“Claro que aquí perder significa morir, y ganar a veces, también significa morir, por lo que es difícil mantener un espíritu deportivo, pero, bueno, reflexionó el general, algunos le hacemos la lucha."

- Roberto Bolaño, 2666[1]

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El cuarto capítulo de 2666, la obra maestra de Roberto Bolaño, contiene descripciones de innumerables asesinatos de mujeres en una ciudad del norte de México llamada Santa Teresa. Cualquier persona que conozca el país sabe que Santa Teresa es el nombre de ficción de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. El relato que hace Bolaño de cada asesinato es escalofriante, entre otras cosas porque trata cada víctima individualmente: su edad, aspecto, ropas, la posición del cuerpo, los vertederos de basura, las callejuelas, los paisajes en los que fue hallada. El gran número de víctimas y la rítmica acumulación de detalles producen el mismo efecto alucinatorio que los poemas épicos. Y los lectores mexicanos saben que, excepto por los nombres y descripciones de las mujeres y el retrato imaginario pero preciso de las autoridades, lo que se les presenta es la pura y descarnada realidad.

De manera que, cualquier día, abriendo cualquier periódico, viendo o escuchando cualquier canal de noticias, no se sorprenderán al enterarse de nuevos asesinatos.  La noticia de la desaparición, el 27 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, localidad prácticamente asimilada a la ciudad de Chilpancingo en el estado de Guerrero, ha dado la vuelta al mundo. Arrestados por la policía mientras asistían a una manifestación en la colindante Iguala, los estudiantes nunca fueron vistos de nuevo. Menos conocido es el hecho que, una semana más tarde, los investigadores descubrieron una fosa en las afueras de la población conteniendo 28 cadáveres. El 27 de noviembre fueron hallados, a poca distancia, otros 11 cuerpos decapitados. Los análisis posteriores revelaron que ninguno de estos cuerpos se correspondía con el de los estudiantes desaparecidos, que hoy se presumen muertos.

A comienzos de marzo de 2015, otras catorce personas fueron asesinadas en la misma población–Iguala–incluida una mujer embarazada y su hijo de veintiún años. Y justo la semana pasada llegaban noticias de otros cinco asesinatos, incluidos cuatro miembros de una misma familia tiroteados en el salón de su modesta casa. Para cuando este artículo se publique, otros asesinatos sin motivo aparente, en Iguala o en otro lugar, habrán sido noticia de primera página.

Intercalados en la interminable letanía de asesinatos múltiples en México, innumerables actos de violencia individuales pasan desapercibidos por los radares de la comunidad internacional, tales como el reciente asesinato a tiros de un cantante de música popular durante una actuación o el del hermano de una diputada nacional en Morelia, Michoacán, también a tiros. Estas dos víctimas se cuentan entre las que se les puede poner nombre y apellidos y que atraen, aunque sea por poco tiempo, la atención de los medios. La mayoría de las víctimas queda registrada en la conciencia pública como simples datos estadísticos.

A primera vista, los recientes asesinatos en Iguala parecen inexplicables. Probablemente, están aquí en juego fuerzas distintas. A pesar del mundialmente famoso destino turístico de Acapulco, el estado de Guerrero es conocido, desde siempre, como uno de los más violentos y levantiscos del país. Lucio Cabañas y Genaro Vásquez, casualmente ambos graduados de la misma Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fueron los más famosos guerrilleros izquierdistas de los años 60 y 70 y son venerados en la zona como defensores de los pobres–herederos de la tradición semi-mítica de personajes de la talla de Robin Hood, Che Guevara o el sub-Comandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la primera década del siglo XXI, un nuevo grupo guerrillero, el Ejército Popular Revolucionario (EPR)–también afincado en Guerrero–ha venido actuando de modo intermitente, cortando carreteras y asaltando dependencias del gobierno y las sedes de determinadas empresas. Según los informes, la embotelladora local de Coca-Cola ha cesado la distribución en gran parte de la región debido a los ataques contra sus instalaciones y su personal, supuestamente por parte del EPR. No cabe duda de que los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26/27de septiembre viajaron a Iguala para manifestar sus credenciales izquierdistas y que se enfrentaron a la policía local. Esto, en cuanto a las izquierdas.

A la derecha están el gobierno y las fuerzas de seguridad que, a pesar de su abundante retórica revolucionaria, rara vez miran con buenos ojos la agitación estudiantil. El recuerdo de la matanza de estudiantes en la ciudad de México en 1968 y 1971 se mantiene vivo por parte de la generación que vivió estos acontecimientos y de sus descendientes. Ambas masacres tuvieron lugar ante la mirada y bajo el mando del gobierno, la policía y el ejército. No sería de extrañar que algunos sectores de la policía y el ejército continuasen sintiendo que la historia de México les otorga licencia para reprimir y matar, si es preciso.

Tres cárteles emergentes, los Rojos, los Guerreros Unidos y más recientemente los de Sierra Unida, han venido a añadir una salvaje lucha territorial a la ya de por sí volátil combinación de elementos que se da en Guerrero. Estas bandas surgieron tras la muerte en diciembre de 2009 de Arturo Beltrán Leyva, jefe del cártel Beltrán-Leyva–una de las organizaciones criminales más poderosas de México. El posterior colapso del cártel, que controlaba un imperio de la droga que se extendía por amplias zonas de la costa del Pacífico y el centro de México, dejó un vacío que estos nuevos actores han estado luchando entre sí para llenar. Muchas personas inocentes se han visto atrapadas en el fuego cruzado; y los estudiantes de Ayotzinapa podrían estar entre las víctimas, no porque tropezaran con un tiroteo, sino porque, al parecer, la policía los entregó a los Guerreros Unidos para su eliminación.

