Virus del Zika. Public Domain.

Ante las alarmantes (y discutidas) conexiones entre el virus Zika y la microcefalia infantil, el Ministro de Sanidad de El Salvador ha recomendado a las mujeres que retrasen sus planes de embarazo durante dos años; recomendaciones similares fueron hechas por las autoridades en Brasil, en Colombia y en Jamaica. Y el 1 de febrero, la Organización Mundial de Salud declaró que el virus supone una emergencia de salud pública a nivel mundial.

Defensores de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, se han opuesto a las recomendaciones del gobierno del El Salvador relativas a la planificación familiar: en El Salvador, el aborto está tipificado como un delito, sin excepción alguna.

Es importante tener en cuenta el contexto. En 2009, el izquierdista Farabundo Martí, candidato del Frente de Liberación Nacional (FMNL) fue elegido presidente del El Salvador, dando por terminado un periodo de 20 años en el poder de la Alianza Nacional Republicana (ARENA), un partido de derecha apoyado por los Estados Unidos. La victoria del FNML supuso la primera vez en la historia de El Salvador en la que una administración progresista gobierna los destinos del país. En 2014, el partido obtuvo un nuevo mandato de 5 años.

Desde que ocupó el poder en 2009, el FMLN suposo avances sin precedentes para la salud de las mujeres – raramente vistos tanto a nivel doméstico como internacional. La reforma del Sistema Nacional de Salud en 2010 estableció más de 600 clínicas de salud comunitarias en zonas rurales y aisladas, donde los proveedores de salud proporcionan cuidados antes y después y del parto en el mismo domicilio de las mujeres. Más allá de esto, el número de mujeres que buscó servicios ginecológicos en clínicas públicas aumentó de 30.154 en 2009 hasta 313.521 en 2014. Estos programas, juntamente con la creación de centros pre-natales para mujeres que viven en áreas aisladas, redujeron la mortalidad materna en un sorprendente 68% desde 2009.

En esta línea, el gobierno del FMLN inauguró el Hospital Nacional de las Mujeres para reemplazar la antigua Maternidad, que se fue deteriorando desde el terremoto de 2001. El FLMN también implementó un modelo innovador de servicios (Women´s City) que proporciona cuidados de salud mental y reproductiva, apoyo legal, cuidado infantil, créditos y formación en seis instituciones distribuidas por el país, esperándose que sean inauguradas tres instituciones más en 2016. Y la legislación promovida por el FMNL, que incluye un Plan de Igualdad de Género, Equidad, la ley de no-discriminación y la ley “Vive Libre de Violencia”, ofrece un importante marco legal para los defensores de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general.  

Pero estos increíbles avances contrastan con la persistente criminalización del aborto en El Salvador. En 1997, durante una legislatura dominada por la derecha, se votó a favor de criminalizar el aborto sin excepción alguna, juntándose El Salvador a Honduras, a Nicaragua, a Chile y a la República Dominicana en un vergonzoso club regional que prohíbe de forma absoluta el aborto. En dicho momento, el FMLN se dividió. Algunos diputados se juntaron a la derecha en favor de la criminalización del aborto; otros votaron en contra. Desde la vigencia de la ley en 1998, muchas mujeres fueron forzadas a poner fin a su embarazo de forma clandestina y/o insegura. Más de dos docenas de mujeres fueron encarceladas por homicidio u aborto – mientras que otras tantas fueron detenidas mientras buscaban cuidados médicos tras sufrir abortos espontáneos. Con tanto progreso en otras áreas relacionadas con los derechos de las mujeres, ¿cómo puede dicha prohibición seguir de pie?

El día 3 de febrero me senté con Sara García del Grupo Civil para la descriminalización del Aborto en San Salvador, para hanlar sobre el movimiento que defiende la justicia reproductiva y las dinámicas del poder que se encuentran tras una de las más restrictivas leyes antiaborto que existen. Las líneas que siguen son fragmentos de nuestra conversación.

¿Puede empezar por explica qué es el Grupo Civil para la descriminalización del aborto?

El Grupo Civil para la descriminalización del aborto emergió en el marco de una conferencia bilateral que tuvo lugar en Nicaragua. El Salvador y Nicaragua tienen legislaciones muy parecidas; en ambos países no hay alternativas al embarazo, ni siquiera cuando la vida o la salud de las mujeres se encuentran en riesgo. Por lo que en 2009 se organizó una conferencia de organizaciones de carácter social para discutir las medidas a tomar para enfrentarse esta situación.

Karina no sabía que estaba embarazada, y entonces perdió el feto, y cuando llegó al hospital, básicamente fue acusada de haber “cometido un homicidio”. También en 2009, después de extensas movilizaciones sociales, logramos liberar a Karina, que estuvo detenida durante siete años y medio.

