Agentes de policía municipal hacen guardia ante la demolición de los restos de la comunidad Vila Autódromo en Río de Janeiro, Brasil, 8 de marzo de 2016. (AP Photo/Renata Brito).

Proyecto 100 es un proyecto de investigación sobre los desalojos masivos ocurridos durante las Olimpiadas de Rio de Janeiro, liderado por Agencia Publica – un medio informativo independiente y sin ánimo de lucro, dirigido por mujeres, que lleva a cabo periodismo de investigación y está comprometido con el debate político y la defensa de los derechos humanos. El proyecto investiga una de las historias no contadas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016: ¿Qué ha ocurrido con las vidas de los afectados por el programa de desalojos masivos que puso en marcha la ciudad?

Entre el 2009 y el 2015, el ayuntamiento de Río informó que 22.059 familias (77.206 personas) habían sido susceptibles de desalojo. Las autoridades declaran que únicamente se desalojó a una sola comunidad como consecuencia de los Juegos, la famosa Vila Autódromo, pero la ausencia generalizada de información oficial relativa a los desalojos corre un tupido velo ante el verdadero impacto social que ha provocado el evento.

Sin embargo, la investigación del Proyecto 100 ha conseguido ir más allá de la estrategia de desinformación de las autoridades. Además de haber dejado al descubierto un impacto social de los Juegos mayor del que las autoridades quisieran admitir, el Proyecto 100 ha puesto en evidencia un asunto preocupante de violaciones del derecho a la vivienda. Mientras todas las miradas se centraban en Río, el comportamiento las autoridades de la ciudad —junto con el Comité Olímpico Internacional (COI)—ante los desalojos fue vigilado por los medios de comunicación internacionales. Ahora, ya de espaldas al mayor espectáculo sobre la tierra, el foco de atención se ha desplazado a otro lugar, hacia el siguiente asunto noticiable.  A pesar de ello, el Proyecto 100 ha continuado esforzándose para asegurar que cámaras y dictáfonos continúen encendidos, que las voces de las víctimas se continúen escuchando y que las malas actuaciones de las autoridades se hagan públicas.

Un lifting caro

Los “megaeventos”,  como son las competiciones deportivas, las exposiciones universales, los concursos de belleza e incluso las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (GBM), siempre traen consigo “desalojos masivos”. Todos ellos se llevan a cabo con el fin del “embellecimiento”: una ciudad que, ante la atención mediática internacional, durante un periodo de tiempo limitado pone su mejor cara. Hay lugares donde estos desalojos pueden llevarse a cabo de forma legal, lo cual significa que, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se producen “únicamente en circunstancias excepcionales y de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional relativo a los derechos humanos y al derecho humanitario”. Pero el Comité Olímpico Internacional (COI) viene evidenciando una actitud preocupante en la forma de ejecutar su mayor evento deportivo: no evita que se produzcan violaciones generalizadas del derecho a la vivienda, ya sea durante el proceso de elección de la sede olímpica o durante la preparación de los juegos.

En su investigación sobre el número de desalojos forzosos relacionados con los Juegos Olímpicos en los últimos años, el Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE) ha revelado cifras tan altas como la de 720.000 en Seúl 1988, 40.000 en Atlanta 1996 y la impactante cifra de 1,5 millones en Pekín 2008. Aunque los datos de Río de Janeiro 2016 aparentemente no sean tan dramáticos comparados con los anteriores, parece que, tras prometer a la ciudad una “transformación social y urbana sostenible”, el COI ha perdido la oportunidad de volver a hacer las cosas bien.

Cabe destacar que, en muchos casos, los desalojos se llevan a cabo de acuerdo con los estándares internacionales y las personas se ven beneficiadas a largo plazo: muchos de los traslados han ido acompañados de un mejor saneamiento, un mejor acceso a servicios y una mejor seguridad. Pero dicho esto, los importantes daños, tanto en la vida de la comunidad como en la de las personas, puestos en evidencia ampliamente por el Proyecto 100 —como consecuencia de la preparación de Río para el megaevento— son inaceptables, especialmente cuando estos eventos prometen una transformación social positiva.

El Proyecto 100 descubrió que, durante el proceso de desalojo, los casos de violencia, intimidación y degradación intencional de las condiciones de vida eran habituales. A ello se sumó la mala gestión de los traslados: las autoridades repartieron las compensaciones de manera arbitraria y desigual, y dejaron a las familias altamente endeudadas con los bancos. Tal vez sea más impactante todavía la penetración del crimen organizado en el Minha Casa, Minha Vida, el programa de viviendas sociales del gobierno. En 2015, se anunció que los 64 dearrollos inmobiliarios de Minha Casa, Minha Vida habían sido blanco del crimen organizado, pero lo más preocupante es que 38 de ellos ya estaban bajo el control de milicias, incluyendo varios de los que acogían a los desalojados por los Juegos.