La indignación pública por la suerte de los estudiantes de Ayotzinapa ha forzado al gobierno federal a tomar cartas en el asunto. Al menos 80 sospechosos han sido arrestados, incluidos 40 policías locales y el ex alcalde de Iguala y su mujer, que habían huido de incógnito a la ciudad de México. Pero el problema de la violencia tiene raíces profundas. Guerrero no es siquiera el estado más violento de México. Este honor recae en el estado de México, seguido de cerca por Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa. 

Wikimedia Commons/Alex Covarrubias. Public Domain. 

Según cifras del propio gobierno, entre diciembre de 2012 y junio de 2014 (los primeros 19 meses del actual mandato presidencial) 55.325 personas murieron asesinadas en México–lo que representa un incremento de aproximadamente un 30% en relación al periodo equivalente del anterior presidente. Muchas más víctimas se contabilizan probablemente entre los “desaparecidos”. Y aunque el índice de asesinatos en México no es tan elevado como el de Honduras, El Salvador y Venezuela, el país es sin embargo el campeón latinoamericano de secuestros y extorsiones.

¿Existe alguna manera de resolver esta aparentemente insoluble ola de violencia y criminalidad? Se han propuesto muchas soluciones, desde la formación de las fuerzas de seguridad hasta el uso del ejército como policía de primera línea, desde la legalización de las drogas hasta la higienización de la política, desde negociar la paz con los señores de la droga hasta capturarlos y matarlos, si es preciso. Pero en verdad nadie tiene la solución. Sin embargo, algunos de los obstáculos que se anteponen a un futuro más pacífico parecen claros. En primer lugar, la existencia de un enorme mercado para las drogas ilegales al norte de la frontera. Mientras exista, es probable que los cárteles encuentren maneras de abastecerlo. En segundo lugar, el flujo de armas desde Estados Unidos y otros orígenes, además de dinero para comprarlas, significa que los cárteles continúan estando bien armados. En tercer lugar, las marcadas desigualdades sociales y económicas en México garantizan un suministro casi inagotable de nuevos reclutas para el mundo de la delincuencia, en el que incluso los operativos de bajo rango ganan más - mucho más - de lo que ganarían en cualquier ocupación legal. En cuarto lugar, el bajo nivel de salarios y las malas condiciones laborales de la policía local, de algunos sectores del ejército e incluso de las autoridades municipales, hacen que muchos de sus miembros sean fácilmente corruptibles y que las probabilidades de que protejan a los delincuentes son equiparables a las probabilidades de que los arresten.

Los Zetas–uno de los cárteles más violentos–están liderados y operados, al parecer, por antiguos miembros de las fuerzas armadas. Las autoridades locales, a menudo carentes de recursos y con un poder muy limitado, se ven abocadas tanto por miedo como por motivos veniales a colaborar con las bandas de narcotraficantes o a hacer la vista gorda ante sus actividades. Por último, los beneficios de la criminalidad son tan enormes, que incluso cuando los líderes son capturados o asesinados, como ocurrió con los hermanos Beltrán Leyva, con Joaquín "Chapo" Guzmán, con Servando Gómez Martínez "La Tuta" y con el temido jefe de los Zetas, Omar Treviño–"Z-42", rápidamente emergen candidatos a substituirles. El miedo a la cárcel o a la muerte no empaña la perspectiva de acceso a fabulosas riquezas y el poder de defenderla a punta de pistola.

Existen también otros obstáculos indirectos a la paz, como el arraigo de la corrupción en el país. Se cuentan en estos momentos múltiples historias de conflictos de interés y de posible mal uso de la autoridad presidencial del presidente Enrique Peña Nieto, que se ha visto obligado a desvincularse públicamente de ofertas inmobiliarias de las que se ha beneficiado su propia familia. Que las actividades presidenciales encaminadas al enriquecimiento personal sean ahora objeto de pública indignación podría valorarse como un avance, considerando el recubrimiento de teflón que se ha venido aplicando tradicionalmente a los líderes políticos. Como admitió el propio presidente, la corrupción ha sido durante muchos años un rasgo característico de la cultura mexicana.

Una visión más integral del problema sería la que se desprende de un informe reciente del Banco de México que muestra que en los dos primeros años del mandato de Peña Nieto han salido del país unos 31 mil millones de dólares "de origen desconocido". Se trata, de nuevo, de la pervivencia de un patrón tradicional. Ante estos hechos, difícilmente puede culparse al público mexicano por desconfiar tanto de los políticos como de su aparato auxiliar–la policía, el ejército, la burocracia, el Estado mismo. La falta de legalidad en sus distintas formas puede parecerles a muchos mexicanos una característica intrínseca de la vida nacional, aunque la frecuencia de las manifestaciones públicas muestra que no están dispuestos a aceptar esta situación sin protestar–hoy tal vez menos que ayer. Que exista conciencia, a nivel internacional, de este período particularmente difícil de la historia de México y que se manifieste solidaridad con el pueblo mexicano, puede ser de ayuda. Ese es el motivo fundamental por el que he escrito esta breve reseña.

Termino con otra cita de la gran novela de Bolaño, porque su humor macabro capta el espíritu y el ingenio de un pueblo para el que la violencia y la injusticia son parte de su rutina diaria. Y puedo confirmar personalmente que su mensaje acerca de los taxistas y sus pasajeros no es en absoluto descabellado.

         “El taxista le preguntó de dónde era. Del D.F. dijo Sergio. Ciudad loca, dijo el taxista. Una vez me asaltaron siete veces el mismo día. Sólo faltó que me violaran, dijo el taxista riéndose en el espejo retrovisor. Las cosas han cambiado dijo Sergio, ahora son los taxistas los que asaltan a la gente. Eso he oído decir, dijo el taxista, ya era hora.”[2]

[2] Ibid