El 13 de diciembre de 2021 se cumplieron 30 años de la firma del Protocolo de Tegucigalpa, por medio del cual se formalizó la creación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Este esquema multilateral ha sido reconocido en repetidas ocasiones por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena, como el proceso de integración subregional más avanzado de América Latina, por su resiliencia y su enorme andamiaje de instituciones, políticas y estrategias, que abordan un ámbito muy amplio de problemáticas sociales, económicas, políticas y ambientales.

Además del papel protagónico del SICA para responder de forma multilateral a los problemas políticos y las necesidades económicas de los países centroamericanos en las últimas décadas, es fundamental reconocer, como lo ha hecho la propia Secretaria Bárcena, que la institucionalidad del SICA respondió de manera ejemplar al inicio de la pandemia de Covid-19 a los retos que ésta implicó, particularmente en términos de facilitación del comercio, a través del Mercado Común Centroamericano.

Dicho esto, poco más de año y medio después del comienzo de la pandemia, este avance no ha mostrado ser sostenible. Al contrario, pareciera que este impulso se ha encontrado con un estancamiento que demuestra que la tendencia global de debilitamiento de los proyectos multilaterales también se ha hecho visible en el Istmo Centroamericano.

El fortalecimiento de la integración subregional

Durante la década de 1980, el multilateralismo centroamericano demostró su capacidad de aportar soluciones a la crisis regional que se vivía a raíz de los conflictos armados internos. En efecto, fue a través de los diálogos de Esquipulas I y II y de la reactivación de las instituciones regionales que se logró encaminar a los Estados centroamericanos hacia la pacificación de la región durante los años 1990. Este proceso gozó del apoyo de diversos socios latinoamericanos y europeos, sin los cuales no hubiese sido posible sentar las bases para el arranque de los procesos de negociación internos, lo cual es muestra de la importancia del diálogo multilateral para aportar soluciones viables a una crisis regional.

El impulso de la globalización parecía inaugurar una época de prosperidad que se traducía, además, en una extensión de los principios democráticos fundamentales y del fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, la justicia y la seguridad democrática. En el caso centroamericano, esto se hizo visible en la reactivación del proceso de integración regional, a partir de los años 1990, por medio de los Protocolos de Tegucigalpa, el Tratado Marco de Seguridad Democrática y la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES).

Este avance significativo, que tuvo un gran dinamismo durante la primera década de los años 2000, ha sido puesto en jaque por los complejos problemas estructurales que enfrenta la región y la profundización de algunas de las crisis que viven los países centroamericanos en la actualidad. Entre éstas destacan la crisis de los migrantes, la crisis sanitaria como consecuencia de la Covid-19, además del rompimiento del diálogo inter-presidencial, que se da en un momento en el cual los países demuestran que la tan frágil democracia, construida desde finales de los años 1980, enfrenta derivas autoritarias, particularmente en los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Igualmente, en la región se ha profundizado una tendencia observable alrededor del mundo de repliegue nacionalista, que paraliza los esquemas multilaterales a favor de los intereses nacionales.

En efecto, la Covid-19 ha puesto al desnudo las debilidades de un sistema multilateral que, desde finales de la Guerra Fría, parecía no ser cuestionado. Esto se ha manifestado claramente en la mayoría de las respuestas de las grandes potencias a la pandemia de la Covid-19, que han favorecido estrategias enfocadas en la resolución de la crisis sanitaria a nivel nacional, por encima de una estrategia global apoyada por las instituciones internacionales. Muestra de ello es la política de acaparar vacunas por parte de los países con mejores condiciones económicas, en detrimento de los Estados con economías más frágiles.

En este, como en otros casos de problemas transnacionales a los cuales se enfrentan todos los Estados del mundo, las respuestas individuales resultan ineficaces para resolver las crisis puntuales. En realidad, requieren de una profundización de los esquemas multilaterales. En resumen, para abordar los problemas actuales, se requiere más y mejor multilateralismo en el mundo y, en particular, en la región centroamericana.

Migración y coronavirus

Uno de los ejemplos más claros de esto, lo encontramos en el reto que los centroamericanos tienen en términos de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, temática que actualmente representa el mayor desafío de política exterior en la región, especialmente para los países del Triángulo del Norte. Ello, a razón del creciente volumen de personas que migran hacia Estados Unidos por diversos motivos, entre los cuales destacan la pobreza, que se ha agudizado en países como Guatemala y Honduras, y la violencia relacionada con el narcotráfico y las pandillas.

