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Hablando con el acento de las élites: el movimiento de derechos humanos y su relación con el público

¿Depende la efectividad del movimiento de derechos humanos de los niveles de confianza y apoyo difuso que inspira entre los ciudadanos? No necesariamente. Las estrategias bien diseñadas a nivel de las elites pueden permitir a las ONGs promover reformas progresistas de manera efectiva. English

Ezequiel González Ocantos
20 November 2013

Ron, Crow y Golden utilizan datos de encuestas para sugerir que el discurso de los derechos humanos está más enraizado entre las élites que entre aquellos ciudadanos que “pueden beneficiarse de las normas de derechos humanos”. Con base en estos resultados, invitan a los activistas de derechos humanos a repensar sus estrategias de vinculación. Los autores asumen que un incremento en el nivel de apoyo público a las ONGs y a su trabajo popularizaría el léxico de los derechos humanos y aumentaría su influencia política alrededor del mundo.

¿Deberíamos preocuparnos por la penetración moderada o baja que tiene el lenguaje de los derechos humanos entre el público? ¿Depende la efectividad del movimiento de los niveles de confianza y apoyo difuso que inspira entre los ciudadanos comunes, como ha sido sugerido por otros participantes en este debate sobre los derechos humanos como movimiento de elite o de masas? ¿Debería la movilización de base ser uno de sus objetivos centrales?

Hablar del “movimiento de derechos humanos” en general puede resultar engañoso. Los activistas de derechos humanos luchan por una miríada de causas, incluyendo derechos políticos y civiles, derechos económicos y sociales, y derechos culturales, y lo hacen en defensa de minorías excluidas y de mayorías marginadas. Por otro lado, dentro del movimiento existen tanto organizaciones de base que intentan promover cambios “en el terreno”, como otras más alejadas, globales y profesionales, que buscan promover cambios a nivel de las elites. Si bien a menudo estos dos tipos de organizaciones trabajan en conjunto (por ejemplo, los abogados de derechos humanos y las víctimas de la represión, o los expertos en materia ambiental y las comunidades afectadas por la contaminación), el llamado hecho por varios de los autores a promover una relación más cercana y colaborativa entre ellos, resulta pertinente.

Mi interés personal yace en la porción del movimiento que conozco mejor, la red de ONGs de derechos humanos en Latinoamérica. Desde mi punto de vista, este movimiento está principalmente interesado en promover reformas institucionales que lleven, por ejemplo, al fortalecimiento del estado de derecho. Para lograr este objetivo, los activistas de derechos humanos y las ONGs presionan a los gobiernos para que ratifiquen tratados de derechos humanos; remuevan de las fuerzas armadas a violadores de derechos humanos y sus cómplices; aprueben reformas legales para garantizar el debido proceso y la debida diligencia; y aumenten los niveles de transparencia de las agencias estatales.

En honor a la verdad, resulta importante admitir que mi visión sobre cómo opera el movimiento y los objetivos que persigue está sesgada por las preguntas que me formulo como académico, particularmente cuáles son las causas de la ola de juicios por violaciones a los derechos humanos en América Latina. En mi trabajo argumento que la explosión de juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad fue posible gracias a las intervenciones pedagógicas montadas por las ONGs, las cuales enseñaron a los jueces y fiscales cómo utilizar el derecho internacional de los derechos humanos en sus sentencias, y cómo aplicar teorías complejas de responsabilidad penal individual a crímenes perpetrados por intrincadas empresas criminales centradas en el estado.

Mi investigación sugiere que al convertirse en poleas de transmisión de normas internacionales de derechos humanos, los abogados y activistas latinoamericanos transformaron las culturas legales domésticas, caracterizadas por el positivismo, el localismo, y el formalismo. De esta manera, las cortes de la región pudieron convertirse en agentes de verdad y justicia, desafiando leyes de amnistía, plazos de prescripción, y la falta de pruebas directas.

Como podemos ver, el movimiento de derechos humanos que estudio tiende a centrarse en las élites, y a ser altamente técnico y dependiente de un importante grado de profesionalización. Si bien estos activistas pueden estar motivados por convicciones fuertemente arraigadas, pasiones, o experiencias y misiones de vida, su efectividad se basa en la capacidad para entablar diálogos con los tomadores de decisiones, los agentes estatales, y los burócratas. El cambio que quieren promover usualmente depende de las acciones de quienes ostentan el poder. En consecuencia, no resulta sorprendente que las ONGs tiendan a contar con personal extremadamente preparado, perteneciente a “comunidades epistémicas” globales, de elite. Este es el perfil apropiado para poder relacionarse de manera productiva con los tomadores de decisiones a nivel nacional e internacional.

