Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua importan – y mucho. Si no lo fueran, el presidente Daniel Ortega no estaría atrayendo la atención mundial en las últimas semanas por sus reformas electorales y sus ataques a los medios no oficialistas, que la oposición y países del Norte Global interpretan como maniobras autoritarias para impedir que sean unos comicios libres y justos.
A fin de año, los nicaragüenses acudirán a las urnas para votar los cargos de presidente y vicepresidente, actualmente ocupados por Ortega y su mujer, Rosario Murillo. La semana pasada, el gobierno anunció que abriría una investigación por lavado de dinero en contra de la candidata presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, un proceso judicial que opositores afirman que esconde una persecución política para despejar el camino para que Ortega gane un cuarto mandato. Las investigaciones también incluyen a periodistas.
Con apenas el 24% de apoyo popular, según encuestas del 2020, el sandinista se ve amenazado. A principios de mes, Ortega, que asumió la presidencia por segunda vez en el 2007 (su primer mandato se extendió desde el 16 de junio de 1979 al 25 de abril de 1990), aprobó una reforma electoral que dificulta la participación de la oposición, además de entregar el control sobre las campañas políticas a la policía nacional.
