San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare en Colombia, es un municipio situado en el sureste del país, a orillas del río Guaviare. La zona cuenta con una rica biodiversidad y una fuerte cultura indígena. La economía de la región se basa principalmente en la agricultura y la ganadería, aunque el oro, la esmeralda y la madera también desempeñan un papel importante.

El municipio, sin embargo, ha estado azotado por el conflicto armado en los últimos años, con continuos enfrentamientos entre el gobierno y los grupos armados. La situación de seguridad en la región ha frenado la prosperidad de residentes y empresas, ha disuadido al turismo y ha puesto en una situación límite a las comunidades indígenas que son las más vulnerables. Estas comunidades indígenas, de los grupos Jiw y Nukak, hace tiempo que sufren ell hambre. Las que viven San José del Guaviare lo hacen en una grave condición de pobreza y sus niveles de desnutrición son cercanos al 54%.

Aunque el gobierno colombiano ha intentado mitigar este nivel de desnutrición entre las comunidades indígenas, no lo ha logrado. La situación de hambre y miseria se ha deteriorado hasta tal punto que dio pie a intolerables violaciones de los derechos humanos entre los indígenas.

La situación es hasta tal punto escandalosa que se ha hecho insostenible. El pasado 11 de enero el diario El Espectador publicó un artículo en el que explica que una de las figuras de control de San José del Guaviare denunció que una zona de tolerancia del municipio es normal que haya niños y niñas indígenas de las comunidad Jiw y Nukak explotados sexualmente a cambio de comida, drogas o dinero. Swissinfo.ch amplió la cobertura de estos hechos e informó que serían al menos 69 niños y niñas violados, miembros de estas dos comunidades indígenas que están en vías de extinguirse.

El artículo detalla la situación y explica que uno de los agravantes es que quienes “cambian” a los niños indígenas son miembros de la fuerza pública además de, presuntamente, un militar estadounidense, que habría violado a una niña de 10 años según recogió un reportaje de Univisión, aunque esto fue desmentido por las autoridades. Todo sucede en una llamada "zona de tolerancia", una L que comprende dos cuadras entre las que está una zona conocida como La 40, donde es habitual la prosticucion de niños indígenas desde los cinco años de edad en adelante.

Para hacer frente al escándalo, el gobierno colombiano fue al lugar a verificar las denuncias mientras el presidente Gustavo Petro se manifestó en su cuenta de Twitter y afirmó que, desde el 2019, está en marcha una investigación en la Fiscalía a miembros del ejército por violaciones en San José del Guaviare, y añadió que espera que esta investigación haya avanzado para tomar las medidas necesarias.

A lo anterior añadió una dramática frase: "¿Hay una dignidad de la Patria? ¿Hay una dignidad de la madre tierra?}". Más allá de la genuina indignación del presidente, el historial de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte del ejército colombiano es larguísimo, y aunque las palabras del presidente colombiano son oportunas, será clave su seguimiento personal del asunto y que, junto a sus ministros, entienda cómo parar por completo la situación de hambre extrema del lugar a la vez que se castiga ejemplarmente a los militares implicados.

Una tragedia anunciada

La situación de los Nukak y los Jiw no es nueva. El fiscal general Francisco Barbosa, explicó en enero de este año que ya en 2016 envió una carta con más de 100 firmas de comerciantes de San José del Guaviare en la que le pedían al Gobierno Nacional hacer algo al respecto del hambre y la pobreza en el municipio que afecta cupon especial crudeza a estos grupos indígenas.

A enero de 2023 la acción gubernamental ha sido bien escasa. El mismo Barbosa visitó el lugar y confirmó que sí hay prostitución de niños indígenas de ambos grupos; los venden por sumas entre los 2.000 y 10.000 pesos (entre 0,43 y 2,15 dólares estadounidenses), unas cifras que dan idea del horror que se vive en San José del Guaviare.

Las denuncias, además, afirman que las autoridades departamentales ya sabían de la situación y que decidieron no tomar ninguna medida para detener el execrable abuso. A raíz del escándalo se abrió una indagación disciplinaria contra Joaquín Mendieta Salguero, el actual director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el ente encargado de velar por la seguridad de los menores en Colombia.

Salguero, aparentemente, conocía en detalle que desde 2019 se estaban prostituyendo niños de las comunidades indígenas, y no hizo nada al respecto. Así mismo, el fiscal general afirmó que se abrirán más indagaciones a otros miembros de las autoridades del municipio. También confirmó que al menos seis miembros del ejército en San José del Guaviare estarían involucrados en el abuso.

Estas violaciones de los derechos humanos y de la infancia no eran algo desconocido en la localidad. Lo sabía el director regional de la entidad encargada de proteger a los niños, lo sabían los militares, lo sabía la comunidad y desde 2016 se había alertado al gobierno sobre una situación insostenible.

Lo más grave es que no es la primera vez que los medios destapan un caso tan atroz.Pero la justicia es exasperadamente tenta. En septiembre de 2019 varios militares violaron presuntamente a una niña de 15 años de la comunidad indígena Nukak Maku, también en San José del Guaviare, y sólo ahora la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos Humanos está finalizando la recopilación del material probatorio.

El sábado 14 de enero el presidente Gustavo Petro afrmó que la violación de niños y niñas indígenas en esta región merece el calificativo de “etnocidio”. Es una afirmación que da cierta esperanza sobre la determinación de actuar por parte del gobierno actual, pero queda por ver si se reflejará en acciones decisivas que acaben, no solo con la prostitución infantil (que no solo existe en el Guaviare), sino con los problemas de raíz que este y muchos municipios de Colombia enfrentan: violencia estructural, hambre crónica y pobreza extrema.