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El silencio y el miedo: pedagogía de la represión en México

Nos hace falta entender mejor la lógica represiva para poder empezar a contrarrestarla. Ante la dimensión que ha adquirido en los últimos tiempos, la sociedad mexicana debe hacer este esfuerzo. English

Alejandro Vélez
5 August 2016
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Manifestantes bloquean la entrada principal del Ministerio de Educación en protesta por la represión de los maestros en Oaxaca. Ciudad de México, junio 2016. (AP Photo/Marco Ugarte). Todos los derechos reservados

La parte que más me hiela la sangre de 1984 es cuando O’Brien tiene a Winston a su merced y le pregunta: “¿cómo afirma un hombre su poder sobre otro?”. Después de horas de tortura en la habitación 101, la respuesta de Winston debería parecernos obvia: “haciéndole sufrir”. Esa es precisamente la finalidad de la represión: lastimar, humillar, atemorizar, desmovilizar, dividir, silenciar.

Si hubiera unos Oscar que premiaran la represión, el gobierno mexicano se llevaría uno por cincuenta años de trayectoria. En el discurso de entrega se podría mencionar como primer hito la represión contra los líderes campesinos que se llevó a cabo después del fallido intento de toma del Cuartel Madera en 1965, o bien la participación del ejército mexicano para apaciguar las revueltas estudiantiles en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en 1966. La última gesta del gobierno mexicano sería, sin lugar a dudas, la actuación policial en Nochixtlán llevada a cabo el 19 de junio de 2016 para liberar un bloqueo carretero que tenían instalado los simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el que fueron asesinadas 8 personas y resultaron heridas más de 100.

La represión tiene los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que gobernó México durante más de 70 años y que ahora ha vuelto a las riendas del poder. Curiosamente, los colores del partido son los mismos que la bandera, así que se podría decir que la represión en México tiene denominación de origen. No obstante, es importante aclarar que la represión no es cosa de un partido, después de la llamada “transición” democrática ha sido adoptada a conveniencia por funcionarios públicos provenientes de diferentes partidos, no importa si son de izquierda o de derecha. Pareciera como si viniera en las instrucciones para gobernar, y no estoy hablando del uso legítimo de la fuerza sino de el abuso de la misma. Pareciera que siempre es más fácil golpear que dialogar, oscurecer que transparentar, amenazar y matar en vez de aceptar los errores. Como veremos, la represión en México parece ser la receta mágica contra todo: un escándalo de corrupción, el cierre de una avenida por parte de familiares de personas desaparecidas, o las protestas contra la reforma educativa, como en el caso de la CNTE.

Los asesinatos de Nochixtlán traen recuerdos aciagos del 2006. En ese entonces, el gobernador priista Ulises Ruiz mandó a la fuerza pública para desalojar a los maestros de la Sección 22, que estaban protestando en el Zócalo de Oaxaca por las precarias condiciones de las escuelas oaxaqueñas. Los palos y las piedras pudieron contra el gas lacrimógeno y las balas de goma. No obstante, el conflicto se complejizó y al movimiento magisterial se sumaron otras organizaciones que pronto configurarían la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Como lo ha documentado la Comisión de la Verdad de Oaxaca, después del fallido intento de desalojo se llevaron a cabo diferentes operativos conjuntos entre la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), ejército mexicano, policía estatal e incluso grupos paramilitares para doblegar a la APPO, que para entonces había sumado a su lista de exigencias la destitución de Ulises Ruíz. El resultado fue funesto: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura contra decenas de miembros y simpatizantes de la APPO, así como población civil. Para Diego Osorno, periodista y miembro de la Comisión de la Verdad, la represión orquestada en Oaxaca debe considerarse como un aviso de lo que se viviría en el país en los próximos años.

