Los pueblos indígenas de Brasil están siendo asediados por el gobierno brasileño, que está librando una guerra en dos frentes. Por un lado, la nueva legislación en forma de proyecto de ley conocido como PL 490/2007 amenaza con anular la protección legal de los territorios indígenas, y por otro un caso histórico del Tribunal Supremo, conocido como Marco Temporal, amenaza con despojar a los pueblos indígenas de los derechos territoriales existentes.
Si se aprueba la legislación y la sentencia judicial va en contra de los pueblos indígenas, las consecuencias serán catastróficas, aunque no tan dramáticas y visibles como los efectos de los incendios que destruyeron franjas de la selva amazónica brasileña en 2019 y 2020.
El 23 de junio, una comisión de la Cámara Baja del Parlamento brasileño aprobó un proyecto de PL 490/2007, que ahora se someterá a votación. Si los legisladores aprueban el proyecto de ley, éste anulará el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre el uso de sus tierras por parte de los no indígenas. El gobierno tendría derecho a permitir el acceso irrestricto a los recursos naturales, incluyendo actividades extractivas como la minería y la agricultura comercial.
El proyecto de ley, que se lleva estudiando desde 2007, fue propuesto por el poderoso lobby agrícola del país. Su motivación es obvia: permitir que grandes madereros, mineros y ganaderos accedan a vastas extensiones de tierra en la Amazonia, que alberga el llamado "pulmón del planeta", la mayor selva tropical que queda en el mundo y que alberga al menos el 10% de la biodiversidad conocida. Luchan por defender sus tierras ancestrales, según la Constitución, del mismo modo que en su día se enfrentaron a los colonizadores portugueses, a los madereros y a los mineros de oro ilegales.
Mientras tanto, se avecina un desafío en el Tribunal Supremo de Brasil. El 30 de junio, revisará el histórico caso que podría consolidar los derechos territoriales de los indígenas o sentar un precedente al despojarlos de derechos territoriales que no fueron reconocidos oficialmente cuando se aprobó la vigente Constitución brasileña el 5 de octubre de 1988.
La Constitución de 1988, que restableció la democracia en Brasil tras 20 años de dictadura militar, garantiza ciertos derechos fundamentales a los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a seguir su propio estilo de vida cultural sin que se les presione para que se asimilen. El artículo 231 de la Constitución reconoce que los pueblos indígenas son los habitantes originales de Brasil y dice que "las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas están destinadas a su posesión permanente, y les corresponde el disfrute exclusivo de las riquezas del suelo, los ríos y los lagos existentes en ellas".
Pero la agencia federal de asuntos indígenas de Brasil, FUNAI, ha tardado en defender esos derechos y los pueblos indígenas y sus aliados han seguido exigiendo que el gobierno federal los haga cumplir.
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