democraciaAbierta: Opinion

La violenta respuesta gubernamental a las protestas provoca una crisis humanitaria en Colombia

Desde el 28 de abril hasta hoy, 6 de mayo, las protestas no han cesado en Colombia. La respuesta autoritaria y violenta del gobierno ha sido desproporcionada e injustificable, y exige una rectificación inmediata.

democracia Abierta
6 mayo 2021, 12.00am
Miembro del ESMAD ataca a un manifestante en las marchas en Bogotá.
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Twitter.

Durante nueve días, Colombia ha marchado. Primero, se convocó un paro nacional para oponerse a la ya extinta Reforma Tributaria que el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le propuso al Congreso de la República. Pero luego, ante la brutalidad de la respuesta policial, la protesta se amplió a otras problemáticas estructurales y especialmente contra los intolerables abusos policiales que se están viviendo durante las marchas.

La comunidad internacional, de forma contundente, le ha pedido al gobierno de Iván Duque que recuerde las responsabilidades hacia los ciudadanos y para condenar la violación de derechos humanos.

Ahora, esta historia no comenzó hace ocho días, sino que se ha escrito por años.

Colombia atravesó una guerra de más de 60 años y la violencia se ha normalizado. Desde 2016, se cuantifican más de 300 líderes sociales asesinados y más de 50 masacres de civiles indefensos, cada año. Incomprensiblemente, las autoridades se muestran incapaces de atajar esta situación del todo insoportable.

Pero cuando los cuerpos de seguridad del Estado dirigen una violencia indiscriminada y letal hacia ciudadanos que protestan legítimamente en las calles, una nueva línea roja se está cruzando

Pero cuando los cuerpos de seguridad del Estado dirigen una violencia indiscriminada y letal hacia ciudadanos que protestan legítimamente en las calles, una nueva línea roja se está cruzando.

Los hechos

El 28 de abril o #28A, hashtag con el que se difundió la convocatoria de la marcha, sindicatos, colectivos indígenas, políticos de la oposición y organizaciones civiles, hicieron un llamado para que los y las colombianas salieran a marchar con un propósito: protestar contra la Reforma Tributaria que Alberto Carrasquilla, entonces ministro de Hacienda, había presentado ante el Congreso, y que se consideró profundamente injusta con el común de la ciudadanía.

La reforma proponía extender la recaudación tributaria a las rentas más bajas, ampliando la base tributaria y que las personas pagaran impuesto de renta a partir de una base gravable de 2,4 millones de pesos (US$ 540) y desde 4,8 millones de pesos (US$ 1080) para las pensiones. A partir del 2023, además, la base se ampliaría aún más y todos los colombianos que ganaran más de 1,4 millones de pesos (US$ 378) al mes tendrían que declarar. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo en Colombia es de 908.526 pesos, que equivale a 245 dólares estadounidenses, queda claro por qué los colombianos salieron en masa a la calle a protestar.

Desde el primer día de protesta, y en paralelo a las marchas pacíficas, se registraron algunos actos de vandalismo, pero sobre todo se registraron desmanes por parte de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Mientras que los grandes medios reportaban escasamente los ataques contra civiles, las redes sociales, especialmente Twitter, se inundaron de denuncias sobre abuso policial y exceso de fuerza. Las marchas siguieron los siguientes días y Colombia se despertó a una nueva realidad: la Policía encargada de protegerlos estaba disparando a los manifestantes con fuego real.

La espiral de la violencia fue especialmente intensa en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. Durante el fin de semana, el 1 y 2 de mayo, los caleños inundaron las calles y se enfrentaron (en algunos casos, violentamente), a la Policía. Ante la magnitud de las protestas que se extienden a todo el país, la noche del 2 de mayo el presidente de Colombia, Iván Duque, retiró el proyecto de Reforma Tributaria y anunció que se redactaría uno nuevo.

Esa misma noche, la cuenta de Instagram @dj_juandeleón transmitió en vivo, por más de 5 horas, cómo el Esmad y la Policía atacaban con gases lacrimógenos y abrían fuego contra los jóvenes caleños. A la vez, miles de cuentas en Twitter aseguraban que otro joven, Nicolas Guerrero, había muerto por un tiro en la cabeza, disparado por un miembro del Esmad. Resultaba difícil creer que estos reportes fueran reales, pero lo eran. Nicolás murió, y no fue solo él; esa noche, cerca de 10 colombianos murieron en manos de la Policía. El día siguiente, 3 de mayo, Carrasquilla y su viceministro renunciaron, dejando claro que ésta se ha convertido ya en una crisis gubernamental, institucional y social.

