de la empresa constructora intercambiaron con un conocido de Lula – todo lo cual ofrece muy pocas o ninguna prueba sustantiva clara.

La confirmación de la sentencia por el Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4), es una medida destinada a evitar la prescripción del delito.

Los indicios que sostienen la sentencia de Moro son claramente insuficientes para probar que el apartamento sea propiedad de Lula, o que existe un vínculo entre la empresa constructora y Petrobras. Pero aunque la sentencia de Moro es parcial y carece de pruebas suficientes, el tribunal de segunda instancia - el Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4) - confirmó sin embargo la condena del juez aumentando la pena - una medida destinada a evitar la prescripción del delito.

El caso contra Lula ha sido también objeto de un trámite judicial acelerado sin precedentes, gracias a una serie de argucias legales. Todo el proceso hasta la acusación se hizo en apenas 9 meses, en lugar de los 18 a 30 meses habituales.

Y el decreto de arresto de Moro salió apenas 22 minutos después de hacerse pública la decisión del TRF-4 rechazando la apelación de Lula – decisión que este tribunal tomó bajo presión del Fiscal Federal, ansioso por reprimir cuanto antes el creciente apoyo público hacia Lula y evitar que éste, según El País, pudiera "manipular a las masas".

La decisión del STF sobre el recurso de habeas corpus presentado por Lula es un caso emblemático de interpretación restrictiva de la ley.

Al rechazarlo, el Tribunal permitió la implementación inmediata de la sentencia condenatoria, sin esperar a que se agotasen todos las instancias y plazos de apelación.

La decisión sobre el recurso de habeas corpus, que fue tomada por mayoría de los jueces del Supremo Tribunal, ha empujado al STF a deslizarse por una pendiente antidemocrática.

Ignoró la presunción de inocencia y limitó la posibilidad de defensa del acusado invocando como justificación la necesidad de purgar la impunidad y la corrupción. Pero esta decisión, que fue tomada por mayoría de los jueces del Supremo Tribunal, ha empujado al STF a deslizarse por una pendiente antidemocrática.

Reconocer estos abusos no implica, de ningún modo, plantear objeciones a la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones cada vez que se produzca alguna sospecha de corrupción, o tampoco sugerir que Lula debe estar por encima de la ley. Pero esto no quita que la forma en que se ha llevado a cabo este proceso socava el estado de derecho y pisotea muchas de las garantías y los derechos de los ciudadanos que caracterizan a las sociedades abiertas y justas - lo que indica persecución política.