Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua importan – y mucho. Si no lo fueran, el presidente Daniel Ortega no estaría atrayendo la atención mundial en las últimas semanas por sus reformas electorales y sus ataques a los medios no oficialistas, que la oposición y países del Norte Global interpretan como maniobras autoritarias para impedir que sean unos comicios libres y justos.

A fin de año, los nicaragüenses acudirán a las urnas para votar los cargos de presidente y vicepresidente, actualmente ocupados por Ortega y su mujer, Rosario Murillo. La semana pasada, el gobierno anunció que abriría una investigación por lavado de dinero en contra de la candidata presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, un proceso judicial que opositores afirman que esconde una persecución política para despejar el camino para que Ortega gane un cuarto mandato. Las investigaciones también incluyen a periodistas.

Con apenas el 24% de apoyo popular, según encuestas del 2020, el sandinista se ve amenazado. A principios de mes, Ortega, que asumió la presidencia por segunda vez en el 2007 (su primer mandato se extendió desde el 16 de junio de 1979 al 25 de abril de 1990), aprobó una reforma electoral que dificulta la participación de la oposición, además de entregar el control sobre las campañas políticas a la policía nacional.

El mes anterior, ya había impuesto un obstáculo democrático a través de la Asamblea Nacional que él controla, cuando los diputados nombraron a 10 magistrados leales al presidente al Tribunal Electoral, una maniobra que la oposición afirma que trata de “consumar un nuevo fraude en las elecciones presidenciales y parlamentarias”. Esto demuestra hasta qué punto Ortega mostró está preocupado por las elecciones.

El Norte Global rechaza las maniobras de Ortega

Ambas reformas dan “claramente una ventaja absoluta al partido oficial”, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lidera Ortega, dijo la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por medio de comunicado, la Unión Europea declaró que tanto la reforma electoral como el nombramiento de magistrados allegados al presidente, casi todos sandinistas, “no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y las recientes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos”.

El gobierno de Estados Unidos, a través de Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, declaró que “el país y la comunidad internacional están alarmados por la decisión del gobierno de Ortega de ignorar el llamado del pueblo de Nicaragua de hacer reformas electorales significativas. El apoyo a la democracia significa realizar elecciones libres y justas”.

La oposición nacional también se ha manifestado, incluidos la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Unidad Nacional Azul y Blanco y Alianza Ciudadana. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también denunció la reforma, afirmando que “atropella los derechos constitucionales y consolida las estructuras para continuar con la carrera de fraudes electorales que ha caracterizado al régimen Ortega Murillo”.

Para apoyadores de los sandinistas, por otro lado, la atención generada y el fuerte rechazo internacional demuestra que la presencia de un gobierno pro América Latina en Centroamérica es contrario a las intenciones de los Estados Unidos para la región, quien estaría intentando llevar a cabo un “golpe suave” para apartar a Ortega del poder.

Fuerte apoyo de FSNL y oposición fragmentada

A pesar de la caída en el apoyo popular a Ortega en años recientes, motivadas por las movilizaciones brutalmente reprimidas y sangrientas del 2018 y acentuada por su manejo de la pandemia de Covid-19, su partido mantiene amplia superioridad en las encuestas. Según una encuesta preelectoral conducida por M&R Consultores, el FSNL podría tener hasta el 71.6% de los votos en las elecciones del 2021. Ya la oposición combinada alcanzaría un máximo de 23.1%.

En el 2020, según una encuesta Cid Gallup publicada por Voz de América, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia contaba con apenas 1% de aprobación popular, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que ya ha gobernado al país el 3% y la Unidad Azul y Blanco el 5%.

No obstante, el ex guerrillero y ex aliado del FSLN Hugo Torres dijo a Voz de América que muchos nicaragüenses pueden haber respondido las encuestas favorablemente al FSLN por miedo a represalias. “Yo creo que la base del orteguismo se ha venido erosionando a partir de los últimos años, sobre todo a partir de abril de 2018 cuando se dio la masacre contra los manifestantes,” dijo.

De todas formas, la fragmentación de la oposición también es clave para la división política en Nicaragua. Según la misma encuesta, 64% de la población se declaró “indecisa” o “sin partido”. Para José Pallais, miembro de Alianza Cívica, la oposición necesita unirse para capturar los votos de la población insatisfecha con ambos campos. “Tenemos que movilizar a ese 60% que se considera independiente. La población no quiere más división,” dijo Pallais a Voz de América.

La batalla de la información también es clave para que se den una elecciones verdaderamente justas y libres en Nicaragua. Sin embargo, los recientes ataques de Ortega a la libertad de expresión y a los medios independientes ha sido calificada como una ola represiva sin precedentes. El periodista Carlos Chamorro, director del digital independiente Confidencial, recientemente galardonado con el prestigioso premio Ortega y Gasset de periodismo 2021, denunció el asalto policial contra Confidencial y Esta Semana el pasado día 20 de mayo, para cerrar por segunda vez este medio de comunicación independiente. “Nuevamente, no hay una orden judicial u otra justificación que no sea la desesperación de Ortega por aplastar la libertad para cerrar un medio independiente” dijo Chamorro.

Con más de 120 presos políticos, el asedio policial que mantiene en sus casas a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios candidatos opositores, la represión de la libertad de prensa,el procesamiento judicial de opositores y los ataques a la independencia del poder judicial, el régimen de Ortega muestra hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder.

En estas condiciones, los nicaragüenses no tendrán la oportunidad de realmente demostrar sus preferencias políticas en las elecciones de noviembre. Mucho tienen que cambiar las cosas en los seis meses que quedan hasta la convocatoria para que Nicaragua recupere el ejercicio de la democracia y de la justicia en libertad que el tándem Ortega-Murillo le ha arrebatado al país.