A medida que nos acercamos a otro año desafiante, las violaciones de los derechos humanos claramente se han convertido en el centro de atención en un escenario global; de Palestina a Irán, de Nicaragua a China; y en algunos países africanos. Los países de habla portuguesa como Angola, Mozambique y Cabo Verde tienden a ser olvidados, pero la sociedad civil continúa trabajando, a pesar de una atmósfera altamente restringida, específicamente en Angola.

Angola vive sumida en una crisis multidimensional donde preocupan sobre todo las violaciones de los derechos humanos, la represión política y la falta de políticas públicas para combatir una pobreza, que alcanza niveles críticos. En las provincias suroccidentales, según el Programa Mundial de Alimentos, el año pasado más de 1,3 millones de personas enfrentaron al hambre severa, en la peor sequía en 40 años y que se atribuye a los efectos del cambio climático.

Angola celebró elecciones el pasado 24 de agosto de este año, que dieron la victoria por segunda vez al presidente João Lourenço, del Movimento Popular de Liberación de Angola (MPLA), con un resultado muy ajustado (51,17%) que fue fuertemente contestado por la oposición con acusaciones de fraude, en especial por parte de UNITA, el principal partido de la oposición. El "cambio", que se había convertido en un sueño en las elecciones del 2017, cuando el nuevo liderazgo introducido por dos Santos desde los órganos del MPLA designó a Lourenço como su fiel sucesor, después de 38 años en el poder, no se hizo realidad. Empezó a diluirse casi de inmediato, y en estas elecciones se habría disuelto del todo ante la naturaleza inmutable del régimen y la hegemonía absoluta del MPLA, partido que ocupa el poder desde la independencia del país.

Lo ajustado del resultado oficial es muy significativo de la creciente fuerza de la oposición y el descontento general en un contexto en que los grandes medios de comunicación son controlados por el Estado de manera partidista. La información sesgada a favor del gobierno y el acceso a los recursos estatales otorgan a los que están en el poder enormes ventajas estructurales. Si, a pesar de todo esto, como advierte Jakob Hensing, analista del Global Public Policy Institute de Berlín, “el cambio político parece estar al alcance de la mano, pero luego falla en tales circunstancias, existe un riesgo creciente de que los frustrados activistas de la oposición se aparten del proceso democrático por completo y busquen otras formas de resistencia”.

Deterioro de la democracia formal angoleña

Si el gobierno de Lourenço trató de identificarse como el que inauguraba una era más democrática para la Angola post-Santos, esa intención no era más que una operación de imagen. En realidad, ninguna campaña política en Angola ha hablado jamás de un mayor reconocimiento de la dignidad humana y de más derechos humanos. El desengaño ha sido evidente y la situación, lejos de mejorar, se ha deteriorado. La esperanza del cambio en 2017 se basó más bien en que el nuevo líder atajaría eficazmente la corrupción sistémica en el país. No fue así.

Inicialmente, el cambio “fue acogido con entusiasmo y alimentó grandes esperanzas de un gobierno más democrático y una oportunidad de luchar contra la corrupción endémica. Se vio como el signo de una nueva era que beneficiaría a una población cada vez más empobrecida y privada de derechos” señala un informe citado por el Laboratorio Transnacional Paz Sostenible (PAZSOS), una ONG canadiense de derechos humanos.

Pero desde el principio la lucha contra la corrupción liderada por João Lourenço resultó ser, según el mismo informe, “muy selectiva, y se dirigió principalmente contra figuras públicas y políticas estrechamente relacionadas con el ex presidente José Eduardo dos Santos”, quien gobernó el país de 1979 a 2017. La apuesta de Lourenço por la anticorrupción como base de una mayor popularidad no se tradujo en ayudas a las personas que vivían en la pobreza.

El profundo descontento se expresó tanto en la pérdida de casi un 10% de apoyo al MLPA como en la mencionada abstención de más del 50% en las elecciones de agosto, de acuerdo con el tribunal electoral angoleño. Según PAZSOS, “el divorcio entre la democracia formal y una ética concreta de los derechos humanos se manifiesta también en los índices de abstención. La abstención puede considerarse una forma activa de protesta contra un régimen político y sus instituciones que no inspiran confianza”.

