En cada época surgen nuevos conceptos en el mundo de la política y el derecho internacionales, como respuesta a los temas centrales del momento. Un concepto significativo que se materializó en los años recientes es el de la “responsabilidad de proteger” (R2P), el cual tiene como objetivo hacer frente a las situaciones en las que los Estados soberanos no protegen los derechos humanos de su población, como en el caso de Siria. De acuerdo con este concepto, la comunidad internacional tiene la obligación jurídica de actuar en caso de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. En un reporte sobre el tema de la R2P, el Secretario General de la ONU observó que ‘el concepto ha sido ampliamente aceptado’.

Dado el enorme sufrimiento del pueblo sirio en el conflicto civil en curso, parecería un caso típico para invocar la doctrina R2P. Se estima que el número de muertes en Siria asciende a 100,000. Hay cerca de 2 millones de refugiados que han huido del conflicto y varios millones de personas desplazadas al interior del país que están recibiendo poca o ninguna asistencia humanitaria. También hay miles de personas que languidecen en las prisiones sirias. Finalmente, está la presunta utilización de armas químicas por el gobierno de Assad. Pero a pesar de la trágica situación en materia de derechos humanos, no hay un consenso entre la comunidad internacional sobre la aplicación de medidas militares en Siria que están contemplando los Estados Unidos y algunos de sus aliados. Rusia se opone enérgicamente a la acción militar; también se oponen el resto de los países BRICS (Brasil, India, China y Sudáfrica). Es más, incluso el Parlamento británico se ha negado a respaldar la acción militar en Siria.

¿Cómo se explica la oposición de estos países a la acción militar frente a la tragedia humana en curso? Es importante entender las razones jurídicas y políticas destacadas que se están presentando para oponerse a la acción militar. En el ámbito legal, es difícil reconciliar la acción militar propuesta con los principios de derecho internacional de la abstención del uso de la fuerza y la no intervención en los asuntos internos y externos de los Estados. La Corte Penal Internacional, refiriéndose al caso de Nicaragua (1986), sostuvo que ‘...no [... existe] en el derecho internacional contemporáneo algún derecho general de intervención en apoyo de la oposición dentro de otro Estado’. El tan citado precedente de Kosovo no es útil, ya que una intervención ilegal no puede justificar otra. Tampoco la Convención sobre Armas Químicas de 1993 ofrece una base legal para la acción militar, ya que Siria no es uno de los Estados miembro. Es cierto que Siria hace parte del Protocolo de Ginebra de 1925 y que hay varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) y de la Asamblea General de la ONU (AGONU) que exhortan a los Estados a que cumplan con éste. Pero el protocolo y las resoluciones no pueden formar la base para tomar acciones militares, ya que dichas acciones sólo pueden llevarse a cabo (incluso las acciones limitadas y con un objetivo fijo) en las circunstancias definidas en la Carta de la ONU. En este caso, se requiere una resolución del capítulo VII del CSONU. Es poco probable que se apruebe dicha resolución (como sea que esté formulada); en primer lugar, porque el equipo de inspectores de armas de la ONU que visitó Siria aún no ha presentado su informe. En segundo lugar, China y Rusia la vetarán porque se oponen a la acción militar, particularmente ante la ausencia de evidencia contundente sobre el uso de armas químicas por el régimen de Assad.

En materia de razones políticas, los Estados han presentado numerosos argumentos para oponerse a la acción militar. En primer lugar, existen diferencias respecto a la comprensión y las implicaciones del concepto de la R2P. Por ejemplo, en noviembre de 2011, Brasil distribuyó una nota en la ONU en la que destacaba la idea de la ‘responsabilidad al proteger’. En ella, Brasil argumentaba que la intervención militar sólo debe llevarse a cabo como último recurso, ya que “incluso cuando se justifica por motivos de justicia, legalidad y legitimidad, la acción militar tiene costos humanos y materiales elevados”. Por lo tanto, es necesario primero “agotar todas las soluciones diplomáticas en todos los conflictos”. La nota también señaló que “cada vez se tiene más la percepción de que el concepto de la responsabilidad de proteger podría utilizarse incorrectamente para fines diferentes de la protección de la población civil, por ejemplo, los cambios de régimen”. Las inquietudes de Brasil son preocupaciones generalizadas en los países en vías desarrollo, especialmente en el contexto de Siria.

En segundo lugar, los Estados se han vuelto más sabios a partir de la intervención en Libia. Varios Estados que no se opusieron a la invocación de la R2P en Libia, no están dispuestos a respaldarla esta vez, ya que la resolución 1973 del CSONU fue interpretada incorrectamente y utilizada por las potencias de la OTAN para lograr un cambio de régimen.

En tercer lugar, existe una justificable preocupación de que la acción militar lleve a un recrudecimiento de la violencia en Siria y la región que la rodea, lo cual provocaría una crisis humanitaria de mayor magnitud. Más millones de personas se verían desplazadas al interior y exterior de Siria. Miles más perderían la vida. Se cree que incluso la salida de Assad aliviaría poco la situación de la población de Siria. Ésa ha sido la experiencia del pueblo libio, que después de la terminada era Gadafi, ha sido objeto de la violencia incesante ejercida por las milicias armadas que controlan grandes secciones del país.

