Un estancamiento de la acción contra la corrupción en los países de Latinoamérica y el Caribe fue el dictamen de un nuevo informe de un reconocido organismo, por la falta de voluntad o capacidad de la mayor parte de los gobiernos para sacudir las poderosas redes que se lucran de la tradicional corruptela.

El Índice de Percepción de Corrupción 2022 (CPI) de Transparencia Internacional, que califica a 180 países según las percepciones de corrupción en sus instituciones públicas, mostró un panorama de Latinoamérica estático con contadas excepciones. Uruguay se mantuvo como el país de mejor desempeño, con una calificación por encima de las economías desarrolladas. la campaña anticorrupción de República Dominicana arrojó algunos resultados positivos, pero Haití, Venezuela y Nicaragua siguieron siendo los lunares en la foto.

El “puntaje de corrupción” global de Latinoamérica se mantuvo invariable desde 2021, pero en el escalafón hay 163 lugares de distancia entre el mejor país, Uruguay, y el peor, Venezuela.

El estancamiento es un tema recurrente en el informe de este año, según Transparencia Internacional. "En el continente americano, 27 de 32 países llevan varios años en un punto muerto en la lucha contra la corrupción. Es preciso hacer mejor uso de la tecnología, redoblar la colaboración entre los fiscales a lo largo de la región e implementar más medidas contundentes para represar los flujos financieros ilícitos", como le explicó a InSight Crime la asesora regional de Transparencia Internacional para las Américas, Luciana Torchiaro.

InSight Crime investigó algunas de las conclusiones más importantes de los hallazgos del CPI en términos de dinámicas criminales.

Haití: corrupción rampante en medio del colapso de la seguridad

Haití, atrapado en el lodazal de la agitación política y el colapso institucional tras el magnicidio de su presidente en 2021, cayó seis lugares este año, para quedar en la posición 171 de 180 países de todo el mundo.

La corrupción fue la principal fuente de ganancias ilícitas en el país, por encima de delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes, según el informe de 2021 publicado por Global Financial Integrity (Integridad Financiera Global), centro de pensamiento estadounidense centrado en los delitos financieros.

Los políticos y la Policía de Haití han mantenido cercanía de vieja data con las pandillas, lo que incluye su financiamiento para someter a la oposición política, pero las sanciones internacionales contra algunos de los líderes más reconocidos de Haití brindaron más detalles sobre dichas redes en 2022. El expresidente Michel Martelly fue la figura más destacada de las sancionadas por Canadá por presunta financiación de pandillas. Otros señalados por Estados Unidos y Canadá incluyeron a dos ex primeros ministros y altas figuras en ambas cámaras de la Asamblea Nacional haitiana.

"Estas personas se benefician directamente de las actividades de las pandillas y están asociados a un sistema corrupto", señaló la ministra de asuntos exteriores de Canadá, Mélanie Joly, en noviembre pasado.

Aunque buena parte de la clase dirigente tradicional de Haití ha dejado sus altos cargos, siguen las tentativas por beneficiarse del actual deterioro. El hombre más rico de Haití, Gilbert Bigio, es también sospechoso de financiar las operaciones de las pandillas y de permitir las importaciones ilegales de armamento pesado para los grupos armados.

La corrupción rampante en Haití lo llevó al callejón sin salida en que se encuentra el país, del cual decenas de miles de habitantes buscan desesperadamente huir.

La percepción del país, en el interior y en el resto del mundo, puede haber llegado al punto más bajo de su historia, lo que hace aún más preocupante que no haya sido este el país con el peor desempeño de la lista para América Latina y el Caribe.

Venezuela: feudos criminales permiten que se propague la corrupción

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se ha reinventado. Ha dejado atrás los intentos de derrocamiento, las denuncias de débil respaldo político y el impacto combinado de las sanciones internacionales. Ahora se ha erigido como el "poder en la sombra del hampa", como lo bautizó InSight Crime en 2022.

Maduro ha hecho gala de su persistencia contra funcionarios de gobierno, ejército, policía y jueces corruptos con sus operativos de "Mano de hierro". Pero al mismo tiempo, ha ofrecido cargos en el gobierno y el ejército a aliados y opositores políticos para aferrarse al poder.

La minería de oro y el tráfico de cocaína en especial han sido de gran utilidad para Maduro, en cuanto han permitido al ejército llevarse una tajada de estas economías criminales para completar sus exiguos salarios, o tolerado que los gobernadores de los estados reciban sobornos para mantener el trasiego de cargamentos. A menor escala, esos gobernadores siguen el ejemplo de Maduro en sus regiones, vigilando y recibiendo una parte de las lucrativas economías criminales. Esos feudos criminales, sin duda, han agudizado la percepción de corrupción entre los venezolanos.