Ya sea una cuestión de ambición desmesurada por parte del Estado anfitrión, o de ingenuidad del COI, el hecho de establecer unas expectativas tan poco realistas para los Juegos es una irresponsabilidad. Esto ejerce una fuerte presión sobre las grietas existentes en la sociedad, grietas que Brasil (con su actual situación de crisis política, económica y social) conoce bien. Una situación inestable en el Estado anfitrión no exime al COI, ni a sus órganos asociados, de la responsabilidad de asegurar que las sedes sean capaces de acoger unos Juegos Olímpicos sin recurrir a este tipo de intervenciones urbanas tan mal gestionadas. De hecho, sugiere que no están aprendiendo de sus errores.

Las historias personales son espantosas

Al Proyecto 100 solo le faltan 35 casos más para completar su ambicioso trabajo multimedia de periodismo de investigación, y la finalización del proyecto contará con más apoyo público. En el sitio web, pueden encontrarse videos, audios y opiniones, que documentan los casos personales de las víctimas de la violación del derecho a la vivienda. La Casa Pública, sita en En Botafogo, Río de Janeiro, es el centro cultural que desarrolla el proyecto, y continúa su trabajo con la exposición de fotografías, arte e instalaciones relacionadas con los desalojos.

 Si bien la investigación del Proyecto 100 ha dado con historias positivas relativas a mejoras y a nuevas oportunidades, es evidente que lo que ha encontrado mayoritariamente son historias asociadas a los daños psicológicos y físicos, al endeudamiento obligatorio, al fortalecimiento de las milicias locales y a comunidades destrozadas. Presentamos a continuación 3 de las historias más impactantes del informe:

Jenifer Lessa dos Reis tiene 16 años y fue trasladada de un edificio ocupado en el centro de la ciudad de Río de Janeiro a las viviendas del gobierno en Senador Cámara. Las condiciones de la vivienda han mejorado, ya que su antigua casa estaba en un estado insalubre, se encontraba al lado de un vertedero y tenía goteras. Pero el lugar donde está ahora es peligroso. “No puedes echarte un lado cuando hay tiroteos por el riesgo a que haya balas perdidas. Esto no pasaba allí donde estábamos: podías salir, cruzar la calle, jugar. Mi hija, que tiene casi un año, no puede salir. Es muy raro que yo salga de casa”, afirma.

Jailson Lourenço da Costa Nascimento ahora comparte un apartamento de dos dormitorios con su esposa y ocho niños, después de haber sido desalojados de una vivienda en la zona portuaria, que ha sido rehabilitada para constituirse en parte de la herencia de Río 2016. Aunque se avisó a la familia de que serían trasladados bajo el programa de viviendas del gobierno Minha Casa, Minha Vida cuando fueron desalojados hace 7 años, eso nunca ocurrió y tuvieron que valerse por sí solos. Muchos de sus vecinos anteriores tuvieron peor suerte. “Veo a mis antiguos vecinos completamente degenerados. Locos, viviendo en las calles. Muchos de ellos ya están muertos”, dice.

Ozineide da Silva fue una de las muchas que trasladaron a las viviendas del gobierno. En 2014, fue trasladada de su almacén en desuso en Ipadu, Curicica, a Colonia, pero después le llegó un recibo del banco para que pagara la suma restante del nuevo apartamento. A pesar de que ella afirma que el ayuntamiento prometió pagarle el alquiler, no lo hizo. Ozineide tiene una calificación crediticia deficiente a causa de la deuda. No le dieron ningún tipo de documentación que demuestre que tiene derecho a vivir en la casa. “No tengo nada que sea mío aquí”, declara.

Un modelo de activismo digital para el futuro

El Proyecto 100 ya ha alcanzado dos objetivos importantes. En primer lugar, en un mundo en que generalmente nos impresionan las grandes cifras, este proyecto ha demostrado que la atención al detalle y a la calidad es también importante. Informando sobre tan solo 100 historias, podemos ver que el impacto real de los Juegos Olímpicos sobre la frágil sociedad brasileña es tan alarmante como lo fueron los aberrantes números de desalojos forzosos asociados a eventos anteriores. En segundo lugar, si bien los medios digitales conducen a un activismo más transitorio, este proyecto ha seguido comprometido con su causa a pesar de que la atención mediática sobre la ciudad de Río de Janeiro ya se haya desvanecido. Proyecto 100 ha seguido investigando y ha seguido descubriendo historias sobre algo que, para las plataformas de los medios globales, son noticias que pertenecen al pasado.

Por estas dos razones, el Proyecto 100 es un trabajo a la vez digno y necesario de periodismo de investigación. Sin él, probablemente se olvidará otros 4 años la hipocresía de la “herencia olímpica”, es decir, hasta que vuelvan a cometerse los mismos errores.