A medida que nos acercamos a otro año desafiante, las violaciones de los derechos humanos claramente se han convertido en el centro de atención en un escenario global; de Palestina a Irán, de Nicaragua a China; y en algunos países africanos. Los países de habla portuguesa como Angola, Mozambique y Cabo Verde tienden a ser olvidados, pero la sociedad civil continúa trabajando, a pesar de una atmósfera altamente restringida, específicamente en Angola.
Angola vive sumida en una crisis multidimensional donde preocupan sobre todo las violaciones de los derechos humanos, la represión política y la falta de políticas públicas para combatir una pobreza, que alcanza niveles críticos. En las provincias suroccidentales, según el Programa Mundial de Alimentos, el año pasado más de 1,3 millones de personas enfrentaron al hambre severa, en la peor sequía en 40 años y que se atribuye a los efectos del cambio climático.
Angola celebró elecciones el pasado 24 de agosto de este año, que dieron la victoria por segunda vez al presidente João Lourenço, del Movimento Popular de Liberación de Angola (MPLA), con un resultado muy ajustado (51,17%) que fue fuertemente contestado por la oposición con acusaciones de fraude, en especial por parte de UNITA, el principal partido de la oposición. El "cambio", que se había convertido en un sueño en las elecciones del 2017, cuando el nuevo liderazgo introducido por dos Santos desde los órganos del MPLA designó a Lourenço como su fiel sucesor, después de 38 años en el poder, no se hizo realidad. Empezó a diluirse casi de inmediato, y en estas elecciones se habría disuelto del todo ante la naturaleza inmutable del régimen y la hegemonía absoluta del MPLA, partido que ocupa el poder desde la independencia del país.
