Manifestantes protestan contra el actual presidente de Guatemala, Morales, en Guatemala, 20 de septiembre de 2017. Morales ha sido acusado de financiar ilegalmente sus campañas. Los manifestantes también protestan contra la corrupción en general. Foto: Jesús Alfonso/DPA/PA Images. Todos los derechos reservados.

Carlos Fuentes estuvo en Guatemala el 2001, invitado por UNICEF, para la entrega de los premios a la comunicación. En aquella ocasión dijo que la corrupción era la forma más ruin de robar a los pobres. Tiene razón. Más todavía si esos delitos se perpetran en un país con una gran mayoría de pobres - el 59% de la población, cifra que aumenta al 76% en el área rural - y en el que el 49% de los niños padecen desnutrición crónica.

En días recientes, Guatemala ha vivido protestas sociales masivas por denuncias de corrupción contra del presidente Jimmy Morales y la connivencia de 107 parlamentarios que promulgaron una ley que protege a los corruptos.

Estos dos hechos han generado el hastío de un abanico social que va desde los estudiantes hasta los pequeños empresarios, de las amas de casa a los profesionales. El hartazgo supera a lo político y la rabia va más allá de cualquier consideración ideológica. 

La ley que aprobaron los diputados elimina las penas de cárcel y las sustituye por multas para todos los delitos de la administración pública: peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y activo y otros delitos

Nineth Montenegro es activista de los derechos humanos con una larga trayectoria que comenzó un 18 de febrero de 1984, fecha en que desapareció su marido y ella se lanzó a la calle a reclamarlo pese a las amenazas del ejército nacional. Nineth es hoy jefa de la bancada parlamentaria del partido Encuentro por Guatemala.

La llamamos después de un día de paro nacional y de protestas para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y de los 107 que votaron la ley que consagraba la impunidad.

La diputada dijo que las manifestaciones populares han generado gran impacto desde el año 2015, pese a que las acusaciones no se pueden aclarar porque las autoridades se parapetan tras la inmunidad judicial.

La ley que aprobaron los diputados elimina las penas de cárcel y las sustituye por multas para todos los delitos de la administración pública: peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y activo y otros delitos.

La situación se agravó de tal manera que los jefes de partidos acordaron que las reformas son ilegales, inconstitucionales, impropias e inconvenientes

Resulta lamentable que solo trece diputados estuvieran en contra de la reforma. Seguramente esa fue la razón para que la misma noche que se aprobó la reforma, la población rodeara el congreso en una protesta espontánea.

La situación se agravó de tal manera que los jefes de partidos acordaron que las reformas son ilegales, inconstitucionales, impropias e inconvenientes. Pese a ello, no ha disminuido la tensión. Tanto es el malestar que varios restaurantes y establecimientos comerciales han declarado personas non gratas a los 107 diputados, prohibiéndoles el ingreso a los locales e incluso han puesto fotos suyas en los escaparates para señalarlos. Otra forma de repulsa son  los llamados escraches: la visita de la gente a las casas de los parlamentarios para insultarlos a voz en grito.

Desde el ministerio público, la Fiscal General, Thelma Aldana, probablemente va a presentar una nueva petición de antejuicio. En días recientes se han sabido dos cosas nuevas que ameritan la petición: la primera es que, desde el ministerio de la Defensa, se le entregaba al presidente un bono de seguridad de unos siete mil dólares mensuales que, sumados a su salario, uno de los más altos de América Latina, dan un total de 19.800 dólares mensuales. Dicho bono no tiene ningún asidero político ni acuerdo ministerial.

Se trata de un desatino presidencial más, como si la CICIG fuera la culpable del descontento popular en Guatemala

La segunda novedad es que un banco estaría involucrado en el financiamiento electoral de varios partidos y vuelve a mencionarse, entre otros, el nombre del presidente.

Si la petición de antejuicio se concreta, los parlamentarios deberán analizar detenidamente la situación, porque se hallan ante la disyuntiva de lo primero es el servicio al país o la defensa de una persona concreta.

La Fiscal General Thelma Aldana ha desempeñado un papel central en la lucha contra la impunidad y para ello ha contado con el decidido respaldo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). De aquí que no pocos involucrados se empeñen en desembarazarse de ambos.

Esto ayuda a entender por qué el presidente Jimmy Morales dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas que Guatemala espera que pronto junto se inicie la revisión del convenio de creación de CICIG para, según dijo, su correcta aplicación, para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y "evitar la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política". Acto seguido agregó que su gobierno es decididamente contrario a la corrupción. Se trata de un desatino presidencial más, como si la CICIG fuera la culpable del descontento popular en Guatemala.

