Periodistas protestan el asesinato de su colega Gregorio Jiménez en Veracruz y de otros periodistas asesinados en Ciudad de México. 23 de febrero, 2014. AP Photo/Marco Ugarte. Todos los derechos reservados.

Dos periodistas fueron asesinados el pasado mes en México – doce en lo que va de año. El país es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas. Acoso, intimidación y ataques físicos ocurren allí con monótona regularidad. La corrupción y la impunidad persisten como principales obstáculos a que se haga justicia, y las autoridades locales y federales son aparentemente incapaces de hacer frente a la situación.

El país del hemisferio occidental más peligroso para los periodistas

En México, los periodistas hacen su trabajo a sabiendas que la verdad les puede costar la vida. Aurelio Cabrera Campos y Agustín Pavía fueron los últimos en pagar el precio más alto. El primero, fundador y editor de El Gráfico de la Sierra, fue muerto el 14 de septiembre mientras volvía a su casa, en Puebla. Dos días más tarde, el periodista radiofónico Agustín Pavía fue tiroteado al salir de su coche, en Oaxaca.

La vida privada de los periodistas suele apuntarse como motivo explicativo de su muerte, pero pocos se lo creen, entre ellos Emmanuel Colombié, responsable del despacho en América Latina de Reporteros sin Fronteras, que no duda en afirmar que “México se está convirtiendo en un cementerio para los periodistas”. Y exige más recursos para la protección de los periodistas y la localización de los asesinos. 

23 periodistas han desaparecido en México desde 2003 y 99 han sido asesinados por razones relacionadas con su trabajo desde el año 2000 – 26 de ellos, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. La situación no mejora. De hecho, el número de periodistas asesinados ha aumentado cada año desde 2013, mientras que solo el año pasado los ataques contra miembros de la prensa aumentaron un 21.8% -- uno cada 22 horas.

23 periodistas han desaparecido en México desde 2003 y 99 han sido asesinados por razones relacionadas con su trabajo desde el año 2000.

La violencia contra los periodistas suele provenir de organizaciones relacionadas con el narcotráfico. La relación entre las organizaciones criminales y los medios de comunicación locales es por lo general tensa, y éstas tienden a presionar a los periodistas para que realicen coberturas favorables. Cuando los periodistas no acatan, recurren a la violencia. La situación es tal que, según el Índice de Freedom House sobre Libertad de Expresión de 2016, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los miembros de la prensa”.

En la gran mayoría de los casos, el estado no es directamente responsable de los ataques a periodistas. Pero la corrupción a nivel local y la impunidad generalizada ayudan a explicar porque la tierra de los carteles se ha convertido en el país más peligroso del hemisferio occidental para los medios de comunicación, según el Índice World Press Freedom.

Los cárteles de la droga, los funcionarios del gobierno y las fuerzas de seguridad toman sin temor alguno a los medios como blanco, a la vez que los periodistas son plenamente conscientes que escribir sobre la corrupción, el crimen o la violencia puede suponer serias amenazas a su vida, sobre todo en estados como Veracruz y Oaxaca, pero también en Ciudad de México.

Impunidad generalizada

En México, la violencia contra los periodistas va de la mano de la impunidad. Después de que el fotógrafo Rubén Espinosa fuese asesinado el año pasado, 700 escritores enviaron una carta al Presidente Peña Nieto exigiendo soluciones para la situación de “extrema vulnerabilidad” en la que se encuentran los periodistas. La corrupción está tan extendida entre los funcionarios públicos, que los periodistas no tienen a nadie a quién recurrir. La desconfianza de los periodistas con las autoridades mexicanas explica por qué Rubén Espinosa ni siquiera se planteó acogerse al programa de protección del gobierno federal.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), “el 99% de los homicidios de periodistas en México quedan por resolver”. La impunidad se ha más que duplicado desde 2008, a la vez que las autoridades carecen de voluntad política o de capacidad para llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes.

Durante los últimos diez años, México ha creado la figura de un fiscal especial para delitos contra los trabajadores de los medios, ha aprobado leyes especiales para federalizar estos crímenes, y ha establecido mecanismos para proteger a los periodistas que estimen estar en peligro. Pero la realidad es que la cruzada de Peña Nieto contra la violencia y la corrupción relacionada con el narcotráfico no está teniendo impacto real.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, “el 99% de los homicidios de periodistas en México quedan por resolver”.

La legislación elaborada en 2013 facilitó la transferencia de los crímenes cometidos contra periodistas al sistema fiscal federal, con lo que la Oficina del Fiscal Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se hizo cargo de las investigaciones. Pero aunque a la Oficina se le concedió el poder y el marco legal para llevar a cabo su cometido, no lo ha hecho en la mayoría de los casos y, cuando lo ha hecho, menos del 1% de sus investigaciones preliminares han acabado en condenas.

La adopción de nuevas estructuras institucionales y de un nuevo marco legal no ha respondido a las expectativas, porque México adolece de una brecha de implementación endémica. Los fiscales estatales siguen siendo incapaces de llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes, mientras que los procedimientos legales a menudo padecen graves irregularidades.

Los periodistas mexicanos hacen su trabajo a sabiendas de que la verdad puede costarles la vida. Y que, lo más probable, es que nadie sea condenado cuando esto suceda.

Democracia en peligro

Proteger la libertad de la prensa no es algo que beneficie únicamente a los periodistas. La función de los periodistas es obligar a los gobiernos, las organizaciones y los particulares a rendir cuentas e informar a los ciudadanos. Y tener a los ciudadanos informados supone disponer de una democracia de calidad. Si no se rompe el ciclo de la impunidad y la violencia, la democracia corre peligro en México.

Las autoridades locales corruptas y las instituciones ineficaces son sólo una parte del problema. Desde que Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012, la libertad de expresión y de reunión se han visto limitadas. La violencia contra las personas que ejercen su libertad de expresión - desde activistas indígenas a periodistas independientes - ha aumentado, y se sabe que muchos funcionarios públicos han participado activamente en esta violencia en lugar de prevenirla.

Peña Nieto se comprometió a dejar atrás los fantasmas de México. Ha hecho todo lo contrario. La seguridad de los periodistas ha disminuido, la represión de activistas ha aumentado y la protección de los derechos humanos está lejos de alcanzarse. Los periodistas son sólo uno de los blancos de los ataques, aunque uno esencial para la democracia.

Peña Nieto se comprometió a dejar atrás los fantasmas de México. Ha hecho todo lo contrario.

El futuro de la democracia en México depende del futuro de su prensa. La violencia contra los periodistas debe entenderse como lo que es: un ataque contra los derechos humanos, las instituciones democráticas y el estado de derecho. Es un ataque contra el propio país. Hoy en día no hay un lugar seguro para los periodistas en México, del mismo modo que no hay un lugar a salvo de la corrupción y la violencia para sus ciudadanos. El apoyo ciudadano a las garantías democráticas básicas - entre ellas la libertad de expresión - y la presión sobre la clase política es el único camino adelante - para México, sus ciudadanos y sus periodistas.

Albert Camus dijo una vez que los periodistas "tienen que ir siempre demasiado lejos, porque es allí donde se encuentra la verdad". Ir demasiado lejos para encontrar la verdad viene con el trabajo. Recibir un disparo, sin embargo, no debería.

Al cierre de este artículo, una fotógrafa canadiense, Barbara McClatchie Andrews, ha sido encontrada muerta en una carretera entre Cancún y Mérida, lo que eleva el número de periodistas muertos este año en México a trece – por ahora.