El pasado mes de marzo, el gobierno de Nayib Bukele, ante el aumento de la violencia en todo el país, instauró el régimen de excepción en El Salvador. Desde entonces, las pandillas han reaccionado con aún más violencia y la actuación represiva del ejército y la policía no tiene límites.

En un reportaje firmado por El País de España, Eva, una mujer que vive en La Montreal, uno de los barrios cooptados por la Mara Salvatrucha (MS-13), explica que si bien el miedo a las pandillas ha disminuido, la policía y el ejército salvadoreños tienen carta blanca y los uniformados deciden quién va a la cárcel dependiendo de si les cae mal o bien. "Se han vuelto otra pandilla" dice Eva.

Aunque hay quienes celebran la mano dura de Bukele con las pandillas, la medida ha afectado a más de 3.100 personas. Según la organización humanitaria Cristosal, desde que se anunció este régimen de excepción han recibido 3.056 denuncias que hablan de 3.181 personas cuyos derechos han sido violados debido a la ola de violencia entre los militares y las maras. Así mismo, Cristosal afirma que de esas 3.181 personas el 59% son jóvenes entre los 18 y 30 años; 55 casos son de personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ, y el 97,3% de las denuncias son por detenciones arbitrarias.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), afirma que, a diciembre 12 de 2022, hay más 7.400 denuncias por violaciones a los derechos humanos en El Salvador debido al régimen de excepción. Lo que muestran las cifras es que la política que Bukele vendió y sigue vendiendo como la solución absoluta, es solo otro mal que se suma a la historia de violencia del país centroamericano.

El miércoles 14 de diciembre la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la novena prórroga del régimen de excepción, que lo amplía por 30 días. Con esta decisión el país terminará 2022 bajo esta medida, que suspende varios derechos constitucionales de los salvadoreños.

A finales de octubre, el gobierno Bukele se negó a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió explicaciones debido a las denuncias de muertes de detenidos, tortura y detenciones arbitrarias.

Como eco a esta petición, el 9 de diciembre la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos Tutela Legal María Juliana Hernández mandó a la CIDH más de 23 casos en lo que demuestra que ha habido detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.

La organización señala, además, que en los ocho meses del régimen de excepción ninguno de los casos ha tenido una respuesta efectiva y que los pocos que han sido tomados en cuenta han sido declarados como improcedentes. Tutela Legal, junto a otras tres organizaciones, denunció en septiembre al Estado de El Salvador ante la CIDH por la detención arbitraria de al menos 151 personas en lo que va de la medida gubernamental de excepción.

A estas acciones se sumó la voz de la organización Human Rights Watch (HRW), que recomendó al presidente Bukele terminar el régimen de excepción. La respuesta del presidente salvadoreño fue un simple "no". La recomendación hace parte del informe Podemos detener a quien queramos, que muestra las conclusiones de HRW y Cristosal durante los ahora más de nueve meses de vigencia del régimen de excepción.

El informe explica que Bukele decidió imponer el régimen después de que el 24 y 25 de marzo de 2022 El Salvador registró 92 homicidios presuntamente cometidos por pandillas; una cifra enorme que recuerda que el país sigue sumido en una violencia de décadas.

Como eco a esta petición, el 9 de diciembre la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos Tutela Legal María Juliana Hernández mandó a la CIDH más de 23 casos en lo que demuestra que ha habido detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.

La organización señala, además, que en los ocho meses del régimen de excepción ninguno de los casos ha tenido una respuesta efectiva y que los pocos que han sido tomados en cuenta han sido declarados como improcedentes. Tutela Legal, junto a otras tres organizaciones, denunció en septiembre al Estado de El Salvador ante la CIDH por la detención arbitraria de al menos 151 personas en lo que va de la medida gubernamental de excepción.

A estas acciones se sumó la voz de la organización Human Rights Watch (HRW), que recomendó al presidente Bukele terminar el régimen de excepción. La respuesta del presidente salvadoreño fue un simple "no". La recomendación hace parte del informe Podemos detener a quien queramos, que muestra las conclusiones de HRW y Cristosal durante los ahora más de nueve meses de vigencia del régimen de excepción.

El informe explica que Bukele decidió imponer el régimen después de que el 24 y 25 de marzo de 2022 El Salvador registró 92 homicidios presuntamente cometidos por pandillas; una cifra enorme que recuerda que el país sigue sumido en una violencia de décadas.

Inicialmente, el régimen se estableció por 30 días y suspendió los siguientes derechos constitucionales: derechos de libertad de asociación y reunión, de privacidad en las comunicaciones y a ser informados sobre el motivo de una detención, así como el requisito de presentar a cualquier persona detenida ante un juez dentro de las 72 horas posteriores a su detención.

En ese momento la Asamblea, que está controlada por el partido de Bukele, aprobó un paquete de reformas legislativas que violan garantías básicas del debido proceso y que permiten, por ejemplo, que se encarcele a niños desde los 12 años. Un informe de WOLA (Washington Office for Latin America) afirma que “el poder ejecutivo ha utilizado a las fuerzas de seguridad del Estado para implementar una política contra la violencia desde la represión, persecución y estigmatización en contra de la población; agravando con ello la crisis de gobernabilidad democrática y de derechos humanos que atraviesa el país”.

WOLA habla también de “populismo punitivo” que se refleja en un 86% de popularidad según una encuesta reciente de CID Gallup, y señala que el estado de excepción permite “evadir procedimientos y filtros legales para el manejo de fondos públicos y ejecución presupuestaria” lo que alimenta una corrupción creciente.

Desde que se impuso el régimen de excepción, los policías y los militares han llevado a cabo cientos de operativos, especialmente en comunidades de escasos recursos; han detenido a más de 58.000 personas, incluidos 1.600 niños de manera que puede afirmarse que la persecución y represión no han sido acciones aisladas o puntuales, sino que forman una estrategia que estigmatiza a todo un sector de la población de manera sistemática.

Queda claro, con la nueva ampliación de la medida que Bukele, quien en septiembre modificó la ley que le impedía presentarse a la reelección, quiere imponer su visión autoritaria del orden a la fuerza; y que quienes están y seguirán pagando