Según Temblores ONG, organización que hace un seguimiento diario y minucioso de las marchas, las cifras, a la fecha, son las siguientes:

1,708 casos de violencia policial, 831 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 222 víctimas de violencia física por parte de la policía, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública y la aterradora cifra de 37 víctimas de violencia homicida, o asesinato, por parte de la policía. A lo anterior se suma otra cifra impensable, hecha pública por la Defensora del Pueblo de Colombia: 90 civiles desaparecidos durante las marchas, entre los que se encuentran dos menores de edad.

Los días siguientes, 4 y 5 de mayo, las protestas continuaron en distintas ciudades y en la capital del país. La noche del 4 de mayo la violencia escaló: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a la policía que se desarmase, a lo que no accedieron. En plena escalada de la violencia, esa noche, 16 Centros de Atención Inmediata de la Policía de Bogotá (CAI), que se utilizan como centros de detención durante las protestas, fueron destruidos y hubo un intento de quemar uno, con al menos 10 policías en su interior, que lograron salir, pero de los cuales cinco resultaron heridos.

El martes 4 de mayo, el presidente Iván Duque anunció por fin que abriría un diálogo con los sectores oficiales y, luego, con otros manifestantes, como organizaciones de jóvenes y sindicatos.

NetBlocks, organización que monitorea la ciberseguridad y gobernanza de internet, anunció, en horas de la madrugada del 5 de mayo, que detectaron que la conexión a internet de Cali, ciudad que ha liderado las protestas, estaba completamente interrumpida, hecho que representa un salto cualitativo en la represión sin precedentes y prende alarmas sobre la violación de libertad de expresión.

El 5 de mayo el diario británico The Guardian habilitó un número de whatsapp para enviar videos o imágenes de la situación en Colombia. El número es +44 7867 82056.

El mismo 5 de mayo a las 3 de la tarde se aprobó una comisión del Congreso para mediar entre el Gobierno y los manifestantes, así como la creación de un corredor humanitario para el transporte médico y de alimentos, debido a los bloqueos de vías que se han extendido a todo el país como parte de las protestas.

Las respuestas

Frente a los hechos de violencia, la respuesta internacional no se hizo esperar. Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó, en un video publicado en redes sociales, que están investigando cuántos muertos por violencia policial se han producido e hizo un llamado al gobierno a recordar sus responsabilidades.

Humans Rights Watch y su director, José Miguel Vivanco, hicieron, y siguen haciendo, llamados al presidente y al gobierno en general, para parar los ataques contra civiles y encontrar la forma de recuperar el orden en el país.

La portavoz adjunta del Departamento de Estado de EE. UU., Jalina Porter, afirmó, en una rueda de prensa telefónica, que "en todos los países del mundo los ciudadanos tienen el derecho a protestar de manera pacífica", aunque rechazó el "vandalismo". Porter hizo un llamado también a las autoridades de seguridad colombianas para que muestren "la mayor contención" ante las protestas e indicó que Washington "apoya" al Gobierno de Colombia en su búsqueda por solucionar la situación mediante el "diálogo".

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció, a la fecha, 40 ataques a periodistas que cubren el Paro. La organización DeJusticia, por su parte, se unió a 22 organizaciones de derechos humanos para pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que documente en terreno las denuncias de víctimas y procesos organizativos afectados por expresiones violentas y uso desproporcionado de la fuerza durante el Paro.

La organización Anonymous anunció en sus redes sociales que había hackeado la página del Ejército Nacional de Colombia, la página del Congreso e hizo públicos correos y celulares de miembros del Ejército.

Temblores ONG afirmó en Twitter, en la tarde del 5 de mayo, que las cifras proporcionadas por el Estado colombiano son diametralmente opuestas a las que ellos han registrado desde las organizaciones de derechos humanos y pidieron una comisión que verifique la información. Aseguraron, además, que Colombia está en alerta roja.

Los grandes medios de comunicación del mundo, a su vez, publicaron artículos en los que hacen recuento de lo que ha pasado. Artistas colombianos y de otros países se manifestaron para pedir un #SOSColombia

Hubo, sin embargo, un silencio inesperado: los principales medios del país, con excepción del diario El Espectador, hicieron un cubrimiento en el que hablaban de los manifestantes como vándalos. Los primeros tres días del paro, la desinformación fue en aumento, y solo tres portadas mencionaron directamente las marchas. El 1 de mayo, Noticias RCN aseguró que las marchas fueron para celebrar las modificaciones que se le harán al proyecto, anunciadas por el presidente Iván Duque. La inconformidad fue tal, que el mismo Human Rights Watch y la FLIP hicieron llamados al medio para que no falte a la ética profesional y respete la verdad de los hechos.

