Aunque el movimiento de derechos humanos ha sido un proyecto de élites durante largo tiempo, muchos están haciendo un esfuerzo para cambiar la historia. En una contribución anterior en openGlobalRights, James Ron y sus colegas argumentaron que para combatir el sesgo elitista del movimiento, las organizaciones de derechos humanos deben promover los movimientos de bases populares alrededor del mundo, y que los derechos humanos en general deben basarse más en las masas. Por el contrario, Felipe Cordero señaló que las agrupaciones de derechos humanos necesitan el apoyo de los poderosos y deben trabajar con las élites tanto como sea posible. Steve Crawshaw, de Amnistía Internacional, afirmó que no debemos crear una falsa polarización entre las élites y las masas; ambas son necesarias e interdependientes.

Este artículo trata sobre el futuro de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD). 

Recientemente asistí al 18.º congreso de la organización, en el que participaron abogados de sesenta países (aunque, notablemente, ninguno de ellos era de China o de Rusia).La AIJD fue fundada en 1946 y pronto adquirió renombre al defender la nacionalización del Canal de Suez, el Congreso Nacional Africano y los derechos palestinos. Aunque por mucho tiempo estuvo dominada por socialistas y comunistas de distintas facciones, la organización retomó sus principios de derechos humanos después de la desintegración de la Unión Soviética, pero con un nuevo rumbo: “la defensa de los derechos de los pueblos”. Esencialmente, esto implica usar las declaraciones de derechos humanos para fines del activismo legal. Pero, ¿qué significa eso exactamente?

Como Emilie Hafner-Burton argumentó recientemente en openGlobalRights, los esfuerzos internacionales en materia de derechos humanos ya dependen demasiado del derecho y las instituciones internacionales. Lo que hace falta, afirma, es crear mejores vínculos con los esfuerzos locales. Así que, ¿no será hora de que “el pueblo”, en lugar de las agrupaciones y declaraciones internacionales de derechos humanos, sea quien defina la agenda?

El primer día del congreso de la AIJD comenzó con una crítica de Samir Amin, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, al “liberalismo burgués”. Amin argumentó que el derecho al voto es irrelevante, porque ya no hay ninguna diferencia entre los partidos de derecha y de izquierda: todos están poniendo en práctica las políticas de austeridad que dictan los capitales globales. En consecuencia, afirmó, la democracia está en declive y la gente no se toma la molestia de votar, o sólo vota por los partidos de protesta de derecha o de izquierda.

Oya Aslan, una abogada que ha sido perseguida por el gobierno turco, se expresó de forma más sucinta: la ley de la selva está ocupando el lugar del liberalismo burgués; y ni siquiera nos agradaba este último cuando lo teníamos. 

Durante el resto del congreso, sin embargo, varios abogados se dedicaron a demostrar cómo estaban utilizando los pocos elementos positivos del liberalismo burgués que aún nos quedan: la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y sus convenciones asociadas, la Organización Internacional del Trabajo y sus convenciones, y la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, estas herramientas legales internacionales están generando resultados mixtos, en el mejor de los casos. Después de tres días de debate, yo podría contar tan solo unas cuantas victorias (este resumen mostrará un sesgo hacia los temas laborales, ya que una persona no puede asistir a todas las sesiones).

Es posible que el foro más obvio, el litigio clásico, sea el menos prometedor. Los ejemplos más notables han ocurrido en los tribunales argentinos: han sido condenados muchos funcionarios militares que trabajaban bajo la dictadura del general Videla, y el litigio para obtener indemnización para las víctimas de la Operación Cóndor está avanzando en una dirección prometedora. También hubo un agudo debate sobre los pocos instrumentos de justicia internacional que en realidad han llevado a la creación de instituciones reales, como los tribunales internacionales ad hoc y la Corte Penal Internacional. Peter Erlander, de la National Lawyers Guild (Asociación Nacional de Abogados), una filial estadounidense de la AIJD, denunció que la justicia que imparten estas instituciones es una “justicia de los vencedores”.

Las campañas de “nombrar y avergonzar” parecen ser más eficaces, como muestran los informes de esfuerzos como la campaña para que la FIFA rinda cuentas sobre la manera en que se está construyendo el nuevo estadio de la Copa Mundial en Qatar, un Protocolo de libertad de asociación en Indonesia y el Acuerdo Rana Plaza en Bangladés.

“Naming and shaming.” Campaigns garnering media exposure have given way to substantive results, argues Levelt. Among these include demonstrations against the mistreatment of migrant construction workers in Qatar building stadiums ahead of the FIFA World Cup 2022 (top right), and rallies by fast food employees demanding higher wages (bottom left). Clockwise from top left: Rui Alexandre Araujo/Shutterstock (All rights reserved); Paul Davey/Demotix (All rights reserved); Pola Damonte/Shutterstock (All rights reserved); Light Brigading/Flickr (Some rights reserved)

Las victorias legislativas, por el contrario, son pocas y ocasionales. Por ejemplo, después de una larga batalla, Togo ha empezado a aplicar sus propias leyes laborales en sus zonas de libre comercio, gracias a lo cual surgieron varios sindicatos. La lucha del Partido Laborista contra los contratos de cero horas en el Reino Unido tiene el objetivo de que se formulen leyes que los prohíban. La mayoría de los países no cuenta con partidos políticos de izquierda lo suficientemente fuertes como para que ésta sea una alternativa viable; y ése es exactamente el argumento de Samir Amin.

