Una mujer reacciona durante la retransmisión de la entrega de armas de las FARC en el municipio de Mesetas, en Bogotá, capital de Colombia, el 27 de junio de 2017. Imagen: Jhon Paz / PA Images. Todos los derechos reservados.

Este artículo forma parte del especial "Elecciones Colombia 2018: despolarización y desinformación" producido en alianza con la Revista Nueva Sociedad y la Fundación Friedrich Ebert.

Lo que en cualquier democracia “normal” sería considerado un dato rutinario devino recientemente en Colombia un hecho de significación histórica: las elecciones legislativas de marzo de este año, en las cuales las ex guerrillas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) debutaron como partido político, se desarrollaron sin incidentes graves.

Conservando su vieja sigla pero rebautizándose como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, los ex guerrilleros compitieron en las urnas y perdieron. No obtuvieron suficientes votos para conquistar ningún escaño, aunque los acuerdos de paz les garantizan cinco en cada cámara legislativa.

Las elecciones presidenciales del pasado 27 de mayo, por su parte, fueron celebradas como las más pacíficas de las últimas décadas: lejos de su tradición de sabotaje, prominentes figuras de las FARC fueron entonces retratadas para la posteridad en el momento de emitir el sufragio. El solo hecho de que esto ocurriera puede considerarse como una victoria política del actual presidente, Juan Manuel Santos, artífice de las negociaciones de paz.

Por primera vez en medio siglo, Colombia fue a las urnas sin la amenaza del terror organizado de las FARC.

En suma, por primera vez en medio siglo, Colombia fue a las urnas sin la amenaza del terror organizado de las FARC. La violencia, sin embargo, no estuvo del todo ausente: la campaña electoral fue acompañada de denuncias de posibles atentados – a causa de las cuales debió reforzarse la seguridad de candidatos y figuras políticas – y abundaron las amenazas en las redes sociales y las agresiones contra periodistas.

La estrategia dominante del contendiente situado a la cabeza, que marcó el tono de la campaña, consistió en capitalizar las ansiedades que genera en un amplio sector de la ciudadanía la reintegración de los ex guerrilleros a la vida civil y política, y agitar en perjuicio de su rival el espectro del chavismo, precisamente al tiempo que llegan al país oleadas de venezolanos que huyen del descalabro económico y social bolivariano.

Prácticamente desconocido meses antes de las elecciones de mayo, Iván Duque, de la agrupación Centro Democrático, compitió con una propuesta económica y socialmente neoliberal y conservadora en lo cultural. Así, combinó promesas de beneficios para el gran capital con reclamos de criminalización del uso de drogas y propuestas para restringir los derechos de la población LGBTTI.

Calificado por sus detractores como títere del ex presidente Álvaro Uribe, criticó duramente los acuerdos de paz, echando mano de un argumentario similar al utilizado ante el referéndum de octubre de 2016. Frente a la necesidad de captar el voto centrista, en el trayecto hacia la segunda vuelta moderó sus posiciones, en este y en otros temas: así, esbozó algunas políticas sociales al tiempo que su amenaza de dinamitar los acuerdos mutó en una promesa de revisión a fin de garantizar una paz con justicia (incluyendo penas de cárcel para ex líderes guerrilleros) en reemplazo de la supuesta impunidad.

En estas elecciones estuvieron prácticamente ausentes los partidos tradicionales que estructuraron la competencia política a lo largo de buena parte del siglo pasado.

Si bien los votos recibidos en la primera vuelta electoral por los tres candidatos favorables al proceso de paz - Gustavo Petro, de Colombia Humana; Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; y Humberto de la Calle, del Partido Liberal – sumaron más del 50% de los apoyos, lo cierto es que fue Duque quien se situó en primer lugar, con el 39% de los votos y 14 puntos de ventaja respecto del segundo, el izquierdista Gustavo Petro.

Se trató de una competencia atípica, en la cual estuvieron prácticamente ausentes los partidos tradicionales que estructuraron la competencia política a lo largo de buena parte del siglo pasado: mientras que el Partido Conservador no presentó candidato, el Partido Liberal obtuvo un magro 2%. Los grandes ganadores, y actuales competidores en segunda vuelta, fueron los que lograron presentarse como alternativas, por derecha o por izquierda, a la política tradicional.

