La noche del 6 de diciembre la coalición del gobierno en la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el artículo 68 del Proyecto de Ley Anticorrupción. El artículo supone la creación de un nuevo delito: la injuria o calumnia contra funcionarios públicos. A esto se suma que dispone también la creación de una sanción: la cancelación de la personería jurídica de organizaciones comunitarias que injurien o calumnien a funcionarios e, incluso, ex funcionarios públicos.
Al día siguiente, 7 de diciembre, los colombianos reaccionaron de inmediato con indignación a la aprobación del artículo. Era la primera vez en diez años que en Colombia se aprobaba una norma tan regresiva en materia de libertad de expresión y censura directa a la prensa.
Siete días después, el 14 de diciembre, el artículo fue eliminado del proyecto de Ley Anticorrupción debido a la presión de los medios de comunicación y de la sociedad. Pero la aprobación del artículo es la muestra de un síntoma: que el Estado y los políticos le tienen pavor a la prensa y sienten, por ende, que el ejercicio periodístico debe limitarse. Esto, sin embargo, va en contra del periodismo libre y atenta directamente contra la democracia, y el derecho a la libre información de todos los ciudadanos, y es un intento claro de eximir al Estado y a sus funcionarios de la crítica y veeduría ciudadana.