Muchas compañeras feministas que luchan por los derechos de las mujeres ya conocían este caso mucho antes del 2009. Estudiaron el tema, lo documentaron y reconstruyeron lo que sucedió. Karina era una joven mujer que había recurrido a los servicios públicos de salud – los mismos en los que había sido esterilizada. Y después quedó embarazada. Ella no sabía que estaba embarazada, pero perdió el embarazo, y cuando finalmente llegó al hospital para recibir cuidados médicos fue acusada de haber “cometido un homicidio”. El sistema atribuye la culpa a las mujeres por el mero hecho de serlo, violando de esta forma la presunción de inocencia. Después de analizar las sentencias, las activistas lograron probar que Karina era inocente, que habían existido errores durante el procedimiento judicial y que la condena reflejaba claramente una práctica de discriminación de género que tuvo como consecuencia una condena injusta.

No siempre ha sido así en El Salvador. Antes del 1998 existían alternativas. El aborto terapéutico era reconocido como excepción, cuando la vida o la salud de la mujer estaba en peilgro. También el aborto ético – cuando el embarazo era el resultado de violencia sexual. O el aborto eugénico, cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina. Estas tres excepciones se aplicaban hasta el 1998, año en que entró en vigencia la prohibición. En 1999, otro cambio importante a nivel constitucional vino a empeorar aún más la situación, al reconocer que la vida humana empieza en el momento de la concepción. Estos dos cambios pretendían poner un punto y final en la discusión sobre los derechos reproductivos en El Salvador.

En medio de todo esto, un grupo de ciudadanos y compañeras de diversos medios –abogados, teólogos, psicólogos, filósofos – se pusieron de acuerdo y decidieron decir: “De acuerdo, nos unimos y analizamos cómo podemos resolver este problema”. Empezamos con la necesidad de luchar por las mujeres que están detenidas, por traerlas de vuelta, pero también por recuperar lo que teníamos. Como Grupo Civil, debemos recuperar los derechos que teníamos en este país. No estamos inventado nada nuevo, puesto que en 1998 ya imperaba una legislación que otorgaba alternativas en casos extremos.

Teníamos que ser capaces de construir una voz que no tratara al aborto como un pecado, sino como un derecho. Creo que intentamos construir un diálogo, teniendo en cuenta que estas leyes son tan tendenciosas (…). Al final, sin diálogo, si no escuchamos antes todas las voces, nunca construiremos la democracia o la justicia y paz de la que queremos hablar.  

Sara Garcia y miembros del Grupo Civil protestando contra las leyes anti-aborto en América Central (Fotografia de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto)

¿Quiénes son los actores y fuerzas políticas que obstruyen a día de hoy la justicia reproductiva en El Salvador?

El caso de Beatriz (en 2013) permite entender de forma clara cómo las mujeres tienen dificultades para acceder a la justicia reproductiva. Beatriz era una joven de 22 años, embarazada con un feto con anencefalia, es decir, que no tenía cerebro. Beatriz también sufría de lupus. Interpuso un proceso cautelar porque no podía legalmente interrumpir el embarazo. Diversas organizaciones de derechos humanos apoyaron su proceso. Sin embargo, éste fue traslado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que retrasó la decisión durante 81 días mientras la vida de Beatriz se encontraba en peligro. Le hicieron esperar una respuesta 81 días, y durante esos 81 días diversos actores intervinieron.

La Sala de lo Constitucional requirió una opinión del Instituto Nacional Forense, que dictaminó que Beatriz debería continuar con su embarazo, porque su vida no estaba en peligro. Esta decisión fue redactada por el entonces presidente del Instituto, Miguel Fortin Magaña, que nunca ocultó sus conexiones con el pensamiento del Opus Dei. Él mismo dijo a los medios de comunicación que “Beatriz podría sobrevivir, ella está bien”. Esto contradecía el documento firmado por un equipo de 15 médicos de hospital público donde Beatriz estaba ingresada, donde aseguraban que era necesario interrumpir el embarazo. El Ministro de Sanidad era de la misma opinión. Incluso el director del hospital criticó a Fortín Magaña por “inmiscuirse en los asuntos de los vivos. ¿Cómo puede un forense, que atiende a los muertos, decidir sobre los vivos, sobre si la vida de Beatriz corre peligro o no?”

Más allá de estos actores, estaban los grupos fundamentalistas, que llegaron a ofrecer ruedas de prensa donde aseguraban que ofrecerían sombreros al hijo de Beatriz para que ocultara el hecho de haber nacido sin cerebro. Es difícil de imaginar tal nivel de cinismo.

Beatriz era una mujer que tenía el apoyo del Ministro de Sanidad, que entendía su situación. Este caso demuestra cuán difícil es para las mujeres tener acceso a la justicia, puesto que los fundamentalistas lograron ocupar importantes posiciones en la administración y en los medios de comunicación, inclusive en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que pese a ser respetada en otras áreas, mantiene una deuda enorme para con las mujeres, los ciudadanos y los derechos humanos en general.

Al final, Beatriz logró interrumpir su embarazo, pero tan solo después de haber esperado todo ese tiempo. Es importante reflexionar sobre este caso, puesto que los obstáculos institucionales fueron activados por una ideología fundamentalista que terminó por materializarse en la legislación y en políticas que son tan absolutistas como absolutamente prohibicionistas.

