Venezuela vive desde 2015 una emergencia humanitaria compleja que, sumado a la crisis económica, ha golpeado con fuerza al sector de la salud y ha puesto en evidencia lo que por años ha sido la falta de inversión en el sistema público. De los recursos con los que puedan contar los hospitales, poco se destina al mantenimiento de la infraestructura y a la seguridad, asi lo muestra este especial Hospitales en Venezuela, inseguridad hasta los huesos.

Trabajadores sanitarios dieron su testimonio para este reportaje de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por TalCual, El Pitazo y Runrunes, en alianza con CONNECTAS y el apoyo del ICFJ. Confirman que el deterioro de los hospitales es aprovechado por los delincuentes para cometer delitos contra los bienes de las personas.

En diferentes reportes de gremios de la salud y de instituciones académicas se muestra la crítica situación de los centros hospitalarios. En ellos se destaca la precariedad de los servicios públicos que ha afectado significativamente la atención a los pacientes.

La Federación Médica Venezolana señala que la red hospitalaria, integrada por 301 centros de salud en el país, muestra un cierre técnico de 80% debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, falta de equipos, implementos de trabajo, vigilancia, electricidad y agua.

En un recorrido realizado para esta investigación a varios hospitales en Caracas, se observó que en el Oncológico Luis Razetti, que fue por años un centro de referencia nacional para tratar casos de cáncer, hoy es solamente un lugar que intenta sobrevivir. Aunque tiene capacidad para 432 camas, apenas cuenta con 70 en funcionamiento, algunas en muy malas condiciones y varias de ellas han sido reparadas con partes y piezas de otras camas.

Los robos en este centro de salud son cada vez más numerosos, suceden a plena luz del día y ni los que vigilan se salvan. «Al mismo departamento de vigilancia lo robaron. Picaron todas las cámaras de seguridad que estaban en el estacionamiento y la entrada», asegura Luis Gómez, trabajador del hospital.

En junio de 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC, el máximo organismo de policía nacional) creó una nueva unidad denominada División de Investigación de los Delitos Contra la Salud Pública. Entre otras funciones, daría asesoramiento a los centros asistenciales para mejorar la seguridad.

En los hospitales visitados no se observaron funcionarios policiales pertenecientes a esta unidad, mientras que personal de la salud aseguró no haber recibido recomendaciones, ni tener conocimiento de los planes de las autoridades para enfrentar la inseguridad que padecen.

Yadira González, bioanalista en el Luis Razetti, comparte su preocupación por la inseguridad que impera en su lugar de trabajo, ya que han sufrido robos en el mismo laboratorio donde acostumbra trabajar.

A ella misma le sustrajeron su vehículo del estacionamiento. Dijo que evalúa, junto con otros colegas, contratar un sistema de vigilancia privada para el departamento.

Jaime Lorenzo, de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, indica que los robos son comunes en las áreas de emergencia de los hospitales, pero que además se presentan eventos en los que delincuentes «ajustan cuentas» con otros hombres heridos de bala. Aunque esto escala hacia otros lugares de los hospitales.

Un ejemplo de ello ocurrió a finales de enero de 2022, cuando varios criminales confundieron a Fabio Simanca con un rival y lo asesinaron dentro del Hospital El Llanito, en el estado Miranda. El joven de 22 años se encontraba internado debido a un accidente de tránsito y, mientras esperaba para ser operado, dos personas ingresaron a su habitación y lo apuñalaron múltiples veces.

A la protesta, amedrentamiento

De los ataques a la propiedad en los hospitales y de los trabajadores, también el personal de la salud sufre de otro tipo de violencia. En cada manifestación, el terror llega para callar las voces que claman por mejoras en la infraestructura hospitalaria y mayor seguridad.

Los médicos y enfermeros de diferentes instituciones sanitarias son víctimas de amedrentamiento, amenazas y persecución por parte de personas afectas al partido de gobierno PSUV, agrupados en los llamados grupos «colectivos».

Las autoridades han sido protagonistas de acciones arbitrarias contra el personal sanitario. Despidos injustificados y arrestos solo por denunciar la falta de insumos médicos, equipos de protección anti COVID-19 o carencias de servicios públicos. La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido utilizada contra médicos y enfermeros, que de acuerdo a la ONG Espacio Público, se ha enfilado contra 18 del sector de la salud.

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