El arzobispo de Ciudad de Guatemala, Óscar Julio Lian, pide tres cosas: depurar el Congreso, llevar a cabo el antejuicio al presidente y reformar el sistema político

El malestar ha llegado lejos. El arzobispo de Ciudad de Guatemala, Óscar Julio Lian, pide tres cosas: depurar el Congreso, llevar a cabo el antejuicio al presidente y reformar el sistema político.

Es en este deteriorado ambiente que una destacada académica guatemalteca de la Universidad de Harvard, Claudia Escobar, se hace varias preguntas: ¿Cómo elegimos a una clase política que sea capaz de legislar para beneficio de los ciudadanos? ¿Qué herramientas hacen falta para garantizar que el Estado sea administrado por funcionarios probos y competentes? ¿Cómo transformamos el Sistema de Justicia para que sea eficiente y transparente? En síntesis: ¿cómo se refunda el estado en Guatemala?

“Yo le diría que, aunque parezca que no es así, la miseria y la pobreza extrema que se vive en las aldeas más recónditas de este país son, de alguna manera, resultado del desconocimiento y de los votos del hambre, lo que se conoce como voto clientelar. Hablamos de más de la mitad de la población. Los partidos pagan a la gente por afiliarse y les sostienen mensualmente con alimentos. Los partidos grandes, por sus recursos económicos, son los que siempre han llegado al poder. Y ¿cómo obtienen los recursos? Ahora lo constatamos. Se trata de una práctica que viene de treinta años atrás”.

Y agrega Nineth Montenegro: “Nosotros somos de un partido pequeño, lo que tenemos es el voto urbano. Y con ello ¿qué logramos? Siete diputaciones. En el área rural, ¿qué es lo que dice la gente?: aquí hay hambre, miseria, desnutrición grave; aquí lo que queremos es comida, no nos interesa que nos hablen de política. Y tienen toda la razón: mientras no se resuelva la pobreza y la pobreza extrema, no es posible generar una verdadera ciudadanía. La gente necesita un plato de comida y certeza de tener un empleo. Por eso en Guatemala no hay verdadera ciudadanía, excepto en las áreas urbanas y en las localidades intermedias. Son las clases medias las que salen a manifestarse: estudiantes, profesionales... Aunque resulte dramático, si usted va a preguntar a una aldea del país, seguramente no saben que está pasando”. 

¿Es factible, tal como están las cosas, lograr que el diálogo sea realmente transformador y no una mesa para que todo siga igual?

La palabra de moda en Guatemala es diálogo. Muy bien, pero ¿es factible, tal como están las cosas, lograr que el diálogo sea realmente transformador y no una mesa para que todo siga igual?

“El diálogo”, dice Escobar, “siempre es saludable y fortalece. Y las crisis deben verse como oportunidad. Sin embargo, diálogo, en este caso… Mucha gente está pidiendo que se someta al presidente al antejuicio y que dimitan los 107 diputados, y entonces sí dialogar. Dialogar para ver cómo sentamos las bases mínimas para la refundación del estado”.

El problema, sin duda, es que la polarización puede agudizarse y, de ser así, los partidarios de la violencia pueden aprovechar la situación para imponerse.

“Es un tema que se discute mucho. Hay rumores, nada es seguro. Se habla de que el animal herido ataca, hace lo imposible por sobrevivir. Y eso podría ser lo que ocurriera aquí. Hay ataques, hay campañas de desinformación, hay descalificaciones… Se ha hecho creer que toda la lucha contra de la impunidad es de izquierdas y eso no tiene nada que ver. ¿Por qué lo hacen? Porque la sociedad, además del desconocimiento que impera en las aldeas, es altamente conservadora. El fantasma de la izquierda genera mucho rechazo. Es un arma que utilizan aquellos que se sienten amenazados: ponerle el sello de izquierda a cualquier cosa”.

Claudia Escobar apunta a que se dice también que, eventualmente, podría darse “algún hecho de sangre”. Y afirma: “Ojalá eso jamás vuelva a repetirse en Guatemala. Nunca más. Porque quienes vivimos la violencia política, quienes perdimos familiares durante el conflicto interno armado, sabemos lo que ha costado la transición a la democracia. Nos costó 45.000 desaparecidos y miles de personas muertas. Eso no se puede repetir”.