Cocaína confiscada en Hamburgo, Alemania, 18 de noviembre de 2015, descubierta en un contenedor enviado desde América Central. Fotografia: Christian Charisius/DPA/PA. Todos los derechos reservados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha vuelto a listar a los siete países del istmo centroamericano como paraísos para el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y el crimen organizado. Es la primera vez desde 2013 que el Departamento de Estado, en su informe anual Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR por sus iniciales en inglés), incluye a Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en la lista de los principales países lavadores de dinero.

La novedad más importante en el informe de INSCR para 2017 - que recoge las tendencias y estadísticas del año anterior - es que El Salvador, Honduras y Nicaragua vuelven a estar en esta lista. El Departamento de Estado define a los que figuran en ella como países “cuyas instituciones financieras están implicadas en transacciones de dinero procedentes del tráfico internacional de narcóticos". Su análisis incluye, además del sistema financiero tradicional, instituciones no financieras y métodos de transacción alternativos.

Explica el INCSR que una de las principales dificultades que enfrentan los países centroamericanos para combatir el lavado de dinero es que sus sistemas de investigación criminal se demuestran incapaces de seguir el rastro del dinero asociado con el tráfico de drogas u otro tipo de transacciones criminales, como el tráfico de personas y de armas, o actividades legales que se utilizan cada vez más para el blanqueo de activos, como la contratación de grandes conciertos de música y las apuestas deportivas.

Estados Unidos considera que Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador - este último, dolarizado desde 2001 - son centros financieros importantes, en el que buena parte del blanqueo se efectúa a través de los bancos.

El caso de Honduras es muy ilustrativo de la relación entre agentes estatales y sindicatos locales del crimen. "Honduras no es un centro financiero importante. Aquí, el lavado de dinero se genera sobre todo mediante el tráfico en toda la región. El tráfico de personas indocumentadas hacia Estados Unidos, la extorsión, el secuestro y la corrupción generan también cantidades importantes de dinero a blanquear", dice el informe. Algo similar está pasando en Nicaragua.

El informe reitera, además, que desde la selva panameña del Darién, fronteriza con Colombia, hasta el río Usumacinta y las selvas de Petén en el norte de Guatemala, la cocaína sigue transitando abiertamente por tierra, agua y aire.

A través de Guatemala, señala el INCSR, transitaron el año pasado unas 1.000 toneladas de cocaína, cifra que podría incluso ser mayor si consideramos que, según cálculos de InSight Crime, sólo el año pasado se transportaron en Colombia, hoy por hoy el mayor productor del mundo, unas 1.350 toneladas de cocaína.

En Guatemala, además, el año pasado la producción de amapolas de opio registró una cifra récord, destinada a abastecer la creciente demanda de heroína en Estados Unidos. En 2016, el gobierno guatemalteco destruyó 17 millones de plantas de amapola.

Sobre todo en Guatemala, y en menor medida en Honduras, se detectó además un aumento del tráfico de los precursores químicos utilizados para convertir las amapolas de opio en heroína, pero también de los que se usan para convertir la hoja de coca en clorhidrato de cocaína.

Las cifras publicadas por Estados Unidos dan cuenta de un hecho que parece obvio, pero que a veces termina oculto tras las dinámicas de la violencia propias de Centroamérica, sobre todo en el Triángulo Norte de la región: el narcotráfico sigue siendo la causa principal del auge de economías criminales en los países del istmo, así como de buena parte de la corrupción estatal que las protege.

Desde mediados de la década pasada, los narcotraficantes centroamericanos, particularmente en el Triángulo Norte, pasaron de ser simples "transportistas" que recogían en las porosas fronteras costarricenses y panameñas la cocaína enviada desde Colombia para trasladarla hasta Guatemala, y empezaron a diversificar sus negocios criminales.

A grupos que tradicionalmente se han dedicado al tráfico, como el de los Lorenzana en Guatemala, el de Matta Ballesteros en Honduras o el de los Perrones en El Salvador, se han unido grupos más especializados en el lavado de dinero, como el salvadoreño Cártel de Texis, sobre cuyo líder, José Adán Salazar Umaña, pesa el haber sido identificado por la Casa Blanca como capo internacional del narcotráfico y está siendo investigado por la Fiscalía General de El Salvador por lavado de dinero.

El caso hondureño es el que mejor demuestra cómo las economías criminales del narcotráfico han permeado los estamentos políticos de estos países y cómo reciben favores y protección por parte de ellos.

Devis Leonel Rivera Maradiaga, otrora líder de la banda hondureña Los Cachiros, acusó recientemente al expresidente del país Porfirio "Pepe" Lobo de haber recibido sobornos de su grupo, algo que el político se ha apresurado a negar. En El Salvador, grupos de narcotráfico han hecho acusaciones similares: operadores de Los Perrones también han declarado que pagaron sobornos al entorno del expresidente Antonio Saca, quien hoy está preso acusado de corrupción.

Guatemala sigue siendo, no obstante, la joya de la corona en el mapa centroamericano del narcotráfico y de la corrupción y lavado de dinero generado por las economías criminales. El mes pasado, Estados Unidos acusó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla de conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense.

El informe del Departamento de Estado deja clara la actual revitalización del corredor centroamericano del narcotráfico, que había alcanzado uno de sus últimos picos a mediados de 2009, cuando un golpe de Estado militar en Honduras ayudó a abrir la ruta aérea entre ese país y Venezuela.

Funcionarios estadounidenses y analistas hablaron entonces de la posibilidad de un resurgimiento de las rutas del Caribe, pero eso en realidad no ocurrió, al menos no del mismo modo en que ha ocurrido con la ruta centroamericana.

Hoy, debido al incremento de la producción en Colombia y de la infiltración de los grupos criminales en las más altas esferas del poder político, particularmente en los países del Triángulo Norte, está claro que las avenidas para la entrada y salida de droga y dineros ilícitos funcionan a todo gas.

Este artículo fue publicado previamente por InsightCrime.