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Portadas de El Espectador y de El Tiempo el 4 de mayo de 2021, séptimo día de paro. | Imagen de democraciaAbierta, portadas tomadas de Twitter.

Esto pone en evidencia otra crisis en Colombia: la de los medios de comunicación y su relación con la ciudadanía. Cada vez hay más ciudadanos y ciudadanas que ya no creen en los medios tradicionales. Por eso, la opción informativa ha derivado a medios relativamente nuevos con perspectivas informativas diferentes y a la misma ciudadanía que, a través de las redes, intenta comunicar lo que pasa en el territorio nacional.

Esto pone en jaque a los medios colombianos, que deberían ser capaces de informar objetivamente y abarcar las demandas, las exigencias y las posiciones de todos los actores, organizaciones y comunidades involucradas en las movilizaciones y acciones colectivas.

Preocupación

La sociedad civil, opinadores y políticos nacionales e internacionales siguen, hoy, pidiéndole al gobierno colombiano que entable un diálogo con sus ciudadanos, que escuche lo que piden. El presidente Duque, sin embargo, ha hecho pocas alocuciones presidenciales. El primer día del paro afirmó que quienes marchaban eran vándalos. Luego, anunció el retiro de la reforma y la renuncia de Carrasquilla. Al día siguiente, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos afirmó, completamente fuera de lugar, que “los derechos hay que ganárselos”.

El martes 4 Duque anunció que abriría un espacio de diálogo, primero con los sectores oficiales y luego con los jóvenes y sindicatos. Sin embargo, no ordenó a las fuerzas públicas parar la violencia en las calles. El miércoles 5 el presidente, refiriéndose a la vandálica quema de los CAI, llegó a ofrecer una “recompensa de 10 millones de pesos” por denunciar a “autores de actos vandálicos”, pero no hizo ninguna referencia a los homicidios y otros desmanes policiales denunciados por la ciudadanía y la comunidad internacional.

Preocupa que Duque haya cedido a la presión de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, quien, por Twitter, le pidió militarizar las ciudades.

Preocupa su inoperancia y su uso de las fuerzas armadas para reprimir el malestar social, avalando que se abra fuego sobre manifestantes indefensos.

Preocupa el actuar de altos funcionarios de su gobierno, como el defensor del pueblo Carlos Camargo, quien salió, tarde, a decir que no sabía de hechos de violencia por parte de la policía y que luego publicó informes con cifras sobre asesinatos de civiles mucho menores a las registradas por las organizaciones de derechos humanos.

Preocupa, en fin, que el presidente de Colombia, ante la catástrofe humanitaria de la que es el último responsable su ineptitud, permanezca en silencio, afirmando su indolencia y su desprecio a la ciudadanía.

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Imagen de una manifestante frente a un miembro del ESMAD. | Twitter.

Iván Duque debe ordenar el cese inmediato de la violencia policial, retirar el ejército de las calles, investigar los abusos, los homicidios y las desapariciones, o dimitir.

El presidente Duque parece haber olvidado a quienes debe servir y proteger y que el Paro tiene razones múltiples; más allá de la Reforma Tributaria, las marchas tienen que ver, como en noviembre de 2019, con las cifras de pobreza reveladas recientemente (la pobreza monetaria ascendió a 42.5% y hay 21 millones de personas en esa condición), con el desempleo que está en el 17.2%, con los asesinatos sistemáticos de más de 900 líderes sociales desde 2016, con un proyecto de ley de reforma a la salud que ha recibido ya varias críticas y con en el mal manejo de la pandemia (en Colombia hay casi tres millones de casos activos).

Una petición lanzada de change.org para que Naciones Unidas intervenga en Colombia para detener las violaciones del gobierno a derechos humanos está a pñunto de recoger un millón de firmas. El gobierno colombiano y, sobre todo, Iván Duque, debe ordenar el cese inmediato de la violencia policial, retirar el ejército de las calles, investigar los abusos, los homicidios y las desapariciones y, sobre todo, escuchar los motivos del descontento de la población y hacer frente a esta situación inaceptable, o dimitir.

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