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Es tiempo de cuestionar a la India sobre su dominio total del financiamiento de las organizaciones de derechos humanos

Uno de los expertos en derechos humanos más informados del país explica la manera en que la India bloquea el financiamiento proveniente del extranjero para los esfuerzos de derechos humanos que no le agradan. Los filántropos evitan apoyar los esfuerzos que provocarán la ira del Estado, así que las únicas organizaciones capaces de abordar los temas de derechos humanos más delicados son las que reciben pequeñas contribuciones de parte de los ciudadanos comunes. English, العربية, हिंदी.

Ravi Nair
12 November 2013

Fuera de la India se habla poco de que el enfoque del gobierno indio hacia el financiamiento extranjero para el trabajo de derechos humanos probablemente es tan draconiano, o más, que el de Rusia o Sudáfrica durante el apartheid. El Estado utiliza una anticuada ley sobre el financiamiento extranjero de las organizaciones no gubernamentales como si fuera el bisturí de un cirujano: con cuidado y de manera incisiva, suprime el disenso y regula aquellas actividades no gubernamentales que gozan de niveles significativos de financiamiento. Los gobiernos europeos, verdaderos defensores todos ellos de la fe de los derechos humanos cuando se trata de la Zimbabwe de Mugabe, no desafían al Estado indio sobre el tema porque la India es un socio comercial demasiado importante.

Bajo la llamada Ley de (Regulación de) Contribuciones Extranjeras (Foreign Contribution [Regulation] Act, FCRA), cualquier organización que pretenda recibir financiamiento extranjero primero debe solicitar el permiso del Ministerio del Interior (Union Home Ministry). Esta ley fue concebida y promulgada durante el estado de emergencia de la India en 1975/76 para reprimir las actividades de la sociedad civil, centrándose especialmente en la resistencia de grupos gandhianos de voluntarios contra el gobierno autoritario. Desde entonces, el Estado indio ha utilizado la ley para controlar lo que hace la sociedad civil.

Si usted solicita un permiso para recibir financiamiento extranjero, el departamento de la FCRA envía funcionarios de inteligencia a visitar su oficina y verificar minuciosamente lo que está haciendo. La solicitud puede tardar hasta dos años en ser aceptada o rechazada, tiempo durante el cual los funcionarios de inteligencia lo visitarán de manera regular. El financiamiento de actividades que tienen el potencial de avergonzar al gobierno simplemente se bloquea sin explicación alguna. 

Con el paso de los años, el resultado ha sido una especie de autocensura de parte de las organizaciones indias de derechos humanos. Por ejemplo, una organización de derechos de las mujeres que está realizando un estupendo trabajo en materia de la educación para niñas o de las muertes relacionadas con la dote aprenderá a no trabajar con casos específicos de violación por parte de las fuerzas armadas en situaciones de conflicto interno. Ése es un tema prohibido. Lo mismo sucede con las organizaciones de derechos de los niños y derechos tribales cuando intentan trabajar en temas que implican al gobierno. Mi propia organización, el SAHRDC, intentó obtener la ayuda de tres grandes organizaciones financiadas por donadores extranjeros para enviar representantes femeninas a investigar la violación de mujeres en la aldea Kunan-Poshpora en Cachemira. Las tres declinaron cortésmente nuestra invitación.

El financiamiento afecta las percepciones de independencia

Según la visión del ciudadano promedio, las organizaciones no gubernamentales (ONG) están bien financiadas, ya sea por agencias internacionales o por los departamentos del gobierno indio. Y se percibe que los destinatarios del financiamiento internacional están ahí para promover los intereses de las potencias extranjeras. Los medios de comunicación en la India perpetúan esta idea y la maquinaria del Estado indio, independientemente del partido que esté en el poder, alienta esta percepción. 

Cuando al Estado le inquietan las iniciativas no gubernamentales que exponen sus deficiencias, dichas iniciativas suelen ser demonizadas como operaciones con motivos siniestros respaldas por fuerzas externas. Las recientes protestas de gran magnitud sobre los planes para construir una planta nuclear en Koodunkulam, en el estado de Tamil Nadu, son un buen ejemplo. El gobierno explicó la estoica resistencia de los pobladores locales y miles de pescadores como un esfuerzo pagado con las bolsas llenas de dinero de fuerzas extranjeras que quieren evitar que la India se desarrolle económicamente y se convierta en una potencia mundial.