Después de las elecciones, militantes de UNITA denunciaron intimidaciones y amenazas de muerte. En septiembre circularon en redes sociales una lista de supuestos "objetivos a abatir" teóricamente elaborada por (MPLA), en la que aparecían sus nombres y los de sus familiares y amigos. La denuncia, recogida por el Portugal Post, refleja la inquietud de Eduardo Maculusso, uno de los militantes: "Me escandalicé una vez más, hoy, en el siglo XXI y en 2022, al ver este tipo de actitud practicada por el partido gobernante queriendo intimidar una vez más con un acto de intolerancia contra su adversario y prácticamente contra los que piensan diferente.”

Angola también sufrió el fuerte impacto económico que a partir de marzo de 2020 golpeó al mundo cuando estalló la pandemia. El desempleo se disparó (el paro juvenil se situó en el 60% en 2021) y la crisis produjo un difícil deterioro de los indicadores de desarrollo social. La enorme dependencia del petróleo hace que su economía fuese especialmente vulnerable a una continua caída del precio en los mercados internacionales desde 2014, aunque se fueron recuperado paulatinamente desde los $52 por barril de antes de marzo 2020, hasta los $82 de finales de 2022. Esto ayudó ayudó al país a reducir la deuda pública al 56,5% del producto interno bruto este año, por debajo del 79,7% en 2021 y el 123,8% en 2020, pero sigue siendo excesiva, y los niveles de vida siguen en un nivel crítico en algunas regiones de la ex colonia portuguesa.

El gobierno, además, ha sido incapaz de proponer planes para impulsar una economía no petrolera o de poner en marcha políticas públicas eficaces en el combate contra la pobreza. Mientras tanto, las desigualdades, ya profundas, fueron en aumento y la crisis humanitaria en algunas regiones del suroeste sigue empeorando. Estos factores, sumados a los reiterados abusos de los derechos humanos, han ido amplificando el hastío popular, la ansiedad y las tensiones sociales.

Así las cosas, las recientes protestas populares se han enfrentado a una represión cada vez mayor y ponen en evidencia a un gobierno que mantiene la apariencia de una “democracia formal”, pero que se distancia de los derechos humanos básicos.

En cualquier caso, incluso la calificación de Angola como democracia formal choca con la realidad. El informe anual sobre la libertad en el mundo de Freedom House clasifica permanentemente a Angola como un país “no libre”, y el índice de democracia de The Economist Intelligence Unit correspondiente a 2021 califica al país africano de autocracia, y lo sitúa en el número 122 entre los 167 países que analiza.

Los derechos humanos básicos, atacados

Según un artículo reciente firmado por la propia Freedom House, el panorama angoleño de derechos humanos es preocupante, “con las fuerzas de seguridad cometiendo ejecuciones extrajudiciales, practicando detenciones y encarcelamientos arbitrarios y hostigando y golpeando a activistas”. Según este think tank basado en Nueva York, la situación económica y la crisis política y humanitaria provocaron protestas, “y las fuerzas de seguridad han respondido con un creciente uso de la fuerza y la detención arbitraria de decenas de activistas”.

Amnistía Internacional (AI) fue muy elocuente cuando el 19 de agosto, en vísperas de las elecciones, publicó un duro post en el que afirmaba que “Angola se ha caracterizado en los últimos años por un aumento de la represión brutal de los derechos humanos, incluida la represión de cualquier forma de disidencia”.

A este respecto, el informe sobre prácticas de derechos humanos en Angola 2021, publicado por la embajada de EE.UU. en Luanda es revelador. En su resumen ejecutivo afirma que “entre los problemas significativos de derechos humanos se encuentran informes creíbles de ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; desapariciones forzosas; casos de tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; condiciones penitenciarias duras y que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias (…)”.

La lista de atropellos registrados por el Departamento de Estado es larga y sigue enumerando abusos e irregularidades, en concreto la existencia de “presos o detenidos políticos; graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, como la violencia, las amenazas de violencia o las detenciones injustificadas contra periodistas y las leyes de difamación; injerencia en la libertad de reunión pacífica; graves actos de corrupción (…)”.

El extenso informe señala que el gobierno adoptó medidas “para identificar, investigar, procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos, así como a los implicados en la corrupción”, pero afirma, no obstante, que “la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos fue limitada debido a la falta de controles y equilibrios, la falta de capacidad institucional, la cultura de la impunidad y la corrupción del gobierno”.