En mayo del mismo año hubo otra señal en San Salvador Atenco, Estado de México. En esa ocasión, la policía estatal y municipal llevó a cabo un operativo para quitar a ocho vendedoras de flores de las inmediaciones del mercado Belisario Domínguez, en un operativo contra el comercio informal. Una vez más, la mala planeación, la falta de memoria —Atenco había sido ya epicentro de una protesta contra la construcción del nuevo aeropuerto en tierras ejidales de Texcoco en 2001— y el uso excesivo de la fuerza ocasionaron que el conflicto escalara.  Habitantes de Atenco y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) retuvieron a funcionarios públicos y policías, y bloquearon la carretera Texcoco-Lechería. Como respuesta, el gobierno de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, pidió ayuda a fuerzas federales para romper el bloqueo y rescatar a los funcionarios. Crónica de una represión anunciada. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el operativo se cometieron graves violaciones a derechos humanos como tortura, detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación o allanamiento de morada. Sin embargo, la infamia que más se recuerda en ese operativo fueron las violaciones y acoso sexual que sufrieron decenas de mujeres por parte de agentes de policía. Este es el testimonio de Samantha Dietmer, ciudadana alemana que vivió en carne propia la represión y luego fue deportada:

            “Como estaba arriba de todos, los policías me empezaron a manosear, a pellizcar, me tocaron las nalgas y empezaron a subirme la blusa. Como traté  de  bajármela,  me  pegaron  en  la  cara  y  empecé  a  sangrar  por  la nariz. Ya no pude pensar en nada. Soporté todo sin moverme”.

Después de leer los testimonios de decenas de mujeres acosadas sexualmente en Atenco —y anteriormente en otros lugares como la Montaña de Guerrero— me parece oportuno rescatar el término “pedagogía de la crueldad” de Rita Segato para explicar como la violencia alcanza su mayor eficacia cuando es impresa por medios sexuales en los cuerpos. Para Segato[1], esta pedagogía es una nueva forma de guerra y una estrategia de reproducción del sistema capitalista. En el caso de México, no sería la última vez que agentes de seguridad recurrieran a esta táctica tanto con mujeres como con hombres. De hecho, unos jóvenes que protestaron frente a la representación de Oaxaca en la Ciudad de México por los acontecimientos de Nochixtlán fueron arrestados y los policías que realizaron la detención les decían constantemente que los iban a violar y a desaparecer, mientras los toqueteaban.

Para Ramón Alvarado, eventos como Atenco, Oaxaca y otros que sucedieron en el mismo año pueden parecer inconexos, pero contribuyeron “a la generación de un clima de tensión que alimentó los miedos colectivos ante la incertidumbre política y la violencia social.”[2] Por desgracia, este clima de tensión se haría crónico a partir del sexenio de Felipe Calderón con la puesta en marcha de la llamada Estrategia Nacional de Seguridad, que significó el inicio de los operativos militares conjuntos en diferentes estados de la república. Como suele pasar cuando se usa a efectivos castrenses en labores de seguridad pública, las violaciones a derechos humanos subieron como la espuma. Sin embargo, en el caso de México los homicidios fueron los primeros en dispararse. Desde el gobierno se intento convencernos de que los que morían eran los “malos”, por lo tanto se lo merecían. El ex presidente Calderón llegó incluso a intentar tranquilizarnos diciendo que “se estaban matando entre ellos”, como si hubiera una pena de muerte de facto y el Estado solo fuera un espectador más.

Durante el sexenio de Calderón aumentaron también los homicidios y desapariciones de periodistas. Aunque muchos de estos delitos suelen atribuirse —convenientemente— al crimen organizado, la verdad es que casi la mitad de las agresiones contra periodistas son cometidas por agentes estatales de diferentes niveles de gobierno. Esta información se la debemos a la organización Artículo XIX, que desde 2006 ha documentado las distintas amenazas que reciben periodistas en el ejercicio de su profesión. En su último reporte afirma que el 46.9% de las agresiones son cometidas por algún servidor público.

Quizás el asesinato más emblemático durante el gobierno de Felipe Calderón haya sido el de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, que fue asesinada a golpes en su casa.  Aunque el hecho ha sido investigado —una vez más, convenientemente— como “crimen pasional”, sus colegas no descartan el contenido crítico de sus artículos contra el gobierno de Veracruz. Al respecto, Rafael Rodríguez Castañeda, director del semanario, acaba de declarar en el homenaje a Regina:

              “De hecho, el crimen es un hito, un antes y un después, en la historia de las relaciones entre la prensa y el poder político en México, en particular en el depredado territorio veracruzano. Desde entonces, están y estarán marcadas por la amenaza latente, por la desconfianza, por la violencia y aun por la agresión. Pero el gremio que es fiel a los principios básicos del periodismo, aquel que tiene como razón de ser la búsqueda de la verdad, sigue adelante”.