El gobierno de El Salvador tiende de ser tratado por la comunidad internacional como algo monolítico, ¿pero qué podemos decir del rol del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo?

Sí, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Hablamos de un sistema judicial que tiene serios problemas por resolver, pero estoy segura de que este gobierno, que ahora se encuentra en su segundo mandato, ha tenido desde el principio la lucha por los derechos de las mujeres como algo central dentro de su visión política. Esto se ha visto claramente reflejado a través de una serie de programas que fueron implementados. Y me parece importante sacar a la luz estas contradicciones. El comportamiento del poder judicial, y de la Sala Constitucional en particular, que en mi opinión es lamentable, no puede ser extendido a toda la legislatura, que es diversa y no debe ser generalizada. Se tomaron medidas importantes durante la legislatura. Por ejemplo, el año pasado un diputado de izquierdas promovió una iniciativa para modificar el Código Penal y aumentar el castigo por crímines de carácter sexual (motivados por orientación sexual o identidad de género). Esto ilustra cómo se están produciendo cambios en el país que son importantes, cambios que nunca hemos visto antes – el tema de la diversidad sexual y los derechos de las personas LGBT supone otra deuda aún por pagar y que debe ser mencionada. Existe sin ninguna duda un esfuerzo progresivo para promover estos derechos, que históricamente han sido denegados.

Pese a todo, creo que la comunidad internacional – y también las organizaciones nacionales – deben continuar defendiendo estos derechos. Como he dicho antes, el tema del aborto se ha convertido en un tema políticamente peligroso de defender, pero al que se debería dar un giro de 360 grados: el riesgo político debería recaer sobre aquellos diputados que no están a favor de los derechos de las mujeres, o aquellos que no están a favor de salvar vidas en riesgo. Necesitamos convertir el aborto en un costo político.

El actual escenario en el Parlamento supone oportunidades; la presidenta (Lorena Peña, del FMLN), está implicada en la lucha de las mujeres por sus derechos. Creo que el hecho de que los diputados del FMLN tengan un compromiso histórico para con los derechos humanos puede favorecer la discusión, el debate y el cambio de la ley en 2016 – como un tema de justicia social y de salud pública. Incluso dentro de los partidos de derecha, existen divisiones, habiendo hablado algunos diputados sobre el tema del aborto y de la diversidad sexual.

Fotografia de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto

¿Y el Zika? ¿Cómo impactó el virus en el debate sobre el aborto? ¿Y cómo evalúas las acciones tomadas por el Ministro de Sanidad?

Ante la denominada emergencia del Zika, el Ministerio de Sanidad salvadoreño respondió con diversas acciones. Informó a la población sobre los riesgos del embarazo cuando existen altas probabilidades de contraer el virus, recomendando a las mujeres no quedarse embarazadas durante los próximos dos años. Para facilitar el acceso de las personas a la planificación familiar, incentivó la distribución de contraceptivos, y está también monitorizando y prestando ayuda a las mujeres embarazadas que han contraído el virus Zika. Hasta la fecha, ningún embarazo ha sido relacionado con microcefalia; pero el impacto de la epidemia no podrá ser evaluado hasta Agosto 2016. Al mismo tiempo, se han intensificado las campañas para erradicar el mosquito Aedes aegpti que transmite el Zika. El ministro de sanidad confirmó que la actual legislación prohíbe las mujeres infectadas con el virus Zika interrumpir de forma legal y segura el embarazo en el sistema de sanidad público.

Nos parece correcto que el ministro informe el público sobre los efectos del Zika en el feto cuando una embrazada contrae el virus. Sin embargo, consideramos que recomendar a las mujeres que eviten quedarse embarazadas es insuficiente y, por diversas razones, difícilmente puede lograrse. Primero, y sobre todo, porque es el Estado el que debería garantizar la salud de la población, erradicando enfermedades y riesgos de contagio, si bien la participación ciudadana también es importante a la hora de lograr tal propósito. La responsabilidad de quedarse embarazada no debería recaer solo sobre las mujeres, ya que en todos los embarazos participa un hombre, que también debería asumir sus responsabilidades. También debemos tener en cuenta que en El Salvador el 39% de los embarazos no son planeados, sobre todo debido a la falta de educación sexual y reproductiva, el difícil acceso a medidas contraceptivas y, en muchos casos, debido a violencia sexual, abuso, incesto o relaciones no consenstidas, que muchas veces acaban por ni siquiera ser castigadas.

Esta situación podría crear serios problemas de salud en El Salvador, teniendo en cuenta que el nacimiento de un alto número de niños/as con microcefalia requeriría servicios de educación especial y servicios de salud que el Estado debería garantizar. Más allá de esto, como en otros países de América Latina, podemos esperar un aumento en el número de abortos ilegales realizados por mujeres, que son incapaces de continuar el embarazo debido a deformidades fetales pero que no disponen de una forma segura y legal de poner fin al mismo – aumentando de esta forma la mortalidad materna.

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