La vacuna de Oxford-AstraZeneca ya tiene varias pruebas en curso que han mostrado eficacia en pacientes en el Reino Unido y Brasil. La de la farmacéutica Pfizer, por su parte, es la más avanzada de todas y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), confirmó su efectividad y seguridad este martes 8 de diciembre. En el Reino Unido ya están vacunando.

Para los países del centro y sur de América, la pregunta es ¿habrá una distribución justa y segura de la vacuna?

La respuesta varía según cada país, pero tiene dos elementos importantes: primero, cómo maneja cada gobierno la adquisición de la vacuna y segundo, si los sistemas de salud están preparados para asegurar la distribución universal de la vacuna y para llevarla a lugares remotos, en los que cadenas de frío y la doble vacunación son aspectos que determinarán el avance o retroceso de la pandemia en el continente.

Esperanza o desigualdad

Aunque el desarrollo exitoso de las vacunas es, sin duda, una buena noticia, hay que evaluar la situación por región para entender si su llegada va a permitirle a la población general salir de la crisis de la Covid-19 o si, por el contrario, solo ahondará los problemas de desigualdad en cada país.

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, anunció en días pasados que los 10 países más vulnerables de la región tendrán acceso gratuito a la vacuna.

“En nuestra región, tenemos 27 países que van a pagar por las vacunas, y diez países que van a recibir la vacuna sin pagar porque ,bajo criterios económicos, son los países más pobres o de menor tamaño poblacional porque tienen más dificultad de acceso. Son criterios del Banco Mundial que está utilizando la Alianza para las Vacunas Gavi, que lidera el COVAX”, explicó Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.

COVAX busca tener 2.000 millones de vacunas para vacunar al 20% de la población en todos los países. También hay otros donantes como España y la Unión Europea, y otros países han hecho prepagos para obtener dosis de las vacunas en cuanto estén aprobadas y disponibles. Sobre esto existen dos acuerdos: si se avanzan 1.6 dólares por dosis, las reservan pero no se puede elegir la vacuna; si se avanzan 3.10 dólares por dosis, se puede elegir. Luego vienen los países, como los de la región latinoamericana, de ingresos medios o bajos, que recibirán las vacunas a precio subvencionado. Hasta ahora, COVAX no ha reunido el dinero suficiente para cubrir la subvención prevista.

Los países que se beneficiarán con las vacunas gratuitas son: Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Lo anterior, sin embargo, no cubre a casi ningún país de América del Sur (salvo Bolivia y Guyana), que tiene a Brasil en el tercer puesto de países con más casos en el mundo, a Argentina en el décimo, a Colombia en el onceavo y a México en el treceavo.

Para Carolina Nanclares, actual responsable de enfermedades tropicales en Médicos Sin Fronteras, MSF, con experiencia en respuesta a epidemias “hace falta transparencia por parte de las industrias farmacéuticas en torno a varios aspectos: primero, falta que se hagan públicos los estudios para que sean evaluados por plataformas científicas independientes. Segundo, falta claridad sobre los costos de fabricación de las vacunas; muchas han sido desarrolladas con financiamiento público, de gobiernos específicos, lo que permitiría exigirles que divulguen estos costos para que el público determine si el costo que tendrá cada vacuna es justo o no”.

Así, la transparencia con la que se manejen las relaciones entre gobiernos y empresas farmacéuticas definirá también cómo se manejan los costos de la vacuna. Algo similar sucedió con los precios del Remdesivir, un medicamento que se ha demostrado eficaz para el tratamiento de la Covid-10 solo en algunos supuestos. Cuando se anunció que había resultados iniciales esperanzadores y que la mayor parte de la producción ya estaba vendida, la Unión Europea se apresuró a comprarlo. Tres semanas después, se supo que el impacto positivo era mínimo.

Nanclares afirma que “desde MSF hacemos hincapié en que este momento de pandemia y crisis no es el adecuado para hacer negocios. Creemos que las vacunas deben ser un bien público”.

Como eco a esta afirmación India y Sudáfrica lideran una propuesta ante el Consejo General de Organización Mundial del Comercio, OMC, que se reunirá el 17 de diciembre para decidir si la aprueban o no, que propone no conceder ni aplicar patentes y otros derechos de propiedad intelectual sobre todos los productos relacionados con la Covid-19 hasta que se logre la inmunidad colectiva. Sorprendentemente, países como Brasil, tremendamente afectados por el virus, se oponen a la iniciativa, lo que muestra que la ideología política le gana al bien común.

Asimismo, se han creado mecanismos como el C-TAP, Fondo de Acceso a Tecnología Covid-19, que lanzaron Costa Rica y la Organización Mundial de la Salud, OMS, que es una plataforma en la que se recopilan todos los datos y derechos de propiedad intelectual relacionados con el virus para luego entregar licencias y tecnología a otros fabricantes.

Estas iniciativas, sin embargo, no serán suficientes si los gobiernos no tienen una hoja de ruta definida sobre quiénes, cuándo y cómo recibirán la vacuna.

Cadenas de frío y acceso remoto

Para Nanclares, algo clave es descentralizar las vacunas. Si se trata como en otras epidemias, los países más ricos se quedaran con los primeros lotes y los países de escasos recursos y con poblaciones remotas y vulnerables serán los últimos en ver a la totalidad de sus habitantes inmunizados frente al virus. Además, habrá ciudadanos que podrán acceder a las vacunas de forma particular, pagando un precio inasequible para la mayoría, hecho que solo ahonda la desigualdad y la ceguera ante el privilegio que significa tener ingresos asegurados y acceso a salud de calidad en los países de Latinoamérica y el Caribe.

Por eso, es clave que no sólo se asegure la disponibilidad de la vacuna (como en Colombia donde, el presidente anunció el 10 de diciembre que la vacuna será gratuita para todos los colombianos), sino que también es de suma importancia consolidar la logística de distribución. La realidad es que, si no se vacuna a la inmensa mayoría de la población, incluyendo a los más pobres, a refugiados y desplazados y a quienes viven en regiones remotas, no se controlará la pandemia.

Lo cierto es que en países en conflicto o con zonas geográficas complejas, esto se tiene que hacer meticulosamente. Cuanto más lejos está el destinatario más se com complica garantizar la cadena de frío necesaria para entregar la vacuna. Una vacuna normal necesita estar entre dos y ocho grados siempre, esto ya es un reto. Pero una vacuna como la de Pfizer necesita estar por debajo de los 80 grados centígrados, lo que representa algo sólo al alcance de unos cuantos países. Si esa vacuna se descongela, básicamente se estaría inyectando un líquido inocuo al llegar al destinatario. Así, los gobiernos latinoamericanos se enfrentan a un desafío enorme, puesto que la mayoría han sido incapaces de asegurar servicios universales y de calidad en temas como salud y educación: llegar eficaz y oportunamente a los lugares más lejanos y desconectados de sus países.

Está claro que la vacuna va a llegar muy pronto. La pregunta es dónde, cómo, a quién y a qué precio.