Desde el asesinato de Regina Martínez, han sido asesinados 17 periodistas en Veracruz. No es una casualidad. Dicho estado se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo por la vinculación que hay entre crimen organizado y gobierno. Por ejemplo, el periodo de Fidel Herrera —gobernador de la entidad de 2004 a 2010 y hoy flamante cónsul en Barcelona— coincide misteriosamente con el auge de Los Zetas. Es más, un miembro de esa organización ha afirmado que el gobernador “les abrió las puertas del estado”. Y qué decir, del actual gobernador Javier Duarte, que, además de robar a raudales, ha hecho del estado una especie de Mordor para el periodismo. Una defensora de derechos humanos me acaba de contar que intentar defender a los periodistas en esa entidad es una labor prácticamente imposible, lo mejor es darles un pasaporte y que se vayan de México. Por ejemplo, Rubén Espinoza, fotoperiodista de Cuartoscuro, creyó que refugiándose en la Ciudad de México estaría seguro de la amenazas del gobierno veracruzano. Pero no fue así. El 31 de julio de 2015 fue asesinado en un céntrico departamento de uno de los barrios más seguros de la ciudad junto a otras cuatro personas: Nadia, defensora de derechos humanos; Alejandra, trabajadora doméstica;  Yesenia, maquillista; y Mile, modelo.

El impacto del multihomicidio para los defensores de derechos humanos y periodistas fue descomunal. Por un lado, se corroboró que Veracruz es como una dictadura miniatura donde disentir, investigar, protestar te puede constar la vida, vayas a donde vayas. Así mismo, demostró que la Ciudad de México no era el edén de paz y tranquilidad que creía mucha gente. Finalmente, la pobre —más bien nula— investigación del delito por parte de las autoridades capitalinas, emanadas de un partido de “izquierda”, pone en entredicho la voluntad política y las capacidades institucionales para resolver crímenes ejemplares; es mas, abona a la hipótesis de un pacto de impunidad entre élites políticas.

La existencia tácita de estos pactos vuelve a recordarme otro concepto de Rita Segato, esta vez el de “dueñidad”. En una conferencia, la académica brasileña mencionó que pareciera como si la época colonial no hubiera terminado en Latinoamérica, pues las élites político-económicas se comportan como si fueran propietarias de cuerpos y territorios. Después de escucharla, le encuentro más sentido a los pequeños virreinatos o “plazas” donde los poderes fácticos  —algunos prefieren el término narcogobierno o necrogobierno— controlan los negocios ilegales y una parte de los legales. Es explicable también la saña con la que han reprimido cualquier intento por visibilizar o descarrilar estos negocios.

En este sentido, amenazar, agredir, golpear, asesinar o desaparecer a todo aquel que intente interponerse en los intereses político-económicos de las élites locales resulta redituable porque nadie investigará. Esto fue lo que sucedió el 1 de diciembre de 2012 cuando, en medio de una gran polémica, Enrique Peña Nieto tomó posesión de la envestidura presidencial. En esa fecha fueron organizadas varias protestas en la Ciudad de México tanto para visibilizar los daños sociales del sexenio de Calderón como para evitar que el joven candidato —que tenía bajo el cinturón la represión de Atenco— regresara al PRI a la presidencia. Las protestas fueron reprimidas ferozmente tanto por la policía federal como por la policía local. En medio del operativo, José Francisco Kuykendall, activista y director teatral, fue herido con una granada de gas lacrimógeno que le ocasionó una fractura craneoencefálica y, semanas después, la muerte. Como era de esperarse, el caso sigue durmiendo en la plácida impunidad, pero hubo la oportunidad de apuntalar la responsabilidad de la policía a través del testimonio de Teodulfo Torres “el Tío”, que acompañó a Kuy a la marcha. Sin embargo, el 26 de marzo de 2013 “el Tío” se ausentó de todas sus actividades, y cuando sus compañeros lo buscaron en el teléfono este solo respondía con tres piiiiips. Parecía como si se hubiera esfumado. Estamos, probablemente, ante la primera desaparición forzada del gobierno de Peña Nieto.   

Aún así, en las elecciones presidenciales de 2012 hubo quien creyó en el cuento de campaña del “nuevo PRI”, capaz de pactar con criminales una pax mafiosa y al mismo tiempo respetar los derechos humanos. Pero no sucedió ni una cosa ni otra. Lo único que ocurrió es que la administración de Peña Nieto abandonó el discurso bélico de Felipe Calderón y lo cambió por el del país que progresa si caminamos todos juntos. La nueva administración en contubernio con varios medios corrieron un grueso velo sobre los perniciosos efectos de la guerra. Pronto, estos dejaron de salir en la prensa, otorgando su espacio mediático a la discusión sobre las llamadas reformas estructurales.

