En octubre de 2014, a invitación de algunas organizaciones de la sociedad civil, visité Detroit con la relatora especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Nos reunimos con personas a las que les cortaron el agua, y con muchas otras que batallan para pagar facturas costosas y así evitar perder su suministro de agua. Recién salida de la quiebra y todavía muy endeudada, la ciudad de Detroit dejó de proporcionar agua a las personas que no podían pagar sus facturas.
El derecho al agua potable segura y al saneamiento, y el derecho a una vivienda adecuada, están consagrados en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para mí, la visita a Detroit destacó la importancia de los gobiernos locales para la protección de estos derechos. Pero, ¿con qué frecuencia se incluye realmente a las autoridades municipales en los debates sobre derechos humanos? ¿Y cómo se puede llamar a cuentas a estos gobiernos con más eficacia cuando ignoran los derechos? En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos este mes en Ginebra, analizo estas preguntas.
Durante las últimas décadas, algunas iniciativas han comenzado a involucrar a los gobiernos locales y municipales en el derecho a la vivienda, particularmente a través de los conceptos de la 'ciudad de derechos humanos' y 'el derecho a la ciudad'. Durante las últimas décadas, algunas iniciativas han comenzado a involucrar a los gobiernos locales y municipales en el derecho a la vivienda, particularmente a través de los conceptos de la “ciudad de derechos humanos” y “el derecho a la ciudad”. Estos esfuerzos surgen a partir de reconocer que los gobiernos locales tienen responsabilidades fundamentales, no solamente en la prevención de los desalojos forzados, sino también en la implementación de medidas positivas para hacer realidad el derecho a una vivienda adecuada: desarrollo de infraestructura, planificación del uso de suelo, mejora de los barrios pobres, y más.
