La noche del 6 de diciembre la coalición del gobierno en la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el artículo 68 del Proyecto de Ley Anticorrupción. El artículo supone la creación de un nuevo delito: la injuria o calumnia contra funcionarios públicos. A esto se suma que dispone también la creación de una sanción: la cancelación de la personería jurídica de organizaciones comunitarias que injurien o calumnien a funcionarios e, incluso, ex funcionarios públicos.

Al día siguiente, 7 de diciembre, los colombianos reaccionaron de inmediato con indignación a la aprobación del artículo. Era la primera vez en diez años que en Colombia se aprobaba una norma tan regresiva en materia de libertad de expresión y censura directa a la prensa.

Siete días después, el 14 de diciembre, el artículo fue eliminado del proyecto de Ley Anticorrupción debido a la presión de los medios de comunicación y de la sociedad. Pero la aprobación del artículo es la muestra de un síntoma: que el Estado y los políticos le tienen pavor a la prensa y sienten, por ende, que el ejercicio periodístico debe limitarse. Esto, sin embargo, va en contra del periodismo libre y atenta directamente contra la democracia, y el derecho a la libre información de todos los ciudadanos, y es un intento claro de eximir al Estado y a sus funcionarios de la crítica y veeduría ciudadana.

Rol de la prensa libre

La pandemia golpeó a los medios sin piedad. Muchos periódicos, revistas, radios y cadenas de televisión despidieron a cientos de periodistas entre 2020 y 2021 y algunos medios de referencia dejaron de serlo. La noticia del cierre de El País Brasil esta misma semana es una pésima noticia y un golpe duro a la información de calidad, en un año electoral clave para el gigante latinoamericano. Pero en medio de la crisis, sin embargo, se anunció, por ejemplo en Colombia el relanzamiento de la revista Cambio para enero de 2022.

También surgieron medios nuevos como Vorágine, que tiene un enfoque investigativo, una apuesta gráfica diferente y que es cien por ciento digital, Este tipo de medios ya no se guían por los cánones de los medios masivos de sus países, sino que se la juegan toda por descubrir lo que nadie, especialmente el Estado, quiere se sepa. Un ejemplo es su investigación sobre pederastia en las iglesias de Medellín que, con nombre y apellido, revela los 43 curas denunciados por abuso sexual en esta ciudad colombiana. Estos nuevos medios, liderados por periodistas jóvenes, muchos provenientes de medios tradicionales y masivos, quieren cambiar las reglas del juego y lo han hecho: con denuncias poderosas, continuas y sin autocensurarse nunca, han sacado los colores al Estado, a muchos políticos y a otros actores poderosos que se esconden en la opacidad y en la impunidad.

Por eso, en casos como el de Colombia, algunos medios se transformaron en una amenaza para políticos como los que votaron a favor del artículo 68, que sienten que los medios no deben atacar a figuras públicas directamente, sino que deben someterse a líneas editoriales decididas, tras bastidores, por poderes diferentes al del periodismo ético y de calidad.

Muestra clara de esto son las afirmaciones de dos congresistas colombianos que apoyaron el artículo: César Lorduy, congresista del partido Cambio Radical, afirmó que el periodismo puede afectar a los familiares de los servidores públicos y enfatizó que los medios de comunicación actuales no son únicamente los tradicionales. Edward Rodríguez, congresista del Centro Democrático, el partido del gobierno, dijo que hay periodistas que “desafortunadamente utilizan los micrófonos para generar calumnias, y ojalá este Congreso entienda que ya va siendo hora de ponerles tatequieto”.

Uno de los roles centrales del periodismo dentro de cualquier sociedad es vigilar y fiscalizar el poder; actuar como auditor del Estado y sus servidores, que además se financian con dinero público. Por lo anterior, cuando se aprueban artículos como el que se aprobó en Colombia, aunque al final no prosperen, vale la pena reflexionar sobre el rol del Estado frente a la prensa libre.

Contra la censura

democracia Abierta habló con Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre lo sucedido con el artículo 68 en Colombia y la situación de la prensa en Latinoamérica.

