Los pueblos indígenas de Brasil están siendo asediados por el gobierno brasileño, que está librando una guerra en dos frentes. Por un lado, la nueva legislación en forma de proyecto de ley conocido como PL 490/2007 amenaza con anular la protección legal de los territorios indígenas, y por otro un caso histórico del Tribunal Supremo, conocido como Marco Temporal, amenaza con despojar a los pueblos indígenas de los derechos territoriales existentes.

Si se aprueba la legislación y la sentencia judicial va en contra de los pueblos indígenas, las consecuencias serán catastróficas, aunque no tan dramáticas y visibles como los efectos de los incendios que destruyeron franjas de la selva amazónica brasileña en 2019 y 2020.

El 23 de junio, una comisión de la Cámara Baja del Parlamento brasileño aprobó un proyecto de PL 490/2007, que ahora se someterá a votación. Si los legisladores aprueban el proyecto de ley, éste anulará el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre el uso de sus tierras por parte de los no indígenas. El gobierno tendría derecho a permitir el acceso irrestricto a los recursos naturales, incluyendo actividades extractivas como la minería y la agricultura comercial.

El proyecto de ley, que se lleva estudiando desde 2007, fue propuesto por el poderoso lobby agrícola del país. Su motivación es obvia: permitir que grandes madereros, mineros y ganaderos accedan a vastas extensiones de tierra en la Amazonia, que alberga el llamado "pulmón del planeta", la mayor selva tropical que queda en el mundo y que alberga al menos el 10% de la biodiversidad conocida. Luchan por defender sus tierras ancestrales, según la Constitución, del mismo modo que en su día se enfrentaron a los colonizadores portugueses, a los madereros y a los mineros de oro ilegales.

Mientras tanto, se avecina un desafío en el Tribunal Supremo de Brasil. El 30 de junio, revisará el histórico caso que podría consolidar los derechos territoriales de los indígenas o sentar un precedente al despojarlos de derechos territoriales que no fueron reconocidos oficialmente cuando se aprobó la vigente Constitución brasileña el 5 de octubre de 1988.

La Constitución de 1988, que restableció la democracia en Brasil tras 20 años de dictadura militar, garantiza ciertos derechos fundamentales a los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a seguir su propio estilo de vida cultural sin que se les presione para que se asimilen. El artículo 231 de la Constitución reconoce que los pueblos indígenas son los habitantes originales de Brasil y dice que "las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas están destinadas a su posesión permanente, y les corresponde el disfrute exclusivo de las riquezas del suelo, los ríos y los lagos existentes en ellas".

Pero la agencia federal de asuntos indígenas de Brasil, FUNAI, ha tardado en defender esos derechos y los pueblos indígenas y sus aliados han seguido exigiendo que el gobierno federal los haga cumplir.

En los últimos años, esta lucha ha evolucionado hacia una campaña más organizada que busca la protección de los derechos constitucionales concedidos a los pueblos indígenas. El PL 490/2007, el proyecto de ley de hace 14 años al que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha dado un nuevo impulso legislativo, puede ser el último acto del intento constante de borrar los derechos de los 900 000 indígenas de Brasil a sus tierras ancestrales.

Incluso antes de ganar las elecciones presidenciales de 2018, Bolsonaro dio a conocer su oposición a los derechos territoriales indígenas. Quejándose repetidamente de que la población indígena ocupa demasiada tierra en Brasil, Bolsonaro declaró en campaña que "Si llego a ser presidente no habrá ni un centímetro más de tierra indígena." Las posteriores declaraciones públicas de Bolsonaro dejaron claro que su administración trabajaría para erosionar los derechos de los indígenas hasta hacerlos inexistentes. En un momento dado llegó a comentar "Es una pena que la caballería brasileña no fuera tan eficiente como la americana, que exterminó a sus indios."

A partir de abril de 2020, la FUNAI, organismo ya infradotado que debe proteger a las más de 300 comunidades indígenas de Brasil, se ha visto aún más debilitada. Se aprobaron nuevas normas que permiten registrar intereses no indígenas en tierras reclamadas por comunidades indígenas pero cuyo proceso de demarcación no ha concluido. En efecto, esto sirvió para privilegiar los intereses del lobby agrícola al proporcionar un certificado que confirmaba que sus reclamaciones no afectaban a las tierras indígenas.

Dichos certificados se emitieron incluso para las tierras indígenas ancestrales en las que el prolongado proceso de demarcación se encontraba en una fase avanzada. El cambio de norma técnica en los procedimientos de la FUNAI afectó a 237 áreas indígenas repartidas en casi 10 millones de hectáreas. Aunque tuvo consecuencias dramáticas, al fin y al cabo fue un cambio administrativo en el reglamento de la FUNAI.

Pero si el PL 490/2007 se aprobara y se convirtiera en ley en Brasil, sus efectos serían mucho más amplios. La FUNAI dejaría de tener un papel en la demarcación de las tierras indígenas y el poder legislativo tendría la última palabra y la autoridad. La motivación de este intento de concentrar el poder en manos de los legisladores es la misma que la de las políticas anteriores defendidas por el gobierno de Bolsonaro: abrir las tierras ancestrales de los pueblos indígenas de la Amazonia para el uso de empresas mineras, madereras y ganaderas, que despejarían grandes extensiones de bosque y desarrollarían actividades extractivas.

Kretã Kaingang, coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), un grupo de presión, explica que el impacto probable del PL 490/2007 es permitir que el gobierno tome oficialmente posesión de las tierras de los pueblos indígenas, abrir esas tierras "a empresas depredadoras, como la minería, y, en la práctica, hacer inviables las demarcaciones".

Por supuesto, la lucha no ha terminado, ni mucho menos. El 23 de junio, tras la aprobación del proyecto de ley en la comisión parlamentaria, más de 450 líderes indígenas de 25 comunidades de todo el país se reunieron en la capital federal, Brasilia, para protestar por el ataque a los derechos constitucionales de los indígenas brasileños. El gobierno respondió desplegando policías antidisturbios que dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes.

La atención se centra ahora en el 30 de junio, cuando el Tribunal Supremo de Brasil se pronuncie sobre el caso fundamental de los derechos territoriales de los indígenas y el poder legislativo del país se prepare para votar el igualmente decisivo proyecto de ley.

A medida que se intensifica la guerra contra los derechos de los indígenas brasileños, es urgente que se alcen voces en todo el mundo en apoyo de la resistencia. Y necesitamos urgentemente que la comunidad internacional amplifique las voces de los pueblos indígenas de Brasil y haga un llamamiento a la presión pública sobre el gobierno brasileño para que defienda los derechos de los indígenas que establece la Constitución de Brasil, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya adopción Brasil votó en 2007.