Una palabra que se ha utilizado en las redes sociales para describir el aumento de la violencia policial en Brasil llama la atención: genocidio.

El uso del término se ha visto más intensamente esta semana cuando el país intenta describir su asombro por la muerte de la pequeña Ágatha Félix de 8 años, que aparentemente recibió un disparo policial en la espalda el último viernes, 20 de septiembre, en una comunidad pobre de Río de Janeiro.

“Genocidio. Esto es lo que está pasando en Brasil con este gobierno. ¡Lo peor! ¡Con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos! No solo las personas han sido asesinadas. Ecosistemas enteros han sido destruidos por este sistema. No quedará nada ... solo odio y miseria,” escribió en inglés un usuario en la página de Instagram de The Economist, en un posteo sobre el tema.

Otro comentario justo abajo simplemente dice, también en inglés: “Es un genocidio”.

¿Estamos viviendo un genocidio en Brasil? El término fue acuñado a mediados del siglo XX por el abogado judío polaco Raphael Lemkin para describir la masacre de judíos durante el Holocausto. En 1948, las Naciones Unidas clasificaron el genocidio como un crimen al aprobar la Convención para la prevención y represión del delito de genocidio.

Para que un crimen sea juzgado como genocidio, la ONU ha establecido algunos criterios que lo definen como tal. Esta definición, muy estricta y específica, incluye matar a miembros de un grupo étnico, religioso, nacional o racial; causar daños físicos y/o mentales; infligir deliberadamente en este grupo un estilo de vida con la intención de destruirlo; imponer medidas para evitar el nacimiento de nuevos miembros de este grupo; y la transferencia de niños del grupo a otro grupo.

Se puede argumentar que la licencia para matar que tienen las fuerzas armadas y policiales brasileñas se aplica a casi todos, si no a todos, los criterios mencionados, aunque probar la intención o la premeditación es judicialmente complejo.

Pero si miramos los casos clásicos de genocidio – el Holocausto, el Genocidio Armenio, el Genocidio de Ruanda – vemos que están caracterizados por eventos específicos que ocurrieron durante un período determinado. En este contexto, la realidad brasileña difiere de otros casos.

La muerte sistemática de poblaciones negras no es un evento por el que estamos pasando ahora, sino una realidad permanente, que se da desde que los primeros africanos tocaron las costas indígenas de Pernambuco en 1539.

La expectativa de vida de un negro en esa época era de muy pocos años, que morían exhaustos y eran reemplazados por negros en mejores condiciones, recién traídos de África. Tras siglos de abuso sistemático, la esclavitud culmina en los esfuerzos para eliminar la raza negra a través de las tesis de blanqueamiento racial, que surgen a mediados del siglo XIX, incluso antes de la prohibición de la esclavitud en Brasil.

No es de sorprender que entre los intelectuales brasileños que defendían la tesis del blanqueamiento racial, uno de los más destacados fue precisamente un antropólogo y médico de Río de Janeiro. En 1911, João Baptista de Lacerda participó en el Congreso Universal de las Razas en Londres, al que contribuyó con el artículo Sur les métis au Brésil, en el que defendía el mestizaje como una forma de hacer que los rasgos europeos prevalezcan sobre los africanos e indígenas.

Las tesis de blanqueamiento perdieron apoyo académico e institucional después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte a través de la intervención de organismos internacionales como la ONU. Como la población brasileña todavía hoy está compuesta por más del 50% de negros y mulatos, es evidente que el mestizaje no tuvo la capacidad de "blanquear" el país.

Desde entonces, hemos ajustado la tesis a un tratamiento violento, en el que el mestizaje es reemplazado por la criminalización de las poblaciones, lo que ofrece una justificación institucional para el asesinato indiscriminado.

Ágatha, al recibir un disparo en la espalda dentro de una camioneta cuando regresaba de un paseo con su madre, es otra víctima de este intento de acabar con la población negra y pobre. Cuando el presidente Jair Bolsonaro dice que "bandido bueno es bandido muerto", todos sabemos a qué se refiere como "bandido".

Volviendo a la definición de genocidio, uno de los puntos incluye infligir un estilo de vida que ponga en riesgo la supervivencia. ¿No está esto cubierto por nuestra discriminación judicial histórica, que obliga a la población negra a la miseria? Las favelas son el resultado de la exorbitante desigualdad social que existe en Brasil, un tema que preocupa el gobierno.

Forzamos a los negros a la pobreza y luego los culpamos por el narcotráfico. Este es el resultado de una política histórica de criminalización, que no es más que una justificación para el asesinato sistemático. Durante el evento Ocupa Política de este año en Recife, una participante de la ronda de diálogo, "El anti prohibicionismo como una estrategia para defender las vidas de los negros", preguntó retóricamente al grupo si la limpieza racial realmente había acabado en Brasil.

La respuesta es no. Los brasileños lo sabemos. No es casualidad que la muerte de Agatha haya revivido discusiones sobre el paquete de medidas anticrimen del ministro de Justicia Sergio Moro, que no superó el escrutinio. El paquete intentaba incluir amparo legal para policías y los oficiales armados que maten civiles en la lucha contra el crimen, lo que habría sido el caso en la muerte de Agatha.

El miércoles pasado (25), un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes revocó la llamada exclusión de la ilegalidad propuesta en el paquete anticrimen de Moro. Pero incluso a la sombra de la tragedia de Ágatha, y sin mostrar ningún sentimiento por la muerte de la niña, Moro siguió defendiendo su proyecto a pesar de todo.

Nuestros temores se confirman a través de los números. Las muertes en acciones policiales en Río de Janeiro aumentaron en un 46% entre enero y junio de este año en comparación con el mismo período del año pasado. Por cada policía asesinado, 89 civiles pierden la vida, una correlación que nunca ha sido tan alta. Solo este año, cinco niños menores de 12 años fueron asesinados por la policía en operaciones en Río de Janeiro. El número de muertos por intervención policial en la ciudad es el más alto en los últimos 20 años.

Podemos discutir las intenciones del gobierno y sus medidas tanto como queramos. Pero los números apuntan a un asesinato sistemático de la población de favelas, en su mayoría negra y mulata. ¿Genocidio? El caso brasileño va más allá. ¿Cuáles son las posibilidades de que estas víctimas sean reconocidas y de que los responsables de tanto su sufrimiento sean llevado ante la justicia? Yo diría que ninguna.