Gente llevando el ataúd de Lesbia Janeth Urquia, una activista de los derechos indígenas y ambientalistas, cerca de una iglesia en Marcala, Honduras. 8 de julio de 2016. Foto AP/Fernando Antonio. Todos los derechos reservados.

Civicus, la organización sin ánimo de lucro ‘dedicada al fortalecimiento de la acción ciudadana y la sociedad civil en el mundo’, acaba de publicar, como cada año, su Informe de Control de la Sociedad Civil. En el informe se documentan graves violaciones de la libertad de asociación, de expresión y de reunión en 109 países, 14 de ellos en América Latina, a lo largo de 2015.

El informe expone una tendencia preocupante. A pesar de los llamamientos a impedir la reducción del espacio de la sociedad civil, puede observarse que ‘cada vez más estados no están cumpliendo con sus compromisos con la legalidad internacional y con su deber de proteger y hacer posible la sociedad civil’. El resultado es un aumento alarmante del número de casos de hostigamiento, violencia física y asesinatos selectivos de activistas de la sociedad civil en todo el mundo – por parte de actores estatales y no estatales.

El informe denuncia asimismo ‘el alto porcentaje de países [latinoamericanos] en los que se registran graves violaciones’. La gran mayoría de estas violaciones tienen que ver con la desprotección de la libertad de asociación, razón por la que personas y grupos relacionados con organizaciones de la sociedad civil (OSCs) son con frecuencia objeto de acoso, violencia y, en varios países, homicidio. Los países latinoamericanos son también culpables de graves violaciones de la libertad de expresión y de reunión, por los repetidos ataques que sufren periodistas y blogueros. A pesar de algunos avances formales a nivel legislativo, la realidad sigue siendo inquietante y existe en toda la región una sensación de retroceso. A los observadores de los derechos humanos y civiles les toca perseverar en su tarea, proseguir los esfuerzos para proteger a los activistas de acoso y violencia extrema, y obligar a los gobiernos a rendir cuentas de sus violaciones.

Este es un resumen de los abusos registrados en 2015 en países de América Latina:

* * *

Bolivia

La policía usó métodos violentos para reprimir las protestas de los mineros que reclamaban al gobierno que hiciera frente a los problemas de desarrollo de su región. Muchas OSCs recurrieron a la autocensura como mecanismo de supervivencia ante el acoso de activistas y organizaciones. Y se acusó públicamente a varias ONGs de ser “irregulares” por no cumplir con la ley de registro de organizaciones.

Brasil

Se dieron numerosas violaciones de derechos fundamentales de periodistas, manifestantes y activistas de la sociedad civil. Varios activistas de derechos de  los pueblos indígenas, blogueros y periodistas fueron intimidados, atacados con violencia y asesinados. Fallaron los mecanismos de protección en el caso de varios defensores de los derechos humanos que fueron hostigados en los tribunales y expulsados de sus puestos de trabajo a causa de sus actividades.

Chile

En el sur de Chile la policía usó medidas de fuerza desproporcionadas ante las protestas pacíficas de indígenas, un colectivo al que cabe considerar especialmente de riesgo. Por ejemplo, en el mes de setiembre se dispersó con excesivo de celo a unos activistas de la comunidad mapuche que ocupaban pacíficamente un edificio gubernamental en la ciudad de Temuco.

Colombia

Los frecuentes ataques violentos y asesinatos de periodistas, abogados, activistas comunitarios y religiosos y población indígena hacen de Colombia uno de los países del mundo más peligrosos para los periodistas y los defensores de los derechos humanos. La estructura de la propiedad de los medios y las amenazas a periodistas – especialmente los que cubren casos de corrupción, crímenes, abusos de derechos humanos y elecciones – socavan la libertad de expresión en el país.

Cuba

La restricción de todas las libertades continuó vigente a pesar de restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad siguieron acosando a personas y a grupos organizados con fines políticos externos al Partido Comunista. Todos los medios tradicionales son propiedad del Estado, carecen de independencia editorial, y aunque ha aumentado el acceso a internet, sigue siendo muy limitado. Los arrestos arbitrarios de corta duración como táctica intimidatoria contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes, los disidentes políticos y los manifestantes aumentó de manera notable.

Ecuador

El gobierno intentó clausurar el sitio web de la última ONG dedicada a la defensa de la libertad de prensa que queda en el país. Incrementó también su capacidad de interceptar las comunicaciones digitales y respondió a la escalada de protestas sociales con más presión e infiltración policial en las manifestaciones. Los activistas medioambientales y los defensores del derecho a la tierra tuvieron que hacer frente a numerosos ataques y amenazas.

