Tal vez la prueba más grande de esa crisis es que la acusación contra la fiscal general, Consuelo Porras, no es nueva. Juan Francisco Sandoval, ex director de la FECI, fue retirado de su cargo en el año 2021. En una rueda de prensa antes de su salida, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras para proteger a sus amigos que estaban involucrados en investigaciones que estaban a su cargo.
Según Sandoval los casos que investigaba tocaban, incluso, al presidente Alejandro Giammattei. En ese entonces afirmó que "No es que yo no pueda responder ante algún señalamiento, el tema es lo manipulada que está la justicia y el riesgo que correríamos [él y otros jueces y fiscales] en un centro de detención por la cantidad de personas que han sido sometidas a [algún] proceso por virtud de mis acciones”.
Hoy Sandoval está refugiado en Washington, ciudad donde también han buscado refugio la ex fiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras. Su denuncia es idéntica a la de Sandoval e incluye el señalamiento contra la fiscal general Porras por su manipulación de la justicia para evitar que avancen los casos de corrupción.
El acoso hacia los funcionarios judiciales, los defensores de derechos humanos y ahora la prensa ha sido tal, que ha suscitado preocupación en Estados Unidos, cuyo gobierno expresó a comienzos de 2022 que hay un "maltrato inaceptable a fiscales y ex fiscales por parte del Ministerio Público". Así mismo, la fiscal general Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, que la señala de obstrucción en las investigaciones de casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. La situación es tan alarmante que en julio de 2021 Estados Unidos congeló la cooperación con el Ministerio Público, después de que fuera despedido el jefe de la FECI.
Los antecedentes y las acciones actuales del gobierno de Guatemala muestran que hay un asedio sistemático contra cualquier persona que se oponga a la estructura corrupta del país, pero especialmente a los jueces y fiscales que buscan detener este aparato.
Tal ataque es dramático ya que ocurre no dentro de una dictadura, sino dentro de los marcos institucionales de un Estado Constitucional de Derecho cuya función principal debería ser proteger a todos sus ciudadanos a través de una justicia fuerte y sin grietas.
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