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Las ciudades: las nuevas guardianas de los derechos humanos

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Leilani Farha es la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. También es directora ejecutiva de Canada Without Poverty, una ONG con sede en Ottawa, Canadá. Abogada de formación, durante los últimos 20 años la Srta. Farha ha trabajado, a nivel nacional e internacional, en la implementación del derecho a la vivienda. English, Français

Leilani Farha
9 March 2015

En octubre de 2014, a invitación de algunas organizaciones de la sociedad civil, visité Detroit con la relatora especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Nos reunimos con personas a las que les cortaron el agua, y con muchas otras que batallan para pagar facturas costosas y así evitar perder su suministro de agua. Recién salida de la quiebra y todavía muy endeudada, la ciudad de Detroit dejó de proporcionar agua a las personas que no podían pagar sus facturas.

El derecho al agua potable segura y al saneamiento, y el derecho a una vivienda adecuada, están consagrados en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para mí, la visita a Detroit destacó la importancia de los gobiernos locales para la protección de estos derechos. Pero, ¿con qué frecuencia se incluye realmente a las autoridades municipales en los debates sobre derechos humanos? ¿Y cómo se puede llamar a cuentas a estos gobiernos con más eficacia cuando ignoran los derechos? En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos este mes en Ginebra, analizo estas preguntas.

Durante las últimas décadas, algunas iniciativas han comenzado a involucrar a los gobiernos locales y municipales en el derecho a la vivienda, particularmente a través de los conceptos de la 'ciudad de derechos humanos' y 'el derecho a la ciudad'. Durante las últimas décadas, algunas iniciativas han comenzado a involucrar a los gobiernos locales y municipales en el derecho a la vivienda, particularmente a través de los conceptos de la “ciudad de derechos humanos” y “el derecho a la ciudad”. Estos esfuerzos surgen a partir de reconocer que los gobiernos locales tienen responsabilidades fundamentales, no solamente en la prevención de los desalojos forzados, sino también en la implementación de medidas positivas para hacer realidad el derecho a una vivienda adecuada: desarrollo de infraestructura, planificación del uso de suelo, mejora de los barrios pobres, y más.

Se han logrado algunos avances positivos en este ámbito. Seúl, por ejemplo, se declaró una ciudad de derechos humanos en 2012 y desde entonces ha adoptado medidas referentes al derecho a la vivienda. El Estatuto de la Ciudad de Brasil demuestra la importancia de trasladar el enfoque del diseño urbano hacia la gente, y de que los gobiernos locales desempeñen un papel central. En los EE. UU., varias ciudades han desarrollado prácticas innovadoras de derechos humanos en materia de vivienda. Madison, Wisconsin adoptó una resolución que exige que la ciudad proporcione fondos suficientes para una ‘estrategia de vivienda sensible’ que garantice una vivienda adecuada para los necesitados.  Y la misma ciudad de Detroit tiene una Carta Constitutiva que incluye un capítulo sobre derechos humanos y se utiliza como fundamento en litigios que desafían los cortes de agua. Pero, muchas otras ciudades están lejos de emprender esfuerzos similares.

Sin embargo, la tendencia general alrededor del mundo desde la década de los noventa ha sido descentralizar las responsabilidades para que recaigan en los gobiernos locales, particularmente en lo que se refiere a la vivienda. Se ha promovido la descentralización con base en la “subsidiariedad”, la cual afirma que las responsabilidades públicas deben estar a cargo de las autoridades electas que están más cerca de la población. En lo que respecta a la vivienda, la descentralización se ha fomentado como una manera de aumentar la democracia participativa y la transparencia, y de crear espacios para la innovación local. Sin embargo, este proceso se ha enfocado frecuentemente en los esfuerzos económicos y políticos, dejando los derechos humanos fuera de la discusión. Cuando esto sucede, no hay manera de asegurarse de que se incorpore el derecho a una vivienda adecuada a la manera en que se delegan las políticas y los programas.