Y ahora, Venezuela está pasando a ser productor de cocaína, una tendencia que puede brindar más oportunidades de lucro a Maduro y sus secuaces. La economía de Venezuela también está comenzando un repunte. La producción de hidrocarburos está trepidando en su retorno a la vida, mientras que se han restablecido las relaciones diplomáticas y el comercio con Colombia. Aunque la cleptocracia que fuera característica del régimen de Hugo Chávez desapareció con la bancarrota del Estado, pueden presentarse nuevas oportunidades con el incremento de las ganancias petroleras.

Costa Rica: el alumno ejemplar de Centroamérica se tambalea

Costa Rica, que recibió su segunda calificación más baja, tuvo la caída más importante en la región con cuatro puntos menos y nueve lugares por debajo de 2021, lo que significa que ahora es vista como un país con "graves problemas de corrupción".

La asesora regional de Transparencia Internacional para la región, Luciana Torchiaro, explicó que las denuncias de financiación política ilegal influyeron en la caída durante la campaña de elección del presidente Rodrigo Chaves al igual que los detalles de escándalos de corrupción, como el caso Cochinilla, que involucró la presunta malversación de US$125 millones del erario público y un entramado de sobornos en el que estarían implicados funcionarios de gobierno y ejecutivos de la construcción.

"Las autoridades deben considerar el puntaje del CPI como una advertencia. El país debe redoblar sus iniciativas contra la corrupción, en especial para impedir la posible infiltración del narcotráfico en la política”, puntualizó Torchiaro en conversación con InSight Crime.

También preocupa la penetración criminal en el cuerpo de policía. Ha habido agentes vinculados a robos de cocaína, los cuales se han incrementado con el flujo de mayores cantidades de droga hacia Costa Rica. En una medida inusual, el gobierno anunció en octubre que comenzaría a usar pruebas de polígrafo, más conocidas como detectores de mentiras, para depurar la institución de policías deshonestos.

El ranking también confirmó que Costa Rica tuvo un pésimo año en 2022, con índices récord de homicidios, que el gobierno atribuyó a ajustes de cuentas entre bandas narco.

Costa Rica sigue siendo uno de los países menos corruptos de Latinoamérica, pero el deterioro de la fuerza y la transparencia de sus instituciones públicas es una señal preocupante.

Uruguay: avances a pesar de los escándalos de corrupción

Uruguay puso a prueba su posición a la cabeza de los rankings latinoamericanos en la lista del CPI en 2022. El presidente Luis Lacalle Pou ha enfrentado una avalancha de críticas por el caso en desarrollo contra el exjefe de su guardia personal, Alejandro Astesiano. Este fue detenido inicialmente por vender pasaportes uruguayos falsos a extranjeros, en su mayoría rusos. Pero las investigaciones en su contra han aumentado, incluyendo una grave denuncia de que vendió software del gobierno a dirigentes empresariales, quienes lo usaron para vigilar a sus oponentes políticos.

En forma paralela, Lacalle Pou ha enfrentado denuncias de que funcionarios de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores ayudaron al notorio narcotraficante Sebastián Marset a conseguir un pasaporte nuevo cuando fue capturado en el exterior.

A pesar de estos casos, Uruguay mantuvo su posición líder en el ranking entre los países de la región e incluso mejoró su desempeño. Calificado como el decimocuarto país menos corrupto del mundo, ahora está a la par de países como Canadá, Islandia y Japón.

La razón de su desempeño puede radicar en el hecho de que sus instituciones judiciales y de seguridad parecen haber respondido de forma contundente frente a estos retos. El caso contra Astesiano se ha desarrollado de forma rápida y pública, con un comité parlamentario designado para investigar si pudieron haber ocurrido otros actos delictivos en el palacio presidencial. Los senadores de la oposición también presentaron un proyecto de ley que propone penas de prisión de diez años para políticos corruptos si son capturados.

Sin embargo, su alto puesto viene con una salvedad, pues el índice solo califica a los países de acuerdo con los niveles de percepción de la corrupción en el sector público, lo cual excluye el análisis de problemas, como actividades del crimen organizado, evasión fiscal o lavado de dinero.

El futuro de esos casos puede afectar bastante el lugar de Uruguay como jefe de la manada.

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*Gavin Voss colaboró con investigación para este artículo, que apareció previamente en InSightCrime. Vea el original aquí