A la fecha, este fenómeno ha sido caracterizado por organismos internacionales, entre ellos la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), como una crisis humanitaria, en razón de las graves violaciones a los derechos humanos que viven los migrantes centroamericanos en su travesía para llegar a su destino, principalmente los Estados Unidos. Ya en 2014, ante una oleada sin precedentes de migrantes menores de edad no acompañados que llegaron a la frontera sur estadounidense provenientes de Centroamérica, las Naciones Unidas alertaron sobre una serie de problemas que enfrentaba la niñez en la región: discriminación, violación de los derechos humanos básicos, exclusión social, privación de oportunidades en materia de educación y empleo y la falta de un aparato público capaz de darles el sustento básico en términos de salud pública e, incluso, de seguridad alimentaria.

Frente a una crisis de esta magnitud, la respuesta de los Estados centroamericanos se ha enfocado en la construcción de una agenda migratoria enfocada en la vertiente de seguridad, que ha puesto en un segundo plano la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. A nivel del SICA, y pese a los esfuerzos realizados durante la última década, no se ha logrado construir una estrategia regional que lidie con los problemas de la movilidad regional, ni una posición conjunta a nivel regional para la protección de los ciudadanos centroamericanos que migran.

Esto hubiera podido evitar, por ejemplo, las presiones externas que ejerció Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, que llevó a que los países suscribieran, de manera bilateral, acuerdos de “tercer país seguro”. Esta imposición ha dejado a los países centroamericanos en una situación delicada, ya que ninguno de los tres países del Triángulo del Norte tiene las posibilidades de asegurar que las personas retornadas cuenten con condiciones básicas para su desarrollo en su territorio.

A ello se añade el impacto de la pandemia de Covid-19, que ha azotado de manera particularmente fuerte a los países centroamericanos. Salvo los casos de Costa Rica y El Salvador, el Istmo cuenta con cifras de vacunación poco alentadoras que oscilan entre el 5% y el 24% de la población en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El multilateralismo, una alternativa necesaria

En suma, las instituciones centroamericanas encargadas de asegurar la profundización de las estrategias multilaterales no han logrado sacar a los Estados de la región de una tradición altamente soberanista, que tiene una tendencia a favorecer los intereses nacionales por encima de las estrategias regionales que apuntan a asegurar mecanismos de respuesta a corto y mediano plazo a las crisis regionales. Dicha tendencia se ha intensificado actualmente a raíz del rompimiento del diálogo regional, cuya manifestación más clara es la incapacidad de encontrar un consenso para el nombramiento del próximo secretario general del SICA. En consecuencia, la capacidad del Sistema de profundizar en las políticas regionales desarrolladas durante la década de los años 2000 se ve fuertemente debilitada.

Sin embargo, así como la crisis de los años 1980 representó una oportunidad para el relanzamiento de un multilateralismo robusto, será a través del replanteamiento del funcionamiento del SICA, sus objetivos y mecanismos que se logrará aportar soluciones a los retos actuales. Entre ellos, destaca la necesidad de un enfoque más claro en la resolución de los problemas estructurales fundamentales de la sociedad centroamericana, que se cristalizan en las necesidades básicas de la ciudadanía en términos de protección social, condiciones básicas de salud, soberanía alimentaria y educación.

Por ello, la reactivación del diálogo regional en torno a propuestas concretas para responder de forma multilateral a las crisis inmediatas que vive la región, puede darle un nuevo aliento a la acción colectiva regional para resolver las problemáticas urgentes que minan las oportunidades de desarrollo del pueblo centroamericano. Una de ellas fue la propuesta formulada por el presidente de Costa Rica, a principios de la pandemia, para negociar de forma conjunta el acceso a las vacunas. Esta estrategia fue abandonada a favor de negociaciones bilaterales de cada uno de los países, lo cual ha demostrado ser una estrategia poco eficaz para la población centroamericana. Sin embargo, retomarla a través de una plataforma institucional regional puede representar una oportunidad para fortalecer el diálogo multilateral.

Por otro lado, la construcción de posiciones de política exterior conjuntas con relación a la problemática migratoria, con el apoyo de instituciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el SICA, enfocadas en una agenda de derechos humanos, puede aportar soluciones a corto plazo para la protección de las poblaciones migrantes. Esto permitiría a los Estados de la región abordar esta temática urgente, mientras los Estados centroamericanos construyen las condiciones necesarias para asegurarle a la ciudadanía las condiciones básicas para que no vea en la migración la única alternativa para su supervivencia.

Estos retos no pueden ser asumidos de manera individual por los Estados, ya que tanto los problemas de gobernanza regional de la salud, como la amenaza que representan los actores extraestatales a los derechos de la ciudadanía centroamericana, obligan a las cancillerías a profundizar esquemas de cooperación robustos. El andamiaje institucional centroamericano es una plataforma que debe ser revitalizada para alcanzar estos objetivos.

Este es el cuarto artículo del e-book Tejiendo Lazos: El Futuro del Multilateralismo en América Latina publicado por democraciaAbierta