Al mismo tiempo, a los gobiernos locales a menudo se les dificulta implementar los derechos humanos debido a la falta de recursos, conocimientos y saber práctico. Los gobiernos nacionales rara vez consideran como su deber el garantizar que los gobiernos locales tengan la capacidad de implementar las obligaciones de derechos humanos. En última instancia, las personas más vulnerables son las que sufren las consecuencias, incluidos, entre otros: los habitantes de los barrios pobres, las personas sin hogar, los discapacitados, los migrantes y los grupos minoritarios.

Pero los mecanismos de derechos humanos no siempre han sido más eficaces al abordar las responsabilidades fundamentales de entidades subnacionales como las ciudades; en cambio, han elegido dirigirse principalmente a los gobiernos nacionales. De hecho, es frecuente que no se informe a los gobiernos subnacionales de las conclusiones o recomendaciones generadas por los órganos de tratados u otros mecanismos de derechos humanos que podrían ser esenciales para sus propias acciones. Aunque el mandato del derecho a una vivienda adecuada recibe muchas quejas sobre las acciones de los gobiernos subnacionales, no queda claro si los Estados consultan a las autoridades locales antes de responder.

A pesar de que es difícil, debemos encontrar maneras para incluir más a los gobiernos subnacionales en el sistema internacional que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos. Algunos países sí involucran a las autoridades locales en el proceso del Examen Periódico Universal; además, los relatores especiales y otros procedimientos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos pueden trabajar directamente con los gobiernos subnacionales durante sus actividades habituales, y a veces lo hacen.  

A nivel nacional, los tribunales de los países desempeñan un papel cada vez más importante para aclarar las obligaciones de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, en el muy conocido caso Grootbroom, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica reconoció que los gobiernos locales también tienen el deber de ejercer progresivamente el derecho a una vivienda adecuada. Los tribunales de Colombia, Egipto y la India también han defendido aspectos de este derecho en casos relacionados con las acciones de los gobiernos locales.

Pero para poder afianzar el derecho a una vivienda adecuada, es necesario hacer más esfuerzos para alentar y apoyar que los gobiernos locales y otros gobiernos subnacionales se involucren en asuntos de derechos humanos.

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Flickr/uusc4all (Some rights reserved)

Residents of Detroit rally against municipal water shutoffs.


Los organismos internacionales de derechos humanos tienen numerosas oportunidades para reforzar las obligaciones de derechos humanos de los distintos niveles de gobierno. Es necesario comunicar las recomendaciones y sus implicaciones a los gobiernos locales y subnacionales, así como pedirles sus respuestas y medidas de seguimiento. Deben garantizar que la descentralización en materia de vivienda se base en y tome en consideración los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada.

Los gobiernos nacionales deben garantizar el acceso a la justicia y a recursos eficaces en caso de violaciones del derecho a una vivienda adecuada tanto a nivel local como nacional. También deben asegurarse de que los gobiernos subnacionales cuenten con los recursos y la capacidad necesarios para cumplir sus responsabilidades de derechos humanos, lo cual podría evitar que los municipios tomen decisiones que contravengan al derecho a una vivienda adecuada.

A nivel municipal, las ciudades deben considerar adoptar cartas constitutivas que garanticen explícitamente el derecho a una vivienda adecuada y otros derechos relacionados. Además, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias, así como las instituciones de derechos humanos, podrían establecer mejores vínculos entre las iniciativas locales, nacionales e internacionales para monitorear la implementación del derecho a una vivienda adecuada. Estos esfuerzos combinados garantizarían que las obligaciones de los gobiernos locales y subnacionales ocuparan un lugar prominente en las presentaciones ante los organismos de derechos humanos.

Finalmente, incluir los derechos económicos y sociales en los tratados y las leyes nacionales solamente tiene sentido si los organismos que realmente toman las medidas, en este caso los gobiernos subnacionales y municipales, cuentan con la información y los recursos para hacerlo; y si es posible llamarlos a cuentas cuando no lo hacen.  

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