A pesar de que muchos le dieron a Peña Nieto el beneficio de la duda, no tardaría en caerse el espejismo. En febrero de 2014 la revista Time le otorgó su portada con la leyenda Saving Mexico, pero el gusto no duró demasiado porque unos meses después nos enteramos que el ejército mexicano había abatido a 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Pero la verdad no suele estar en los boletines oficiales, y para el caso de Tlatlaya eso lo descubrió un valiente equipo de reporteros. El 17 de septiembre de 2014 —un día después del festejo de la independencia— la revista Esquire publicó el testimonio de una sobreviviente que pintó un panorama completamente diferente al que conocíamos:

               “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

Todavía los quejidos de los masacrados en Tlatlaya no se apagaban, cuando el 26 de septiembre de 2016 fueron atacados los estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa por agentes de policía municipal en Iguala, Guerrero. Como bien se sabe por las investigaciones[3] del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, más de 180 personas fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos: seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en distintos escenarios, a uno de ellos, Cesar Mondragón, le arrancaron el rostro; así mismo, más de 40 personas resultaron heridas, algunos de suma gravedad, y uno de ellos permanece en coma; cerca de 80 personas sufrieron diferentes formas de persecución y amenazas; y, como sabemos, 43 estudiantes normalistas fueron detenidos y desaparecidos forzadamente. En tan solo unos meses pasamos del saving Mexico al slaying Mexico.

A pesar de que los reflectores internacionales se posicionaron sobre México, el cinismo y la simulación pasaron a ser la estrategia oficial ante la obviedad de la represión.  Para apuntalar esta maniobra y garantizar al impunidad, el gobierno federal y varias de sus contrapartes estatales han invertido en lo que Alberto Escorcia ha denominado tecnocensura, y que Guadalupe Correa-Cabrera lleva un poco más allá y define como paramilitarismo cibernético. Esto es la manipulación de la opinión pública, construcción de discursos a modo, ataques y clonación de sitios de noticias, amenazas directas por redes sociales, robo de contraseñas y hackeo, espionaje a líderes de opinión y rivales políticos, entre otras tácticas. Pero esto no se logra sin dinero, por lo que el mismo Escorcia ha documentado la existencia de granjas de bots que operan con presupuesto estatal para influir en las tendencias en redes sociales y amenazar a los que osan con instalar y mantener un tema álgido como Ayotzinapa en la agenda pública. Por otra parte, las declaraciones de Andrés Sepúlveda, hacker colombiano capturado hace algunos meses, ratifican el espionaje que el equipo de Peña Nieto realizó antes de la campaña electoral y que se ha expandido gracias a compras de software por parte de gobiernos estatales y dependencias gubernamentales a empresas como Hacking Team.

Dice Baudrillard que “el acto represivo sigue la misma espiral imprevisible del acto terrorista. Nadie sabe dónde va a detenerse ni los virajes que van a producirse.” En el caso de México estamos en medio de un remolino que parece no tener fin y que ha afectado a periodistas, twitteros, bloggeros, víctimas, académicos, defensores de derechos humanos e incluso a ciudadanos en general que usan las redes sociales para protestar. Como resultado de la guerra —y la represión— muchos mexicanos han tenido que desplazarse a otras ciudades del país, e incluso muchos han huido al extranjero. Sin embargo, hasta de lo más terrible se aprende, y en medio de la espiral represiva se han ido tejiendo redes de solidaridad gremiales e interdisciplinarias que están rompiendo el silencio y convirtiendo el miedo en motor. Aún nos falta entender mejor la lógica represiva para poder empezar a contrarrestarla, pero como dice la luchadora social Aung San Suu Kyi: “cuando salga el sol y el hielo se funda nos daremos cuenta de toda la vida que estaba surgiendo bajo el hielo.”

 


[1] Rita Segato. “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”. Sociedade e Estado. Vol.29 no.2 Brasília May/Ago. 2014.

[2] Ramón Alvarado. “Discursos testimoniales. La subjetividad en juego”. Anuario de investigación 2006. México: UAM Xochimilco, 2006. p. 336.

[3] GIEI. Informe Ayotzinapa. México, 2015.

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