Según varias organizaciones de la sociedad civil, las fuerzas de seguridad practicaron detenciones arbitrarias “y detuvo habitualmente en 2021 a personas que participaban, o estaban a punto de participar, en protestas antigubernamentales”.

Los incidentes registrados por el informe del Departamento de Estado describen algunos ejemplos de este comportamiento policial contrario a derecho, que incluyen “la dispersión en Luanda, con gases lacrimógenos y golpes, de una protesta celebrada en abril contra el aumento de las tasas universitarias organizada por el Movimiento de Estudiantes Angoleños (MEA) que se saldó con 20 heridos y varias detenciones. En julio, un grupo de profesores de la ciudad de Uige organizó una protesta en la que exigían vacaciones pagadas y el pago de atrasos en los subsidios por exámenes (…). La policía utilizó gases lacrimógenos y violencia para dispersar a los concentrados con el resultado de varios heridos, tres de ellos graves y la detención de 12 profesores y un periodista”.

En agosto, la policía utilizó perros y porras para dispersar a un grupo de unas 20 personas que intentaban protestar frente al edificio del Parlamento en Luanda, según quedó registrado en un video publicado por Human Rights Watch. Varios manifestantes fueron detenidos, entre ellos el líder de las juventudes del partido Bloque Democrático, Adilson Manuel.

Y en abril de 2022, según Freedom House, la policía detuvo a 22 activistas en la capital, Luanda, cuando se manifestaban pacíficamente contra la detención de presos políticos y exigían elecciones libres y justas.

El medio digital Ver Angola, comentando el citado informe de prácticas de derechos humanos, resalta que la lista de problemas es larga, incluyendo serios actos de corrupción, falta de investigación y condena de actos de violencia de género y crímenes o amenazas contra personas LGBTI.

La libertad de expresión, bajo mínimos

La situación de la libertad de expresión es también motivo de preocupación puesto que las autoridades continuaron utilizando leyes draconianas sobre los medios de comunicación para reprimir y hostigar a los periodistas. “Informar sobre la corrupción fue el principal motivo de los ataques contra periodistas, que se produjeron con impunidad”, señala el mismo informe publicado por la embajada norteamericana en Luanda.

Durante 2021 e gobierno ordenó a tres emisoras de televisión (Zap Viva, Vida TV y TV Record Africa Angola) que dejaran de emitir acusándolas de no haberse registrado correctamente. “Esto consolidó aún más el control gubernamental de las emisoras de televisión del país, ya que otros medios de comunicación privados volvieron a estar bajo el control del Estado en 2020.”

En este sentido, es importante resaltar que el informe norteamericano constata que “los medios de comunicación controlados por el Estado rara vez publican o emiten noticias críticas con el partido en el poder, los funcionarios del gobierno o las políticas gubernamentales. La cobertura crítica del anterior gobierno de José Eduardo dos Santos y de los funcionarios de alto nivel que habían sido destituidos por acusaciones de corrupción aumentó significativamente durante el año”.

Por su parte, en el capítulo sobre Angola del informe anual 2022 de Human Rights Watch (HRW) denuncia que “En junio, los periodistas Coque Mukuta y Escrivão José fueron acusados de difamación criminal después de que dos funcionarios del partido gobernante presentaran denuncias separadas sobre artículos que habían publicado. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, informó de al menos otros seis casos de denuncias por difamación criminal contra periodistas en Angola desde marzo”.

Además del control gubernamental de los grandes medios de alcance nacional, millones de angoleños – prosigue el informe de HRW— “siguen sin tener acceso a una información libre, diversa e imparcial, ya que Angola sigue siendo el único país del sur de África sin radios comunitarias”.

La masacre de Cafunfo, una herida abierta

Pero de todos los abusos de los derechos humanos descritos, los acontecimientos que tuvieron lugar el 30 de enero de 2021 en el pueblo minero de Cafunfo, una rica zona de diamantes de la provincia de Lunda Norte son desgarradores. La versión oficial, dada por la Policía Nacional y recogida por el informe publicado por la embajada de EEUU en Luanda, afirmó que “300 individuos armados con palos, machetes y armas de fuego intentaron entrar por la fuerza en una comisaría. Esto provocó que la policía local utilizara la fuerza letal con el resultado de seis muertos, 20 heridos y más de dos docenas de detenciones”.