Después de lo anterior, mi conclusión es que los tribunales, o las grandes corporaciones, sólo escuchan y toman en serio las voces en favor de los derechos humanos cuando existe un espacio político para escucharlas. Simplemente aplicar las leyes y pedir a los tribunales que incorporen las falsas palabras del gobierno a las leyes nacionales no nos llevará a la victoria.

Pero, ¿de dónde viene este espacio político? Algunos países no han sucumbido del todo ante el neoliberalismo y aún intentan limitar el poder de las fuerzas económicas y militares. En esos lugares sigue activo lo que queda del liberalismo burgués, pero estos mismos países están perdiendo la capacidad de resistir ante las presiones. Pareciera que hacer espacio para el litigio en defensa de los derechos humanos requiere oponerse a la economía global. Por ejemplo, Argentina es uno de los muy pocos países que se negaron a pagar su deuda conforme a los términos de los prestamistas internacionales, y se puede argumentar que es el país en el que se están obteniendo algunas de las mayores victorias en materia de derechos humanos.

También es interesante escuchar a las voces que piden que se revitalice la soberanía nacional para que el pueblo pueda establecer las prioridades políticas, en vez de que lo hagan los amos de la economía global. Estoy segura de que en el pasado se percibía a estos mismos estados-nación como sirvientes de los capitalistas locales. Ahora, la gente los trata como nuestra única esperanza para resistir ante el capitalismo global.

En última instancia, el espacio político proviene del poder político. Y en opinión de quienes apoyan a las organizaciones como la AIJD, este poder debe provenir del “pueblo”. En lo personal, me es difícil ver el conjunto completo de declaraciones de derechos humanos como una expresión de lo que realmente quiere la gente. Los gobiernos redactaron estas declaraciones cuando a las élites nacionales les pareció útil apoyar la visión de dignidad humana expresada en los documentos.

Eso no quiere decir que las declaraciones de derechos humanos no tengan puntos comunes con lo que quiere la gente; pero mejor escuchemos lo que dicen las personas de verdad. En Estados Unidos, tomando en cuenta mi sesgo, escucho voces que claman por un salario mínimo vital, una demanda que reivindica el artículo 23 de la DUDH. Esto se puede utilizar para fortalecer la voluntad de los activistas: su reclamo fue reconocido en una declaración que alguna vez firmó su propio gobierno. Pero el artículo 23, por su cuenta, no llevará a una victoria legal.

La campaña a favor del salario mínimo vital tendrá éxito político cuando la gente alcance un nivel de organización que le permita hacer que se apruebe la legislación correspondiente; aunque usted no lo crea, esto está comenzando a suceder. Ésta es la única forma de garantizar que los medios finalmente centren su atención en las demandas contra los empleadores que pagan salarios bajos, como McDonald’s, y de ejercer la presión necesaria para solucionar esas demandas exitosamente. Una vez más, tenemos una situación de “nombrar y avergonzar”.

Tras varias décadas durante las que se celebró la victoria del liberalismo, es evidente que la gente no ha perdido su sentido de justicia. Las voces que piden justicia son fuertes y claras, ya sea que utilicen o no el lenguaje de los derechos humanos, y los actores poderosos se dan cuenta una y otra vez de que ya no pueden ignorar estas exigencias. Si algo han hecho los documentos internacionales de derechos humanos, ha sido mantener viva la fe en la justicia y proporcionarnos una visión de una sociedad en la que el mercado no es el único monarca.

En este momento particular, la pregunta es: ¿debemos seguir pidiendo que se lleven a la práctica estos elementos positivos del liberalismo burgués que han mantenido encendida la llama? Estos elementos han mantenido bajo control algunos de los excesos del sistema militar y económico. Han recibido el financiamiento de los filántropos. Han sido lo mejor que pudimos hacer, en medio del triunfo del liberalismo.

Pero hay señales que indican que este triunfo finalmente se derivó en un vertiginoso espiral de financialización. Esta tendencia a reducir todo a términos financieros está alienando a segmentos cada vez mayores de la población mundial. Si ahora reina la ley de la selva, ¿eso hará que la gente le vuelva a dar más poder sobre la economía a las unidades políticas, en la medida en que las grandes potencias económicas los penalizan en el corto plazo? En ese caso, ¿cómo vamos a controlar a estas unidades políticas? Y, ¿no es ese marco jurídico en lo que deberíamos estar trabajando para realmente “defender los derechos de los pueblos”?