Mientras transcurre el proceso electoral, el proceso de paz se enfrenta al menos a tres grandes desafíos. En primer lugar, la implementación lenta e incompleta de las provisiones relativas a la reinserción de los ex guerrilleros desmovilizados. Numerosos proyectos de creación de empleo en áreas rurales fueron postergados, así como la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de juzgar los delitos cometidos por la guerrilla antes de la fecha de la firma de los acuerdos.

En consecuencia, numerosos ex combatientes han quedado en un limbo judicial y laboral, y pueden verse tentados a unirse a alguno de los grupos violentos que aún abundan. Algunas situaciones, como la reciente captura de un líder de las FARC y la posibilidad de que sea extraditado a los Estados Unidos en una causa de narcotráfico, han disminuido aún más la confianza de muchos ex combatientes en las perspectivas de recibir lo que consideran como un trato justo.

Las conversaciones de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la otra guerrilla que permanece activa, fueron suspendidas en abril.

En segundo lugar, las conversaciones de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la otra guerrilla que permanece activa, fueron suspendidas en abril, cuando Ecuador se retiró como garante en reacción al asesinato de dos periodistas ecuatorianos por parte de efectivos “disidentes” (opuestos al acuerdo) de las FARC y a los reclamos de la población local relativos al deterioro de la situación de seguridad en la región fronteriza entre ambos países.

Por último, la implementación de los acuerdos de paz se enfrenta al desafío de la inseguridad creciente en varias regiones del país, donde el vacío de poder resultante de la desmovilización de las FARC fue rápidamente ocupado no por el Estado, que observa impotente la sucesión de declaraciones y suspensiones de treguas en los territorios, sino por el ELN y diversos grupos paramilitares y bandas criminales ligadas al narcotráfico.

Colombia sigue siendo el país con la mayor cantidad de desplazados internos del mundo, por delante incluso de Siria e Iraq, y la situación de estas poblaciones no ha mejorado. Tampoco lo han hecho las condiciones de seguridad en los territorios, y los líderes sociales y comunitarios siguen siendo las principales víctimas.

En el 2017, ya firmados los acuerdos de paz, fueron asesinados 170 líderes sociales, aproximadamente uno cada dos días – un incremento de 45% respecto del año anterior.

A lo largo de 2017, ya firmados los acuerdos de paz, fueron asesinados 170 líderes sociales, aproximadamente uno cada dos días – un incremento de 45% respecto del año anterior, con la mayor concentración de casos en las regiones de Cauca, Nariño y Antioquia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, la mayoría de los asesinatos fueron perpetrados por sicarios y se produjeron en zonas anteriormente controladas por las FARC, y hoy dominadas por fuerzas paramilitares y del ELN.

Según estimaciones realizadas diez días antes de los comicios, última fecha en que está permitida la difusión de sondeos, Duque tiene un 80% de probabilidades de resultar elegido en la segunda vuelta del próximo domingo. Si las encuestas aciertan, Duque recogerá el 50% de los votos, mientras que Petro rondará el 38%. De ser así, esto será lo más cerca del poder que un candidato de izquierda ha llegado en la historia de Colombia.

Es de temer, asimismo, que el resultado suponga un retroceso significativo en la implementación de los acuerdos de paz. Si bien Petro parece carecer de la fórmula mágica para garantizar su efectiva implementación, Duque ha exhibido abiertamente la voluntad de torpedearlos.

El voto por Petro en la primera vuelta, así como su intención de voto el próximo domingo, han sido consistentemente más fuertes en las regiones más marcadas por el conflicto y la pobreza, en muchas de las cuales ganó el SI en el malogrado referéndum de ratificación. Para esta sección de la ciudadanía, el resultado electoral está lejos de ser indiferente: solo queda esperar que tampoco lo sean sus compatriotas que, hasta último momento, han manifestado la intención de votar en blanco el próximo domingo.