El Salvador

El asesinato de un activista transexual puso de manifiesto la violencia continua contra los defensores de los derechos humanos. Un blanco específico de esta violencia fueron las mujeres activistas. El número de acciones criminales contra los medios se incrementó substancialmente.

Guatemala

Las protestas contra el desgobierno consiguieron hacer dimitir al presidente del país, acusado de corrupción. Pero persistió la violencia, los homicidios y la intimidación de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas. Los activistas medioambientales y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas fueron los más afectados. Continuó también la impunidad por crímenes pasados contra los defensores de los derechos humanos, así como la intimidación de fiscales, jueces y abogados.

Honduras

Se registró un aumento de los crímenes contra periodistas y activistas de la sociedad civil, especialmente contra los defensores de los derechos LGBTI y de la mujer. Aunque se promulgó una ley para proteger a los defensores de los derechos humanos, su implementación no fue adecuada y se obvió consultar a la sociedad civil. Aparecieron informaciones de que el gobierno había adquirido software espía. La sociedad civil siguió teniendo que hacer frente a pesados requisitos administrativos.

México

Fueron asesinados periodistas activos en la denuncia de abusos de los derechos humanos y el tráfico de drogas. Se informó de que el gobierno había adquirido software de vigilancia que amenaza al derecho a la intimidad. Ocho defensores de los derechos humanos fueron asesinados y muchos otros, especialmente abogados defensores del derecho a la tierra de los pueblos indígenas, sufrieron acoso judicial, ataques físicos, amenazas e intimidación. Las mujeres defensoras de los derechos humanos corrieron un riesgo especial.

Nicaragua

Dos defensores de los derechos humanos fueron asesinados y se extendió la autocensura en los medios. Se elaboró un proyecto de ley para la creación de una compañía estatal para la gestión de los servicios de banda ancha. Entró en vigor la Ley de Seguridad Soberana, que amplía la definición de lo que puede considerarse una amenaza de seguridad. El gobierno informó a las OSCs de que ya no podrían recibir financiación directa de fuentes internacionales sino únicamente a través de instituciones estatales. Varias protestas, entre ellas algunas contra el megaproyecto de canal interoceánico, fueron duramente reprimidas.

 Paraguay

Los defensores de los derechos humanos que trabajan en temas medioambientales, de pueblos indígenas y de derecho a la tierra tuvieron que hacer frente a ataques físicos, amenazas, intimidaciones y campañas de difamación. Las mujeres activistas los sufrieron de manera especial. Los defensores de los derechos humanos fueron también objeto de suspensiones por parte de asociaciones profesionales a causa de sus actividades. Se reprimieron protestas, en particular las protagonizadas por trabajadores y campesinos sindicados.

Perú

Se modificaron los requisitos para la renovación del registro de las ONG y aumentaron sus obligaciones de información y controles. Aumentaron las protestas sociales y medioambientales y se decretó el estado de emergencia en tres provincias tras violentos enfrentamientos con la policía. Los defensores de los derechos humanos, en particular los que se oponen a las industrias extractivas, fueron blanco de la represión. Las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres fueron otro colectivo de riesgo.

Venezuela

Se hostigó y criminalizó a activistas y periodistas, a los que altos cargos del gobierno acusaron repetidamente de trabajar para potencias extranjeras con el fin de desestabilizar al Estado. Las OSCs que cooperan con las Naciones Unidas y los mecanismos de integración interamericana fueron objeto de acoso especial y acusadas de conspiración. Como reacción a las protestas de 2014, el gobierno aprobó un decreto por el que las fuerzas de seguridad pueden usar fuerza letal en las manifestaciones. Se registraron numerosas e importantes violaciones de la libertad de expresión.

Fuente: CIVICUS

* * *

El contenido del informe de Civicus está en línea con la creciente preocupación por la violencia estructural en la que sigue inmersa la región. Aunque se producen señales positivas de que pueden mitigarse los conflictos violentos, notablemente por parte de los que se sientan alrededor de la mesa de negociaciones para la paz en Colombia, sigue habiendo disfunciones importantes por parte de los estados en cuanto a la protección de los ciudadanos activos en el espacio de la sociedad civil.

Mientras que países como El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Brasil y Colombia presentan las formas más violentas de represión de las OSCs, las presiones y las restricciones de las libertades básicas que pone de manifiesto este informe siguen siendo un reto para toda la región. El informe cubre el año 2015, pero en el primer semestre de 2016 hemos visto cómo se ha deteriorado la situación aún más y de manera significativa en Honduras y hemos podido presenciar desarrollos inquietantes en Argentina, un país al que hay que prestar especial atención este año. A los estados de la región les corresponde la responsabilidad de revertir la tendencia hacia la contracción de la sociedad civil. De no asumirla, seremos testigos del silenciamiento de aquellos que tan desesperadamente precisan de una voz en las sociedades de Latinoamérica.