Los asesinatos de líderes sociales en Colombia han alcanzado su punto más alto en los últimos seis años, lo que sugiere que la violencia en las regiones más afectadas del país no se ha visto afectada por los planes de paz del actual gobierno.

A inicios de diciembre la Defensoría del Pueblo señaló a través de un comunicado de prensa que 199 líderes sociales han sido asesinados en lo corrido de 2022, la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Los asesinatos se concentraron en los departamentos de Antioquia, Nariño, Putumayo, Cauca y Arauca.

Además, Organizaciones como OCHA Colombia han registrado un aumento en otros indicadores, como el desplazamiento masivo y el confinamiento, que muestran que la violencia va en aumento en las principales zonas de conflicto del país.

Luego de la compleja época electoral y a pesar del cambio de gobierno en agosto, los enfrentamientos entre grupos armados y los ataques contra la población civil y los líderes sociales siguen ocurriendo. Según Indepaz, 61 líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro, es decir, desde el 7 de agosto de este año hasta la fecha.

Como consecuencia, este aumento de la violencia ha mantenido al alza las cifras de confinamiento y desplazamiento forzado en los departamentos más afectados: Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia.

Los ataques contra la fuerza pública en Cauca son los últimos hechos que indican una escalada general en la violencia en Colombia, incluso para los estándares del país, en un momento en el que el Gobierno Nacional se esfuerza por lograr la Paz Total, el proyecto bandera del gobierno con el que busca negociaciones o acogimientos a la justicia con una veintena de grupos criminales.

Análisis de InSight Crime

La violencia continua contra líderes y miembros de la comunidad en Colombia plantea preguntas sobre la preparación del gobierno colombiano en relación con su política de seguridad durante el período de negociaciones con grupos armados.

Los departamentos más afectados por el conflicto en Colombia han enfrentado niveles de violencia altos desde el principio de 2022 y coinciden con los departamentos con más asesinatos a líderes sociales y donde el conflicto entre grupos no ha permitido la posibilidad de cese al fuego.

Departamentos como Nariño y Cauca, son áreas de actividad bien conocidas para varios grupos armados, donde se reportan rutinariamente economías ilícitas como el cultivo de coca, el tráfico de cocaína y enfrentamientos entre bandas armadas por su control.

Nariño, el departamento fronterizo con Ecuador es el que más asesinatos a líderes sociales del país registra, 33, enfrenta una crisis humanitaria por desplazamientos masivos provocados por enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el territorio para controlar las rutas de narcotráfico.

En Cauca se registró un triple asesinato en donde murió un líder comunal del municipio de Cajibío y, días más tarde, seis personas fueron asesinadas en el municipio de Santander de Quilichao. Este departamento registra 25 asesinatos de líderes sociales.

Antioquia reporta 20 líderes sociales asesinados en 2022 y la población civil denunció combates entre disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o ex-FARC Mafia y los Urabeños o Clan del Golfo, también llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, confirmados por el Ejército colombiano.

Putumayo registró 20 líderes asesinados en este departamento donde también hay amenazas y hechos violentos en contra de la población civil y comunidades indígenas.

En Arauca 12 líderes sociales han sido asesinados. El pasado 20 de noviembre se registró una masacre en donde cuatro jóvenes fueron asesinados en una vía rural.

Ángela Olaya, cofundadora de la Fundación Conflict Responses (CORE), considera que las razones por las que la violencia en Colombia no cesa dependen de cada región, “no es lo mismo lo que está pasando en Cauca que lo que está pasando en Antioquia porque la violencia que se está dando involucra conflictos y actores criminales diferentes en cada región”.

La elección de un nuevo gobierno bajo el presidente Gustavo Petro llegó con la esperanza de una nueva situación de seguridad pública en el país, junto con su plan de Paz Total. Sin embargo, estos asesinatos parecen ilustrar la falta de una política clara para proteger a los civiles y líderes sociales en muchos de los departamentos históricamente más violentos del país mientras el gobierno negocia con los grupos armadas. Al igual que en las recientes elecciones en Colombia, los momentos de sensibilidad nacional a menudo son utilizados por actores armados que esperan forzar su influencia. Por otra parte, algunos grupos pueden estar tratando de aprovechar las negociaciones para afianzarse en ciertas economías delictivas.

Olaya enfatiza que los asesinatos de líderes sociales y el aumento de la violencia contra la población civil en Colombia se pueden explicar con la falta de una política de seguridad en el gobierno de Gustavo Petro. “A pesar de que el nuevo gobierno trabaja para lograr la Paz Total, esta no es una política de seguridad efectiva, es una negociación, es necesaria una estrategia definida para proteger a los líderes sociales en todo el país”.

Recientemente, el medio colombiano Semana informó sobre el intento del gobierno de establecer un pacto de no agresión con el ELN, y un acuerdo para que los militares no operen en las regiones de Bajo Calima, Valle del Cauca y Medio San Juan, Chocó.

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Este artículo apareció previamente en InSightCrime. Véalo aquí