“Venimos para recuperar la tierra,” dijo Vicente Montanía, “Allá la vida es mucho mejor. Teníamos el monte, teníamos carne natural, pescado. Teníamos todo allá.” El joven líder indígena estaba sentado a la sombra de una de las más de veinte carpas improvisadas, hechas de lona y cuerda, esparcidas por la Plaza de Armas de Asunción, capital de Paraguay.

La escena que le rodeaba—fogatas, niños descalzos jugando sobre las baldosas—se había visto constantemente en esta parte de la ciudad, desde que aproximadamente 290 miembros de la comunidad Tacuara'i, pertenecientes a la etnia Ava Guaraní Chiripá, habían llegado a acampar en la plaza hacía seis meses. Habían emprendido el viaje de 400 kilómetros a la capital después de sufrir un violento desalojo de lo que dicen es su territorio ancestral en el este del país en octubre del 2018. Habían llegado a Asunción con la esperanza de que las autoridades les devolvieran sus tierras.

Tacuara'i—una comunidad sin hogar

“Allí murió mi abuela. También mi mamá. Y allí yo nací.”

Las mil hectáreas del territorio ancestral que reclama la comunidad Tacuara'i están ubicadas en el distrito de Corpus Christi en el departamento de Canindeyú, a menos de un kilómetro de la frontera con Brasil. Según Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), “Existe documentación a nivel del propio Estado sobre la presencia de los Ava Guaraní en el lugar hasta comienzos de la década de los ochenta.

En aquellos años, que corresponden con la época de la dictadura, el gobierno habría forzado un arreglo que no fue consultado ni consentido por la comunidad. Fueron desplazados hacia otras comunidades. Por lo cual, la demanda de titulación de esas tierras quedó virtualmente sin efecto y esas tierras pasaron a formar parte de la propiedad privada de al menos dos o tres empresas”.

Dado que durante la dictadura de 1954-89 de Alfredo Stroessner se regalaron de forma poco escrupulosa 6.744.005 hectáreas a amigos y aliados políticos del régimen, el despojo de las tierras de Tacuara'i no es ni sorprendente ni único.

En agosto del 2018, descendientes de las familias expulsadas—hijos y nietos—volvieron a Tacuara'i a tratar de recuperar el territorio perdido que ahora está en manos de sojeros brasileños. Después de su llegada, se dieron una serie de agresiones por parte de los sojeros, incluyendo la desaparición forzada de un joven llamado Isidoro Barrios; miembros de la comunidad afirman que vieron que lo torturaron y ejecutaron.

El 28 de octubre, pistoleros atacaron el asentamiento recién restablecido. Quemaron posesiones y desalojaron a la comunidad bajo amenazas. Sin otra opción, el grupo indígena realizó el viaje a Asunción en busca del apoyo de las autoridades. Se instalaron en la Plaza de Armas, que está a pocos metros del Palacio Legislativo del Paraguay—el edificio en el cual se reúnen tanto el Congreso como el Senado nacional.

Este gobierno no quiere saber

“Todos los ministros dijeron que esta tierra no es ancestral, es privada. Pero eso es mentira.”

Para Óscar Ayala, la validez del reclamo de la comunidad Tacuara'i es indudable: “Resulta absolutamente claro que hay numerosos indicios que vinculan a esta comunidad con estas tierras. Desde el punto de vista jurídico, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que las tierras reclamadas por los indígenas estén eventualmente en manos de terceros no impide que el estado tenga que atender esa demanda en tanto que la comunidad reclamante mantenga vínculos con ese lugar”.

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

A pesar de estas obligaciones jurídicas, y de los intentos continuos de establecer un diálogo por parte de la comunidad, los seis meses en la plaza se caracterizaron por el silencio del gobierno. Como menciona Mirna Robles, miembro de una red de apoyo ciudadana que se formó alrededor del grupo indígena, “Fueron prácticamente ignorados todo el tiempo. Estuvieron allí en la plaza al lado de las máximas autoridades del país y en ningún momento se les dio ninguna garantía en relación con lo que ellos pedían.”

Ayala explica: “Si bien Paraguay tiene una constitución que en relación a derechos de pueblos indígenas es relevante, no tiene un procedimiento jurídico adecuado que puedan utilizar las comunidades indígenas, como Tacuara'i, para demandar el reconocimiento de derechos sobre sus tierras.”

Pese a la orden específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el gobierno paraguayo aborde esta falta de procedimiento adecuado, no se ha observado ninguna señal de que esto suceda. Como resultado, las comunidades que afrontan problemas relacionados con la tierra se encuentran en el abandono.

Otra señal de la negligencia gubernamental hacia la población indígena es el subfinanciamiento crónico y la ineficiencia del personal del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)—la institución encargada de responder a las necesidades de los 116.000 indígenas de Paraguay (un 2% de la población total).

En relación al reclamo de la comunidad Tacuara'i, la presidenta del INDI, Ana María Allen, afirmó, “Están pidiendo algo que es imposible darles. Piden tierras ancestrales y ya escapa del INDI”. Después, dijo que era un grupo fraudulento que no tenía ningún vínculo con el territorio en cuestión.

En adición a este vacío legal, el INDI tampoco dio apoyo práctico a la comunidad durante su estancia en la plaza. Como resultado, tuvieron que afrontar hambre, pobreza extrema y temperaturas llegando a los 40 °C. Ayala afirma que la falta de provisión de seguridad produjo el asesinato de Francisco López, un joven indígena, el 24 de febrero, en circunstancias que aún no se han aclarado.

Un país gobernado por los ricos para los ricos

“Ya está plantada la soja. Es sojero. Por eso quiere esas tierras, ese señor.”

