Un adolescente armado con un fusil de asalto consiguió apagar salvajemente las vidas de 19 alumnos y dos maestras durante más de una hora, y eso en la región más militarizada del país más poderoso del mundo.

Cerca de allí, en las aguas y las orillas del río Bravo, igual número de seres humanos, incluidos niños pequeños, pierden la vida cada día, a menudo a la vista de esas mismas fuerzas militarizadas.

El 24 de mayo de 2022, un estudiante de secundaria del pueblito de Uvalde, Texas, cometió un crimen atroz. Teniendo en cuenta la media hora anterior, durante la cual el adolescente disparó a su abuela, se marchó en una camioneta y se estrelló contra un árbol, cruzó el recinto de la escuela primaria portando un rifle AR-15, y disparó, según el director del departamento de seguridad de Texas Steven McCraw, "más de 100 disparos" contra las ventanas de la escuela antes de acceder al edificio y luego al aula que diezmó, habían transcurrido al menos 90 minutos de delitos públicos antes de que 80 agentes de la CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) de Estados Unidos, de la BORTAC (Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza), fuertemente armados, intervinieran y lo mataran.

Uvalde se encuentra a 54 millas (87 km) del Río Bravo que separa Eagle Pass, Texas, de Piedras Negras, Coahuila, México. Con una población de 16.000 habitantes, Uvalde alberga un Walmart y un centro de detención de inmigrantes. Al menos el 80% de los habitantes contabilizados del pueblo son latinos, y la renta per cápita es inferior a 12.000 dólares estadounidenses al año. Según el Censo de EE.UU. de 2020, el 10% de los residentes nacieron en el extranjero, y el 70% de esas personas no son ciudadanos.

Uvalde es también local de "liberación de migrantes". La frontera de Piedras Negras-Eagle Pass es actualmente el principal punto de congregación de personas que huyen de la miseria en sus países de origen. Hondureños, haitianos y venezolanos caminan desde la frontera entre México y Guatemala, escapando de países que se disputan la mayor tasa de asesinatos del mundo, para cruzar el río que separa México de Estados Unidos. Honduras fue diezmada por huracanes consecutivos que batieron récords; Haití sigue paralizado por los monstruosos terremotos de 2021 y 2010, y la asombrosa deuda impuesta por Francia y Estados Unidos durante un siglo.

En 2019, la Patrulla Fronteriza anunció que comenzaría a liberar a 25 migrantes al día en Uvalde debido al hacinamiento en los centros de detención de inmigrantes en Eagle Pass, y a partir de marzo de 2022, el número es de 150. El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, del partido conservador, que fue elegido sin oposición en 2014 y reelegido por un puñado de votos desde entonces, paga los autobuses a San Antonio con cargo a las arcas del pueblo y del condado.

McLaughlin es el polémico político que gritó "Hijo de puta enfermo" a Beto O'Rourke durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, tras la masacre en la escuela. Tras ser desalojado de la sala por interrumpir el encuentro, O'Rourke, el aspirante demócrata al republicano Abbott en las próximas elecciones a gobernador, denunció la falta de financiación en Texas para la sanidad, así como las permisivas leyes de armas del estado.

Pero no es sólo la sanidad lo que Texas se niega a pagar. Las escuelas por todo los Estados Unidos se financian con los impuestos inmobiliarios, que no son elevados en un pueblo como Uvalde. Y esos escasos fondos también se estiran para pagar el mínimo cuerpo de policía escolar de Uvalde, que sólo cuenta con seis agentes. El jefe de esos agentes está siendo vilipendiado ahora por su titubeante respuesta a la masacre.

Además, Texas es uno de los principales defensores del programa federal 287(g) del DHS (Departamento de Seguridad Nacional), que obliga a la policía local a cooperar y apoyar la labor del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), la parte del DHS que persigue y captura a migrantes no documentados. El programa cuesta a las localidades decenas de millones de dólares al año. Uvalde no es signataria del programa, pero su pequeña fuerza policial se ve empequeñecida por la presencia del CPB, otra rama del DHS.

El 1 de mayo, los reporteros de Fox News fueron testigos del ahogamiento de Calixto Rojas, de 53 años, de Nicaragua, otro país que ha sufrido por los recientes huracanes; transmitieron las imágenes en su cadena. El 13 de mayo, el Instituto Nacional de Migración de México dice que el país ha recuperado 19 cuerpos sin vida en el río. Kevin Blass Cardoza, que se ahogó el 19 de mayo, no estaba en ese recuento. El 21 de mayo, las autoridades de Piedras Negras sacaron del río el cuerpo de un hombre que vestía pantalones de mezclilla y playera verde a rayas.

Hace tres días, el 26 de mayo, una mujer y tres niños, de 4, 12 y 16 años, se ahogaron cuando intentaban cruzar el río con otros tres adultos. Todos ellos hondureños. Durante el fin de semana del 28 y 29 de mayo, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. encontró a otras 11 personas que habían muerto ahogadas y deshidratadas el sábado, y a otra persona que había corrido la misma suerte el domingo.