Uno de los pasajes más vívidos del aclamado libro sobre el activismo transnacional en derechos humanos, Activists Beyond Borders, es en el que se describe cómo la suerte de los activistas de derechos humanos que intentaban persuadir al gobierno de los Estados Unidos para que ejerciera presión sobre las dictaduras latinoamericanas comenzó a cambiar cuando literalmente dejaron los ponchos en sus armarios y se vistieron de traje para recorrer los pasillos del Congreso. En otras palabras, diseñaron estrategias poderosas y bien pensadas a nivel de las elites.

En varias entrevistas que realicé con jueces y fiscales a cargo de casos por violaciones a derechos humanos en América Latina, el tema de la profesionalización rápidamente salió a la luz. Por ejemplo, un juez argentino atribuyó la efectividad de las estrategias legales de algunas ONGs al hecho de que “sabían perfectamente bien que debían utilizar a sus mejores talentos para escribir las presentaciones, y que no podían simplemente traer a las víctimas para conmovernos”. Una fiscal peruana fue mucho más enfática al explicar la dimensión altamente técnica de su trabajo: “Necesitamos más y mejor entrenamiento […] ¿Qué hago yo, por ejemplo, si luego de 3 décadas los peritajes médicos y psicológicos no revelan evidencia de tortura? ¿Qué otro tipo de evidencia puedo buscar? ¿Cómo la uso y qué importancia debo darle? ¡Necesitamos ayuda!” Las respuestas a este tipo de preguntas no pueden ser proporcionadas por movilizaciones de base o promoviendo actitudes ciudadanas “adecuadas”. Las respuestas a estas preguntas requieren de la difusión de información, conocimiento y expertise. Esto usualmente se consigue hablando con el acento de las élites.

¿Qué podemos decir acerca del asunto de la representatividad? ¿Cómo pueden las estrategias, posturas y demandas de las ONGs ser legítimas si adolecen de un enraizamiento en el público? Dos puntos. Primero, si bien existen algunas organizaciones que buscan efectivizar los derechos de mayorías necesitadas (por ejemplo, el “derecho a la alimentación” en la India), es altamente improbable que la mayoría de los movimientos de derechos humanos puedan convertirse en representativos en el sentido de la movilización de masas, en parte porque muy a menudo defienden los intereses de las minorías. El debate sobre la representatividad no es relevante, sobre todo si uno cree en el basamento moral de la democracia liberal y en la importancia de incluir a las minorías y respetar sus derechos. Las ONGs no tienen que ser representativas en el sentido anterior para legitimar sus actividades.

Segundo, es posible que las ONGs de derechos humanos hablen con el acento de las élites, pero lo hacen para representar voces marginadas, reprimidas y excluidas. El hecho de que el lenguaje con el que se expresan sea distante del público es lo que les permite representar de manera efectiva a esos grupos en los escenarios donde sus necesidades son usualmente ignoradas. Por ejemplo, el 70% de las víctimas del conflicto armado interno en Perú no hablaban o no hablan español como su primera lengua. El trabajo de los abogados de derechos humanos, quienes en su mayoría provienen de las clases medias y altas, es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de esos individuos y sus familiares.

El argumento que intento desarrollar es que la falta de penetración del lenguaje de los derechos humanos no es algo que debería alarmarnos. Los intentos por popularizar este lenguaje entre el público masivo puede incluso reducir la capacidad de las ONGs para producir cambios que beneficien a los sectores más necesitados, ya que pueden redirigir sus esfuerzos de los pasillos del poder hacia las calles. Generar condiciones para producir cambios sociales efectivos desde las calles requiere de otro tipo de herramientas, distintas de las utilizadas normalmente por las ONGs.

Déjenme concluir con una visión más optimista. Puede ser cierto que quienes responden a una encuesta se sientan un poco perdidos cuando son expuestos a términos como “derechos humanos”. Sin embargo, esto puede no ser indicativo de la falta de apoyo difuso para los valores y causas por las que los activistas luchan a diario. El movimiento de los derechos humanos es probablemente el soldado desconocido de la agenda progresista, diseminando apoyo para los derechos de las minorías sexuales, los pueblos indígenas o las mujeres, sin recibir el reconocimiento que le corresponde por cambiar el eje de la conversación, por expandir el temario del debate político.

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