"Antes que nada, hay que salvar la columna vertebral del clima del planeta. Colombia concederá 200 millones de dólares anuales durante 20 años para salvar la selva amazónica. Esperamos el apoyo del mundo". Con estas palabras, el recién elegido presidente de Colombia, Gustavo Petro describió la postura de su gobierno frente a la deforestación en la conferencia de la ONU en Sharm el Sheikh.

Junto con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, Petro lanzó una amplia alianza para proteger la Amazonia, la mayor selva tropical del mundo. Abogó por "la apertura de un fondo" a través del cual los países ricos y las grandes empresas compensen a los pequeños agricultores por proteger y recuperar la selva amazónica.

Petro ha hecho de la protección del clima una de sus prioridades desde el inicio de su presidencia en agosto. "Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques y a promover el desarrollo de energías limpias y renovables", afirmó Petro durante su toma de posesión, marcando un cambio drástico en las políticas medioambientales del país.

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil, posee aproximadamente el 10% de la selva amazónica y es, por tanto, un país clave en la lucha mundial contra el cambio climático y la extinción de especies. Aunque sobre el papel, Colombia ha prometido proteger el medio ambiente y se ha comprometido en la COP de 2021 en Glasgow a declarar el 30% de su territorio nacional como área protegida, la realidad habla de otra manera.

La deforestación en Colombia ha aumentado hasta situarse entre las más altas del mundo. Sólo en 2021 se perdieron 174.000 hectáreas, aproximadamente el tamaño de la República de Mauricio, con amplias consecuencias para el medio ambiente y las comunidades indígenas y rurales.

De la intervención militar al desarrollo de los territorios rurales

Aunque el ferviente énfasis de Petro en la protección del medio ambiente marca un nuevo enfoque político, la reducción de la deforestación no es un objetivo nuevo en la política colombiana. El gobierno de Iván Duque, el anterior presidente de Colombia, había lanzado una campaña militar contra la deforestación llamada plan Artemisa.

Desde 2019, Artemisa ha coordinado operaciones militares en parques nacionales para capturar a quienes cometen delitos ambientales y destruir o confiscar caminos, vehículos y maquinaria utilizados para la tala ilegal.

Sin embargo, los activistas medioambientales criticaron la campaña por ser ineficaz y tener un alto coste social. "Las operaciones militares quemaron casas y destruyeron comunidades rurales enteras, muchas de las cuales tuvieron que huir", explica Jennyfer, activista medioambiental del departamento Meta, al sur de Colombia.

En Meta, los militares llevaron a cabo frecuentes intervenciones en el Parque Nacional de la Macarena, una zona protegida en el límite norte de la selva amazónica. Las intervenciones conllevaban a menudo abusos de poder como el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias de pequeños agricultores inocentes y grupos indígenas, ya que los militares tenían que mostrar resultados. Para atacar a los que orquestan la deforestación, como los grupos criminales, se habría necesitado más tiempo y recursos.

Mientras que las operaciones militares se centraron en intervenciones a corto plazo y sólo detuvieron temporalmente la deforestación incontrolada, Artemisa no logró una transformación sostenible de los territorios rurales. "La ausencia de carreteras asfaltadas hace casi imposible la comercialización de muchos productos agrícolas, de modo que muchos agricultores no tienen ninguna alternativa económica a la tala", señala Jennyfer.

Dado que el enfoque de Artemisa era puramente militar, no condujo a la creación de infraestructuras estatales muy necesarias ni a la formalización de la tierra. Ambas cosas, sin embargo, habrían sido cruciales para atacar las raíces subyacentes de la deforestación, como la pobreza y la falta de oportunidades.

Un nuevo enfoque político

Los primeros anuncios de Petro y su administración indican una nueva estrategia para limitar la deforestación. La nueva ministra de Medio Ambiente y antigua activista medioambiental, Susana Muhamad, ha declarado que la nueva estrategia contra la deforestación pasará del combate militar a la prevención y la conversación.

El enfoque considerará las "necesidades sociales, económicas y productivas de las comunidades sin perder el control (del Estado) en los espacios rurales". En lugar de dirigirse a los pequeños agricultores, quiere centrarse en "perseguir a los responsables del daño a los recursos naturales".

Por ello, las comunidades locales son optimistas en cuanto a que el nuevo enfoque se traduzca en un cambio político real. La activista medioambiental Jennyfer espera que el gobierno dé un claro giro hacia el desarrollo sostenible: "Parece que el nuevo gobierno tiene más en cuenta a los agricultores y a las comunidades del parque. Necesitamos nuevas oportunidades económicas y esperamos que el nuevo gobierno cumpla sus promesas".

En la comunidad internacional, el optimismo también es grande. El Ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, declaró recientemente que la "fuerte voluntad política de Colombia para proteger la Amazonia es esencial si queremos alcanzar los objetivos climáticos globales y proteger la biodiversidad, así como la paz total en Colombia."

Del mismo modo, Samantha Power, administradora de la USAID y anterior embajadora de EE.UU. ante la ONU, expresó recientemente su esperanza de que se preste más atención a las cuestiones medioambientales en Bogotá: "Lo que tenemos ahora es un presidente y un vicepresidente que se consideran a sí mismos ecologistas".

Para sus planes, que también prevén una reducción de la deuda de los países en desarrollo y de renta media para aumentar sus recursos para la protección del clima, Petro necesitará sin duda fuertes aliados políticos en el Norte global. Petro exigió que "el Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de canje de la deuda externa por inversiones en la mitigación y adaptación al cambio climático en todos los países en desarrollo".

El gobierno de Petro tiene, pues, una agenda ambiciosa, pero también un apoyo creciente de su parte. El Reino Unido, Alemania y Noruega prometieron en 2019 una ayuda de hasta 360 millones de dólares si Colombia demuestra una disminución significativa de la deforestación y las emisiones para 2025. La semana pasada, los tres países anunciaron un pago inicial de 25 millones, con el objetivo de recompensar los primeros logros alcanzados en los primeros 100 días de mandato de Petro, que incluyen la firma de acuerdos con comunidades locales y grupos indígenas en puntos conflictivos de deforestación.

Sin embargo, aunque el gobierno de Petro consiga un importante apoyo y capital internacional para las políticas medioambientales, es probable que la protección completa de la Amazonia resulte difícil. La ganadería y la tala a gran escala siguen siendo muy rentables, lo que incentiva la deforestación continua. La falta de presencia estatal en las zonas rurales de Colombia, donde múltiples grupos armados compiten por los campos de coca, las minas ilegales y los corredores de tráfico correspondientes, hace que las intervenciones no militares sean difíciles de realizar.

Las cordilleras y los bosques tropicales caracterizan las zonas rurales de Colombia. Por lo tanto, crear un acceso al mercado para que los pequeños agricultores puedan comercializar sus productos agrícolas y así ofrecerles alternativas económicas a la deforestación es un proceso pesado.

No obstante, en comparación con las políticas anteriores, la nueva estrategia y su enfoque en la reducción de los incentivos a la deforestación, al tiempo que se trabaja por un desarrollo rural sostenible, parecen prometedores. "Al final, será más rentable estar con el Estado de Derecho que participar en economías ilegales", está convencida la ministra Muhamad.