En cuarto lugar, se considera que la acción militar debilitará el proceso de Ginebra 2, el cual tiene las mayores posibilidades de poner fin al conflicto en Siria. Podría significar un largo periodo de incertidumbre política durante el cual el pueblo sirio sería incapaz de tomar control de su destino político. En quinto lugar, se señala que el apoyo para las ‘fuerzas democráticas’ en Siria proviene de muchos regímenes árabes que son todo menos democráticos. Esto refuerza la sospecha de que los intereses geopolíticos son el principal impulso detrás del apoyo para la acción militar.

En sexto lugar, existe un temor genuino de que las armas que se suministren a los rebeldes puedan terminar en manos de grupos extremistas que forman parte de las fuerzas rebeldes. Y en séptimo lugar, se cree que no hay partes inocentes en este conflicto. Tanto el gobierno como las fuerzas armadas contribuyen a la creciente violencia y a la violación del derecho internacional humanitario.

Incluso en la sociedad civil global hay resistencia ante la idea de que las opciones entre las que debe elegir la comunidad internacional son apoyar una acción militar o un régimen brutal. Esta resistencia emana de cierta interpretación de la historia. Se cree que esta falsa disyuntiva responde a la geopolítica del imperialismo arraigada profundamente en el colonialismo. Las raíces de la violencia en los Estados poscoloniales se remontan a la construcción de los Estados coloniales, en los cuales la economía, la burocracia, la policía y el ejército se plantearon para servir al Estado en vez de a la gente. Las estructuras de los Estados coloniales nunca se desmantelaron del todo en la era poscolonial. Sin embargo, cuando los Estados poscoloniales son democracias, los movimientos de derechos humanos y sociales tienen la capacidad de prevenir violaciones graves de derechos humanos (o, cuando éstas ocurren, pueden usar el sistema legal para poner a los responsables en manos de la justicia). Pero en los casos en los que el Estado poscolonial se transformó en un Estado autoritario, como en el caso de Siria, esto no es posible. A menudo, estos Estados autoritarios han recibido el apoyo de potencias hegemónicas movidas por sus ambiciones geopolíticas. Pero cuando esos regímenes se vuelven una carga, las mismas potencias manipulan la situación política del Estado poscolonial y utilizan los agravios genuinos de su población como fundamento para oponerse al régimen en el poder. Con frecuencia, el resultado es el aumento de la violencia del Estado contra su propio pueblo. El levantamiento del embargo de la UE para permitir el suministro de armas a los rebeldes y, anteriormente, el uso de los ingresos provenientes del petróleo para financiar la insurrección, junto con la posibilidad de que el Presidente Obama ordene una acción militar, deben analizarse tomando en consideración dicho trasfondo. A pesar de las aludidas negaciones, se considera que las fuerzas del imperialismo están utilizando las dificultades extremas del pueblo sirio para favorecer sus intereses de cambiar el régimen.

Lo que necesitamos hoy en día no es una intervención militar sino un internacionalismo prudente. Un internacionalismo que se abstenga de socavar el consenso normativo existente en la comunidad internacional sobre cuándo es permisible la acción militar. El internacionalismo prudente también reconoce que no se pueden exportar la democracia ni las prácticas democráticas a otras sociedades y que la acción militar puede socavar el futuro de la democracia al agudizar las divisiones sociales y sectarias. El internacionalismo prudente también toma conciencia de los resultados anteriores de las acciones militares, especialmente la violencia constante en las sociedades que fueron objeto de una acción militar (por ejemplo, Irak, Afganistán y Libia). El internacionalismo prudente, además, se niega a aceptar la opinión que plantea que no apoyar la acción militar es apoyar el régimen brutal de Assad.

El internacionalismo prudente ve una tercera vía, la de la acción política y diplomática para resolver el conflicto. Requiere que los Estados y las fuerzas de la sociedad civil que se oponen a la acción militar se aseguren de que se ponga en marcha el proceso de Ginebra 2. De hecho, todos aquellos que se oponen a la acción militar tienen la obligación moral de no permanecer como espectadores pasivos ante la tragedia que se está desarrollando en Siria. En este sentido, es particularmente importante que los principales países en vías de desarrollo como Brasil, India, China y Sudáfrica actúen de manera inmediata para recabar apoyo para el proceso diplomático. No se puede dejar la decisión de convocar el proceso de Ginebra 2 en manos de unos pocos Estados, en particular de EE. UU. Egipto nos ha demostrado que la misma potencia hegemónica que habla de la necesidad de instaurar un régimen democrático en Siria es testigo mudo de la destrucción de éste en Egipto. Mientras se emprenden esfuerzos para poner en marcha el proceso de Ginebra 2, se debe ofrecer más asistencia humanitaria a la población siria para aliviar su sufrimiento. 

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