Afortunadamente, las actividades no estatales en la India son variadas. Muchos actores del sector no estatal se autodenominan organizaciones voluntarias o comunitarias, en un esfuerzo por distinguirse de las organizaciones financiadas por el Estado o con fondos extranjeros. De hecho, las principales organizaciones de derechos humanos y libertades civiles en la India no aceptan financiamiento extranjero ni del gobierno indio para conservar su independencia, de manera similar a la política global de Amnistía Internacional en las décadas de los 60, 70 y 80. 

Muchas de estas organizaciones, como la Unión Popular por las Libertades Civiles (People’s Union for Civil Liberties, PUCL), la Unión Popular por los Derechos Democráticos (People’s Union for Democratic Rights, PUDR) y el Comité Andhra Pradesh sobre Libertades Civiles (Andhra Pradesh Civil Liberties Committee, APCLC), por nombrar sólo algunas, han abordado las cuestiones sobre las libertades civiles en todo el país, a menudo poniendo en grave riesgo a sus miembros y activistas. Trabajan con presupuestos muy reducidos, recaudados exclusivamente a partir de cuotas de afiliación y pequeñas donaciones. A través de las décadas, las organizaciones financiadas de esta manera han podido arrojar luz sobre una variedad de cuestiones en materia de derechos humanos y derechos democráticos.

¿Dónde están los filántropos indios?

Ciertamente, podrían hacer mucho más si contaran con más financiamiento. Los líderes empresariales podrían invertir dinero en estas organizaciones; sin embargo, los que tienen la inclinación de hacerlo se muestran reacios a financiar actividades que desafíen al gobierno. Es posible que algunos millonarios indios que podrían ser filántropos deseen apoyar la labor de los derechos humanos en materia de tortura, ejecuciones extrajudiciales o juicios justos, pero saben que sus negocios se verían afectados a consecuencia de ello. Podrían empezar a ser objeto de repetidas investigaciones tributarias, los contratos gubernamentales podrían desaparecer súbitamente, los préstamos bancarios les podrían ser negados y las solicitudes para reunirse con funcionarios del gobierno no recibirían respuesta.

Aunque sus fondos son modestos, los grupos comunitarios de derechos tienen la libertad de hacer preguntas difíciles de la que carecen sus homólogos con financiamiento extranjero. Una organización, la Unión Popular por los Derechos Democráticos, incluso tiene la política de no aceptar donaciones superiores a las 3000 rupias de una sola fuente como una manera de garantizar su independencia.

El Estado indio es consciente de que el contacto regular con los funcionarios de inteligencia no sólo sirve para asegurar la conformidad con la maquinaria estatal sino también ayuda a que los servicios de inteligencia recluten agentes e informantes. Los activistas sospechan que los servicios de seguridad han infiltrado algunos grupos de derechos humanos. Esto es cierto sólo en el caso de un diminuto número de ONG, pero es un indicio de lo que las organizaciones hermanas han tenido que hacer para asegurar el financiamiento o patronazgo del gobierno o proveniente del extranjero.

El camino a seguir

Mientras tanto, las organizaciones que buscan ir más allá de los límites mediante el uso de fondos extranjeros, como el Foro Indio de Acción Social (Indian Social Action Forum, INSAF) con sus protestas contra el proyecto de energía nuclear en Koodunkulam, simplemente descubren que su permiso de la FCRA fue suspendido. Las cuentas bancarias del INSAF fueron congeladas, se le sometió a una prolongada investigación, y la organización quedo efectivamente fuera de combate. La organización People’s Watch Tamil Nadu, que también participó en estas protestas, se ha visto similarmente imposibilitada para recibir financiamiento extranjero.

El INSAF está desafiando la decisión del Estado en los tribunales, argumentando que la FCRA va en contra del capítulo sobre derechos fundamentales de la Constitución india.

Los gobiernos de los países donantes deben utilizar una diplomacia pública más enérgica para apoyar a las organizaciones valientes que cuestionan las políticas restrictivas de la India en materia de financiamiento internacional.

Hasta que la presión extranjera genere un cambio en la FCRA, la sociedad civil india estará atrapada entre las ONG severamente controladas con financiamiento extranjero y las iniciativas independientes de raíces locales con fondos locales limitados. Para crecer, las organizaciones financiadas por la comunidad necesitan ampliar su base de apoyo de donantes. Sin embargo, es poco probable que eso resulte tan lucrativo como el financiamiento que proviene de donantes extranjeros.

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