En su escrupuloso lenguaje diplomático, el informe recoge que varias organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación “consideraron que el ataque era una manifestación pacífica para protestar por la falta de acceso al agua, la educación y los servicios sociales, e informaron de un número de muertos mucho mayor (no demostrado). El grupo estaba organizado por el Movimiento del Protectorado Portugués Lunda Tchokwe (MPPLT), que busca la independencia de la región. El gobierno consideró el enfrentamiento como una insurrección armada y justificó el uso de la fuerza en defensa propia.”

La tesis de la insurrección armada generó todo tipo de especulaciones, incluida la de una supuesta participación de agentes extranjeros provenientes de la RDC, según recogió el noticiero angoleño de Camunda News haciéndose eco de una información publicada por el diario Jornal de Angola, que citaba una fuente no identificada.

Sin embargo, la evidencia parece indicar claramente otra cosa. Algunos líderes del MPPLT, de partidos políticos de la proposición y miembros de la sociedad civil local hablan de más de una docena de muertos y contradicen la versión oficial. Cuando se conocieron los hechos, João Malavindele, director ejecutivo de OMUNGA, una importante organización angoleña de derechos humanos, declaró: “Se desconoce el número exacto de muertos, ya que la mayoría de los manifestantes siguen desaparecidos. Informes no confirmados indican que un mayor número de activistas siguen sin ser identificados y que algunos cuerpos pueden haber sido arrojados al río Cuango en los últimos dos días”.

Amnistía InternacionaI, que desde el principio estuvo muy atenta a este episodio de violencia letal, citó un durísimo vídeo que circula por las redes sociales, grabado el 30 de enero por la mañana, hora local, que muestra varios cadáveres ensangrentados en el suelo, mientras un agente de policía patea y pisa la cabeza de una víctima gravemente herida. Las imágenes, de una crudeza difícil de soportar, dan cuenta de la brutalidad de la acción policial. El popular blogero angoleño radicado en Brasil Henrique Stress compartió otro video donde al parecer se muestra que la policía disparó sobre ciudadanos indefensos.

En un comunicado emitido el 2 de febrero, Muleya Mwananyanda, directora adjunta de AI para África Meridional, declaró: “Amnistía Internacional puede confirmar hoy que desde el 30 de enero, las fuerzas de seguridad angoleñas han matado al menos a 10 personas, mientras las autoridades siguen persiguiendo a manifestantes pacíficos cuyo único “delito” ha sido denunciar las deplorables condiciones de vida”. Meses más tarde, Zacarias da Costa , un superviviente de la masacre dijo, en declaraciones al Correio da Kianda recogidas por el Angola Telegraph que existe “una “fosa común” en la fosa del Boss Quim, donde fueron enterradas varias personas de la masacre”.

Para Amnistía Internacional, la masacre de Cafunfo “es la culminación de la violencia con la que las autoridades reaccionan a una manifestación pública ciudadana para exigir mejores servicios públicos, incluidos agua y electricidad, para la provincia que asegura millones de dólares a través de sus diamantes”. A la vista de la falta de acción del Estado angoleño para esclarecer los hechos y asumir responsabilidades, parece que el horror de Cafunfo seguirá siendo una herida abierta por muchos años.

Asumir una agenda para defender los derechos

En definitiva, el estado de los derechos humanos en Angola es lamentable. El camino hacia una democracia real en Angola será aún muy largo, pero debe acelerar. Es cierto, como reconoce HRW, que la situación de los derechos humanos en Angola dio un paso adelante en 2021 con la entrada en vigor del nuevo código penal. “El código despenaliza las conductas homosexuales, protege los derechos de los niños, tipifica como delito la mutilación genital y el acoso sexual, y amplía las circunstancias en las que el aborto está legalmente permitido” explica HRW.

Pero la nueva administración debería apresurarse a asumir una agenda que contemple, entre otras acciones, investigar a fondo los abusos de los derechos de las fuerzas de seguridad, incluyendo la total transparencia y rendición de cuentas sobre lo ocurrido en Cafunfo hace casi un año; defender los derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica y revocar las leyes penales de difamación.

Además, debería emprender un plan de emergencia creíble y eficaz para atender a las bolsas de desplazados por el hambre en la parte meridional del país donde, por ejemplo, escenas como las que denuncia un reportaje de la televisión local TV8 sobre las condiciones inhumanas de los campos de acogida de Kahana, en la provincia de Kunene, deberían haber desaparecido hace mucho tiempo de un país tan rico en petróleo y en los tan codiciados diamantes.