Una causa clave del conflicto por la tierra de Tacuara'i, como en muchos otros casos, según el Banco Mundial, es le demanda de extensiones de tierra cada vez más grandes para la producción de soja y carne por parte del sector de agriculura mecanizada. La adquisición—tanto de forma legal como ilegal—de cantidades enormes de tierra por un pequeño número de individuos ha hecho que Paraguay tenga el nivel más elevado de desigualdad de tenencia de la tierra del mundo.

Luis Rojas, investigador del desarrollo rural en Paraguay, dice que el gobierno ha estimulado activamente la concentración de la tierra para la agricultura industrial por encima de cualquier otro uso. Menciona que los bajos impuestos rurales, las leyes ambientales permisivas, la alta corrupción y los intereses personales de los políticos favorecen a los terratenientes.

Esto ha producido mucha tensión con otros sectores que dependen de la tenencia de la tierra, como las comunidades indígenas, y explica la falta de voluntad por parte del Estado por interactuar con grupos que presentan quejas, como Tacuara’i.

En relación a los conflictos por la tierra entre los terratenientes y los sectores marginados, Rojas dice, “Terminan aplicando la ley no según lo que la ley establece, sino según la cara del cliente. Entonces, la mayoría de los conflictos de tierra se van resolviendo en el poder judicial a favor del terrateniente”. Esto ha contribuido a la creación de una situación en la cual 145 comunidades indígenas enfrentan problemas relacionados con la tierra en el país, según un informe de las Naciones Unidas.

Ni siquiera las instituciones internacionales han podido imponer la justicia en Paraguay. El estado paraguayo no ha implementado, o ha implementado de forma incompleta, tres fallos a favor de grupos indígenas pronunciados por la CIDH.

Las autoridades paraguayas también han empleado el sistema jurídico como herramienta para debilitar a los movimientos. Un informe de Amnistía Internacional del 2018 identifica la criminalización sistémica de los líderes de grupos marginados que luchan por sus tierras. Este fenomeno se puede observar en el caso de Tacuara'i: una orden de captura de origen dudoso fue empleada para detener a Derlis López, uno de los líderes principales de la protesta.

Aliados de la ciudad y del campo

“Ni un solo representante viene acá. Solamente nos ha ayudado la ciudadanía. nos apoyaron mucho. El gobierno, nunca.”

La comunidad Tacuara'i formó varios vínculos fuertes durante el tiempo que pasó en la Plaza de Armas. Recibieron apoyo de un colectivo de la ciudadanía que proveyó comida y difundió información sobre la situación. Además, un movimiento indígena más amplio empezó a surgir; grupos indígenas de distintas zonas de Paraguay usaron sus voces para apoyar la protesta de Tacuara'i tanto desde sus propias regiones como en la capital. Sin embargo, estas conexiones no generaron presión política suficiente como para obligarle al Estado a negociar.

Julio Benegas, periodista que ha escrito ampliamente sobre los conflictos por la tierra en Paraguay, lamenta que la comunidad no haya recibido más ayuda: “No se entendió que Tacuara'i era un símbolo demasiado importante. Si nosotros tenemos una ocupación de seis meses de gente que resistió las balas de los sicarios y las muertes de dos de sus hermanos; ¿cómo es posible que el movimiento popular no entienda que esa lucha podíamos ganar, y debimos haberlo ganado? Podría haber sido el inicio simbólico de la recuperación de la dignidad.”

Después de medio año en la plaza, un apoyo notable por fin llegó. Vino en forma de una alianza con la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI)—una organización campesina que también realiza reclamos relacionados con la tierra. El sector campesino también ha tenido que afrontar un abandono estatal intenso y una exclusión de la tenencia de la tierra. Históricamente, ha sido mucho más organizado y numeroso que el sector indígena.

El 24 de marzo, la alianza de campesinos e indígenas negoció un acuerdo con las autoridades. En cuanto a las demandas de los indígenas, el gobierno se comprometió a empezar a buscar una solución para el conflicto de Tacuara'i. En adición, organizó la estadía temporal de la comunidad en otro poblado indígena. Las carpas que estaban en la plaza fueron abandonadas esa misma noche; llevaron a los de Tacuara'i a la otra comunidad. Se había acabado la protesta.

La unión hace la fuerza

No es solamente Tacuara'i que tiene el problema; 90 comunidades indígenas tienen amenazas de desalojo. ¿Y adónde van los indígenas desalojados?

Benegas se siente escéptico ante este acuerdo: “Ellos cerraron un acuerdo, se crearon esas mesas de negociaciones largas, interminables que yo conozco. Yo conozco eso y no lleva a ningún lado, es básicamente la muerte de esa lucha. Este poder te juega así.”

El acuerdo no garantiza la recuperación del territorio ancestral de Tacuara'i. Se verá si el gobierno, tras la lucha extendida de los inígenas, cumple con su compromiso. Sin embargo, el acuerdo si demuestra un punto importante: la presión política de grupos organizados que cuentan con apoyo puede obligarle al Estado a negociar.

Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de construir una mayor estructura de apoyo para los conflictos por la tierra de los pueblos indígenas; una estructura sólida que realmente pueda logar los resultados deseados de forma rápida al interactuar con el Estado. Se debería contar con la involucración de las organizaciones rurales, la población urbana, las ONGs (cuya ausencia relativa se notó en el caso Tacuara'i) y la comunidad internacional.

El caso Tacuara’i ha demostrado lo siguiente: solo una fuerte presión colectiva permitirá que se ganen casos individuales y llevará a la deconstrucción del sistema institucionalizado de discriminación y negligencia que despoja a los indígenas de sus tierras y sus derechos.