El presidente de Ecuador Lenín Moreno decidió acabar con el asilo a Julian Assange, garantizado por su predecesor Rafael Correa. Esta decisión, difícil y controvertida, empieza a desbloquear el futuro de una incierta espera de 7 años que se ha convertido en una odisea para el fundador de Wikileaks, y en una causa de movilización en todo el mundo.

Más allá de un espectáculo orquestado por medios y gobiernos para desprestigiar a un Assange ya muy debilitado, el debate real debe girar entorno a la libertad de expresión y los límites de la democracia.

La lucha original de Julian Assange como activista por la libertad de expresión a través de su proyecto Wikileaks ha acabado convirtiéndose en un complicado pleito judicial que involucra los gobiernos de Estados Unidos, Suecia y Ecuador. Lo que era un proyecto brillante que debatía sobre el periodismo y la democratización de la información, se ha convertido en una causa judicial de múltiples aristas.

En principio, Wikileaks cumple con su misión de ser un sitio de periodismo de interés público dedicado a la denuncia de abusos gubernamentales a través de la filtración de documentos sensibles. Ahora se enfrenta a una supuesta trama de conspiración y acusación de piratería que podría acabar con una condena de 5 años a su fundador en una cárcel de Estados Unidos.

De entre los más de 10 millones de documentos clasificados que filtró Wikileaks, y que han creado presión por socavar los principios de protección de fuentes periodísticas y la libertad de expresión, hay algunos que sembraron dudas sobre si su verdadera intención era la transparencia y la exigencia de rendición de cuentas, o impulsar una agenda política dudosamente democrática de algunos actores, estatales o no, que aprovecharon Wikileaks para fines espurios.

La potencial extradición de Assange , que teme acabar como otro famoso “whistleblower”, la soldado Manning, se juega entre la desconfianza sobre la independencia del sistema judicial de Estados Unidos, la posibilidad de que se retomen las acusaciones desde Suecia de abuso sexual a dos mujeres, y la posibilidad de un proceso en principio más justo desde la Unión Europea.

Sin embargo, detrás del caso Assange se encierran connotaciones geopolíticas y de relaciones diplomáticas que cuestionan la capacidad de los gobiernos para proteger y promover las garantías democráticas y la libertad de prensa cuando son atacadas por proyectos como Wikileaks.

Cambio de gobierno: fin de asilo

Rafael Correa, hoy expresidente de Ecuador, fue durante muchos años sinónimo de defensor del mejor periodismo con la decisión de brindar asilo a Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Con ese acto, desafió a la justicia Estados Unidos que pedía responsabilidades a Assange y que durante siete años busco la mejor estrategia para no archivar la causa.

El cambio de ciclo político consolidado hace un año con la elección de Moreno a la presidencia, dejó en vilo a Assange, cuyo comportamiento en el interior de su confinamiento en Londres empezó también a deteriorarse, junto a su salud, poniendo en problemas a la diplomacia ecuatoriana. Después de algunas negociaciones con Estados Unidos en busca de garantías, Moreno decidió retirar la protección a Assange y entregarlo a la justicia inglesa para empezar un complicado proceso de judicial.

Los cambios políticos en Ecuador han sido sin duda un factor decisivo en el destino de Julian Assange. En el fondo su captura representa que Assange es también una víctima colateral de la lucha por el poder en Ecuador.

Más allá de si su comportamiento problemático y las aparentes violaciones del acuerdo de asilo fundamentan o no su detención y entrega a las autoridades británicas, debemos preguntarnos por los intereses que ejercieron la orden de busca y captura que pesaba sobre Assange.

¿Y ahora? ¿Un juicio justo?

El caso de Assange representa ahora un desafío emblemático entre las contradicciones del sistema. Por un lado, la lucha por conseguir sociedades más libres que accedan sin restricciones a la información de forma transparente y la capacidad de los gobiernos de ocultar información, tomar decisiones secretas y no revelar lo que consideren sensible, hurtando así el derecho a la información y a la transparencia.

El fin del asilo y protección pone sobre la mesa hasta qué punto un juicio a Assange no será un juicio políticamente cargado y por lo tanto injusto.

Assange cometió el error de no hacer frente a las primeras acusaciones de abusos en Suecia, que seguramente habrían resuelto la cuestión rápidamente. Refugiarse en la embajada ecuatoriana por temor a que la justicia luego lo extraditara a Estados Unidos dadas las acusaciones de revelación de secretos fue una equivocación.

Siete años de confinamiento le convirtieron también en instrumento político para unos y otros, que lo utilizaron no siempre con la finalidad de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas original de Wikileaks que tantos apoyos le ha ganado.

Pero son tantos los intereses políticos por castigarlo que veremos hasta qué punto las presiones para una condena por piratería o conspiración a Assange no hagan cegar a la justicia. Es evidente que el impacto político de destapar verdades ocultas sobre la forma en la que operan gobiernos como el de Estados Unidos no es despreciable.

Reporteros Sin Fronteras ha expresado que el Reino Unido no debe extraditar a Assange y debe buscar que prevalezca la libertad de expresión y la protección de fuentes periodísticas.

Pero la realidad es que Assange ya fue declarado culpable por evadir la justicia durante 7 años, y ahora espera su primera comparecencia el próximo 2 de mayo ante la corte de Magistrados de Westminster para abordar su posible extradición.

Edison Lanza, relator para la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone el acento en la cuestión de fondo: más allá del rol (de Assange), lo verdaderamente importante aquí es el principio de que los periodistas no deberían ser penalizados por publicar información de interés público (aun si era reservada)”.

¿Pero qué pasa si esta información luego pueda ser utilizada con fines políticos no precisamente democráticos por gobiernos u otros actores no estatales que se distinguen por su falta de respeto a la libertad de información? Ese es otro asunto, que debería hacer reflexionar, pero no condicionar un juicio justo par a Julian Assange.