Para Bock, la materialización del artículo se dió como consecuencia de dos años en los que se dieron situaciones específicas como las protestas masivas en Colombia que mostraron el enorme descontento de la sociedad con los políticos y la profunda crisis económica del país. Durante este período los medios alternativos e independientes fueron quienes se encargaron de informar pertinentemente a la ciudadanía. La FLIP contabilizó 300 ataques a periodistas en dos meses de manifestaciones de los cuales 65% fueron responsabilidad de la policía y de funcionarios de la fuerza pública.

Bock afirma que “fue durante esos meses que se creó una narrativa que estigmatiza a las nuevas voces periodísticas, a la pluralidad, a los medios ciudadanos alternativos e independientes”. Fruto de esa estigmatización, explica Bock, “Surgieron muchos mensajes estigmatizantes desde figuras de primer nivel nacional”. Un ejemplo es la campaña de ciberpatrullaje que fue creada por Diego Molano, ministro de defensa de Colombia, quien afirmó que se hizo la activación de una campaña digital "para responder ante varias noticias falsas que querían deslegitimar las actuaciones de la Fuerza Pública. Mencionamos que esos episodios no eran ciertos y se le estaba contando a la gente lo que de verdad era".

Meses después se confirmó que la campaña de Molano empezó con la simulación de un falso ataque a las páginas web de las entidades de la Fuerza Pública. La FLIP denunció esta activación y explicó que el problema de este tipo de acciones es que buscan vender la idea de que la información es el enemigo; noción que pone en peligro el rol esencial de la prensa: informar de la forma más clara y transparente a la ciudadanía sobre lo que sucede en el mundo.

Prensa silenciada

Aunque en Colombia una ley mordaza para la prensa finalmente no prosperó, hay países en Latinoamérica donde ejercer el periodismo llega a ser peligroso.

El ejemplo más reciente de operación para silenciar a la prensa es Nicaragua, país que pasó en 2020 una ley contra los ciberdelitos, con penas de hasta diez años de prisión. La ley permite perseguir crímenes cibernéticos como el hackeo, robo de identidad o espionaje informático. El problema es que también persigue a quienes, según el Estado, difundan información falsa. Llamada Ley Especial de Ciberdelitos, tiene, en teoría, el fin de proteger a la ciudadanía de los delitos cometidos a través de las tecnologías de la comunicación. Sin embargo, es una ley mordaza, ya que, siendo el mismo Estado el que decide qué es una noticia falsa y que no, le quita libertad a cualquier medio que haga parte de la oposición o que publique ideas contrarias a las del gobierno. A raíz de esta ley periodistas nicaragüenses han sido detenidos o han tenido que exiliarse para ejercer su trabajo y evitar la amenaza de poder pasar hasta 10 años en la cárcel.

Otro ejemplo de un país donde la prensa está bajo ataque es Perú. Es el caso de Ojo Público, medio peruano, al que en 2019 el Poder Judicial le embargó todos sus bienes por una querella planteada por un acusado de narcotráfico e investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) junto con el mayor financiador de Keiko Fujimori, candidata e hija del expresidente encarcelado. En 2016, la investigación del acusado fue clave para la derrota de Keiko y, tras conocerse la demanda, varias organizaciones periodísticas de Perú y de la región se pronunciaron contra lo que se consideró un ataque directo a la prensa libre en Perú.

Finalmente, el caso más evidente de ataques a la prensa es el de Venezuela. En 2021,la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los ataques contra medios y periodistas, y afirmaron que recibieron reportes sobre allanamientos a sedes de varios medios de comunicación. Así, cualquier periodista que hable en contra del régimen Maduro, corre peligro en Venezuela.

Aunque el intento de aprobar una ley mordaza de Colombia no prosperó, vale la pena reflexionar sobre cómo ven los estados a la prensa en Latinoamérica, una región con desigualdades sociales profundas y una crisis económica que se agudizó con la pandemia. Como dice Bock, director de la FLIP, “se creó un discurso de que se necesitan herramientas para controlar a los medios”. Pero en democracia, los medios necesitan ser libres e independientes, y si el Estado o los gobiernos buscan impedírselo, éstos deben usar su mejor arma: la información veraz, rigurosa y acertada.